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Aplicación del derecho al agua en la economía verde

Marzo 22, 2012
Demonstration at the alternative water forum
Activistas en defensa del justo acceso al agua, incluidos los sindicatos de la ISP, han presionado con éxito por que el derecho humano al agua y al saneamiento sea un tema prioritario en las organizaciones mundiales. La Resolución 64/292 de 2010, adoptada por la Asamblea General de la ONU, ha establecido la norma de obligaciones de los gobiernos en cuanto a la garantía de acceso universal al agua. En muchas campañas nacionales se insiste en que los gobiernos adopten el derecho al agua y apliquen ese derecho de acceso universal al agua y al saneamiento. Los sindicatos están colaborando con una amplia gama de aliados en el ámbito mundial, regional, nacional y local.

A pesar del progreso logrado, hay países y grupos de interés que promueven un criterio de mercado.

  • El Foro Mundial del Agua, convocado en Marsella en marzo de 2012, mantuvo su orientación al mercado, con el apoyo de bancos de desarrollo y donantes nacionales, con miras a la conferencia de Rio+20.
  • La Cumbre de la Tierra (Rio+20), que tendrá lugar en junio de 2012, puede fortalecer el dominio de las empresas bajo la Economía Verde, recurriendo a mecanismos como el comercio en servicios de ecosistemas1.   
  • La falta de voluntad política en las negociaciones sobre el clima, da cabida a “soluciones” basadas en el mercado.
  • La OMC procurará extender el comercio de servicios al agua y al saneamiento, bajo el epígrafe de “servicios medioambientales”, y lo mismo harán los acuerdos comerciales bilaterales y regionales.

El movimiento por la justicia en el acceso al agua está contraatacando; las redes que hemos establecido a lo largo de los últimos años ya nos permiten movilizarnos contra estas ofensivas. Los/as trabajadores/as y los sindicatos son conscientes de su deber de defender la justicia social en materia de acceso al agua; haremos todo lo que podamos para que se garantice el acceso universal al agua salubre y al saneamiento de calidad, a través de servicios que respeten los derechos laborales.


Estos son algunos de nuestros cometidos:

  • La ISP colaborará con la CSI, diversas ONG y otras entidades en la preparación de la Cumbre de Rio+20, para garantizar que el agua y el saneamiento y otros servicios públicos esenciales sean bien defendidos, y que nuestras afiliadas comprendan las falsas promesas hechas bajo el paradigma de Economía Verde2.   
  • La ISP apoyará el trabajo nacional por la aplicación del derecho al agua, incluida la cooperación entre entidades públicas y entre públicas y comunitarias; finanzas públicas e imposición fiscal, y cooperación entre el personal y la administración de las entidades.
  • La ISP apoyará el recurso cada vez más frecuente de los plebiscitos (como en Italia, Uruguay, Colombia, etc.) como medio de obligar a los funcionarios elegidos a respetar la voluntad de la población y contrarrestar el lobby de empresas cada vez mayor en nuestros sectores y nuestras instituciones públicas.  Así por ejemplo, los miembros de la FSESP desplegarán una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), de recolección de un millón de firmas a partir de abril de 20123.
  • La ISP se esforzará por obstruir el libre comercio de servicios públicos bajo la OMC. Seguiremos resistiendo a las negociaciones comerciales bilaterales que tienen lugar fuera del sistema de la OMC, pero que constituyen amenazas semejantes.
  • La ISP seguirá apoyando a nuestras afiliadas surcoreanas en su lucha por el reconocimiento de sus derechos fundamentales. Nos oponemos a la asignación del 7o Foro del Agua al gobierno de Corea del Sur, que reprime los derechos de los trabajadores/-as, silencia a la sociedad civil y apoya una orientación de mercado para la Economía Verde.
  • Nos uniremos al movimiento por el justo acceso al agua, exigiendo que la ONU convoque una cumbre mundial sobre el derecho al agua. El foro comercial del agua no es un lugar adecuado para negociaciones ministeriales ni para la determinación de política. La ONU debe apartar de sus pasillos y oficinas al lobby cada vez mayor de las empresas.


(1)  El concepto de Economía Verde sigue siendo controvertido y poco claro. Muchas personas ven los intentos de empresas por imponer una dinámica de mercado valorando, pagando y comerciando en servicios de ecosistemas, incluidos los de agua. Los gobiernos deben asegurar la durabilidad social y medioambiental, entre otros medios con Empleo Digno y una Transición Justa a los empleos verdes, medidas exigibles de protección del medio ambiente, y mayor participación en los procesos decisorios. La ISP apoya la adopción de las propuestas de Fundamento de Protección Social e Impuesto sobre Transacciones Financieras.  http://www.ituc-csi.org/rio-20.html

(2)  Esta semana, durante las negociaciones de la ONU en Nueva York, Dinamarca (en calidad de presidencia de la UE), el Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda están tratando de excluir el Derecho al Agua de la Cumbre de la Tierra. Activistas por la Justicia de Acceso al Agua están dirigiendo movilizaciones contra ese intento, y los países del G77 los apoyan.

(3) La ICE de la FSESP recomienda que el agua y el saneamiento sean excluidos de la normas del mercado interior de la Union Europea, que la UE ponga fin a la liberalización de los servicios de agua y sanitación,  y que los gobiernos garanticen un acceso universal verdadero. http://www.right2water.eu/

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