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Sindicatos y activistas de todo el mundo boicotean la consulta sobre asociaciones público privadas (APP)

28 Febrero 2017
El boicot se inició cuando el Banco Mundial hizo oídos sordos a las reiteradas peticiones para que dejara de promover APP que ocultan deudas peligrosas. La mayor parte de los gobiernos excluyen los costes de sus libros de contabilidad lo que puede generar una deuda enorme (con consecuencias negativas sobre todo para los países más pobres).

Sindicatos y activistas de todo el mundo están boicoteando la consulta del Banco Mundial sobre APP que finaliza mañana (28 de febrero).

Las investigaciones demuestran que las APP (es decir, los acuerdos entre el sector público y el privado para proporcionar infraestructuras y servicios que normalmente proporcionan los estados) constituyen un riesgo, resultan onerosas e incluyen muchos costes ocultos. A día de hoy, la mayor parte de los gobiernos omite información sobre futuras deudas o pasivos contingentes en sus libros de contabilidad lo que hace que las APP parezcan más baratas y eficientes que la contratación pública tradicional.

Sindicatos y activistas de todo el mundo lazaron este boicot después de que el Banco Mundial ignorara en reiteradas ocasiones sus preocupaciones con respecto a estos costes ocultos. El Banco Mundial es una de las principales instituciones que promueve y ayuda a establecer APP en algunos de los países más pobres del mundo. Las organizaciones han dicho que no van a participar en consultas públicas hasta que el Banco Mundial pida explícitamente a los países que únicamente se planteen optar por APP cuando se informe de la totalidad de sus costes y pasivos contingentes en los balances, y siempre y cuando se registren como deuda de los gobiernos. Asimismo, deberían analizarse de antemano los costes previstos y el impacto de las APP y compararlos con otras opciones para proporcionar los servicios públicos.

«Los servicios públicos constituyen pozos masivos de potenciales beneficios empresariales, y las APPs sirven para acceder a ellos. Los «clientes» son cautivos, los servicios suelen ser monopolizados», comenta David Boys, Secretario General Adjunto de la ISP. “Los numerosos casos analizados demuestran que las APP no lograron cumplir aquello que prometían. En la mayoría de los casos, las APP son una forma cara e ineficiente de financiar las infraestructuras y los servicios, porque ocultan los préstamos públicos que reciben y ofrecen garantías del Estado a largo plazo a cambio de beneficios para las compañías privadas."

De acuerdo con María José Romero, Responsable de Políticas e Incidencia de la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo (Eurodad): "Nosotros no nos oponemos a que el sector privado participe en los proyectos de desarrollo sino a los proyectos costosos y repletos de riesgos que se planifican a puerta cerrada lejos del escrutinio público y que implican que el sector público cargue con la mayor parte del riesgo financiero. Este es el caso de las APP en demasiadas ocasiones.”

"Queremos que todos los costes se recojan dentro de los balances, incluyendo las deudas a futuro, y reclamamos una transparencia absoluta a la hora de negociar y renegociar los contratos. De no ser así, el sector privado se embolsará todos los beneficios mientras que el público sufrirá cada vez que los costes se disparen y los gobiernos se vean obligados a asumir la factura."

Más de 75 sindicatos y ONG de cuatro continentes han firmado una carta dirigida al Banco Mundial en la que explican las razones para este boicot y le exigen que cambie la situación.

Las APP que han generado enormes deudas para los gobiernos de los países en desarrollo incluyen:

Lesoto: De acuerdo con un estudio de Oxfam, el hospital Queen Mamohato Memorial de Lesoto, que recibe financiación y ayuda del Banco Mundial, sirve para ilustrar en qué medida un proyecto de APP puede generar problemas. Este proyecto compromete al gobierno hasta 2027 y absorbe más de la mitad del presupuesto sanitario del país, mientras que genera un retorno del 25% para el proveedor del sector privado. Eso ha desviado financiación dirigida a hospitales de zonas rurales, donde viven tres cuartas partes de la población. Véase: https://www.oxfam.org/en/research/dangerous-diversion

Ghana: Según una investigación de la Jubilee Debt Campaign, la planta energética Takoradi 2 ha firmado un acuerdo a 25 años que obliga al gobierno a garantizarle un pago mínimo que aumentará conforme se incrementen los costes del combustible. Además, este pago está denominado en dólares y no en cedis. A principios del contrato, el retorno estimado era del 20% de la inversión de la empresa, pero podría resultar superior. Además, el gobierno asume todos los riesgos de los aumentos del precio del petróleo y la depreciación del cedi frente al dólar. Durante los primeros 10 años del contrato, la devaluación de la moneda hizo que aumentara rápidamente el coste de la electricidad de la planta y el gobierno de Ghana protegió en cierta medida a los consumidores proporcionándoles subsidios de forma que los ciudadanos no tuvieron que asumir dicho coste, pero a expensas del gobierno. Entre enero de 2014 y abril de 2015 el cedi se ha devaluado en un 40%, lo que ha contribuido a incrementar todavía más los costes. Como consecuencia de esta APP, es posible que el gobierno todavía deba invertir más fondos en subsidios, dado que el aumento de los costes no puede compensarse únicamente con un aumento de tarifas. Véase: http://jubileedebt.org.uk/wp-content/uploads/2016/10/The-fall-and-rise-of-Ghanas-debt_10.16.pdf

Tanzania: De acuerdo con una investigación de la Jubilee Debt Campaign, Tanzania tiene muchas obligaciones ocultas resultantes de APP. En tres ocasiones se han creado APP para que empresas energéticas proporcionaran electricidad a un precio predeterminado garantizado por el gobierno al distribuidor Tanesco, que es propiedad del Estado. La primera fue con Independent Power Tanzania Limited, para una central eléctrica diésel en Dar es Salaam. La segunda fue con Songas, que, al principio, en 2004, era propiedad mayoritariamente del gobierno del Reino Unido a través de Globaleq, una filial del departamento de desarrollo internacional del grupo CDC. En 2007/2008 el controlador y auditor general de Tanzania concluyó que estas dos empresas energéticas suponían un coste equivalente al 90% de los ingresos totales de Tanesco, que se veía completamente superada por las obligaciones impuestas por varios contratos de compra de energía. A pesar de estos problemas, se firmó una tercera APP con la Richmond Development Corporation en 2006. Una investigación parlamentaria en el año 2008 llegó a la conclusión de que el contrato con Richmond establecía unas condiciones favorables. A finales de 2008, el nuevo gobierno anunció que iba a cancelar el contrato, pero Dowans Holdings, que había comprado el contrato, denunció a Tanesco a través de la Cámara Internacional de Comercio, que reclamó a Tanesco el pago de 124 millones de USD. Tanesco aumentó sus tarifas en un 40% en 2009, a pesar de lo cual siguió incurriendo en grandes pérdidas. En 2013, el FMI calculó que los subsidios del gobierno por el coste de la electricidad suponían en torno al 10% de los ingresos del Estado. Gran parte de este dinero se ha utilizado para pagar los costes inflados que recogen los acuerdos de APP para la producción eléctrica, así que en realidad suponen un subsidio a empresas privadas en lugar de redundar en beneficio de los ciudadanos. Véase: http://jubileedebt.org.uk/wp-content/uploads/2015/07/The-new-debt-trap-report.pdf

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