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Agua y saneamento - más información

Disponer de agua potable, sin riesgos de contaminación y enfermedades, es algo totalmente natural en nuestra vida diaria. Para miles de millones de personas, sin embargo, es algo inalcanzable.

Es cierto que ha habido ciertos avances simbólicos a nivel internacional. En julio de 2010, una resolución aprobada por Naciones Unidas declaraba que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho básico del ser humano. Pocos meses después, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobaba una resolución similar. Ambas destacan la importancia del acceso universal. Ahora, es necesario actuar a nivel nacional y local para llevar todo esto a la práctica, así como establecer un nuevo compromiso en materia de servicios públicos de abastecimiento y saneamiento de agua.

Los 30 años de experimentos con la privatización han sido un sonoro fracaso. Multiplicación de beneficios, competencia, capital e innovación privados no son precisamente los instrumentos que permitirán el acceso universal. Es cierto que el sector privado tiene su parte de papel que desempeñar, como distribuidor de productos y servicios a las redes públicas, pero la fascinación por la gestión privada y los contratos de concesión ha beneficiado principalmente a los accionistas, en lugar de a quienes realmente necesitan el agua.

La ISP y las afiliadas de todo el mundo se resisten con todas sus fuerzas a la tentación de la privatización. La ISP lleva el argumento del fracaso de la privatización a cada reunión de las propias entidades privadas, incluyendo los bancos de desarrollo, la OCDE, el Foro Mundial del Agua y otros muchos lugares de actuación.

La respuesta inevitable a la pregunta de la garantía del acceso universal está en el sector público. La ISP está movilizando a sus afiliadas y aliados para defender las políticas adecuadas. También trabajamos con ONG, con las entidades responsables de los servicios públicos y los mandatarios públicos, para hallar nuevas formas de mejorar el rendimiento de dichos servicios.

Así, por ejemplo, la ISP aboga por modos de colaboración público-pública y la estrecha vinculación con los servicios públicos. No es tarea fácil, pero ha demostrado sus virtudes en un buen número de países. Si bien es cierto que hemos logrado dar más relieve a esta opción política, sobre todo en el ámbito internacional, esta necesita muchos más expertos y abogados a niveles local y nacional para superar la previsible oposición que plantearán las poderosas e influyentes corporaciones multinacionales.

Las afiliadas a la ISP deberán movilizar a sus miembros y llegar a los grupos comunitarios para estar en condiciones de crear la presión política necesaria para contrarrestar los intereses personales de las entidades privadas.