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Según el nuevo informe “El TISA frente a los servicios públicos”, este inmenso acuerdo comercial pondrá en peligro la salud, la radiodifusión, el agua y el transporte públicos, así como otros servicios públicos. El acuerdo propuesto podría hacer que fuera imposible para los futuros gobiernos devolver los servicios públicos a manos públicas, incluso en aquellos casos en los que la prestación privada de los servicios hubiera fracasado. También restringiría la capacidad de un gobierno de reglamentar sectores clave, entre ellos el financiero, el energético, las telecomunicaciones y los flujos transfronterizos de datos.
El informe dice que, en virtud del acuerdo, los gobiernos perderían el derecho a requerir encuestas sobre el mercado del trabajo para garantizar que los trabajadores locales no están disponibles para ejecutar el trabajo necesario antes de contratar a trabajadores temporales extranjeros.
La PSI y los aliados de la sociedad civil se están movilizando hoy para protestar contra las negociaciones secretas y se están llevando a cabo acciones en diversos países como Suiza, Australia, el Reino Unido, Japón, India, los Países Bajos, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Colombia, México, Panamá y Costa Rica.
Rosa Pavanelli, Secretaria General de la Internacional de Servicios Públicos (PSI), dice: “Se trata de un intento de ampliar en secreto las partes más perjudiciales del infame acuerdo AGCS que ya provocó anteriormente protestas mundiales. El objetivo de los servicios públicos no debería ser que las grandes empresas multinacionales obtengan beneficios. Garantizar que las privatizaciones fracasadas nunca puedan ser invertidas es una ideología de libre mercado enloquecida”.
Pavanelli hace hincapié en que “es profundamente antidemocrático que los parlamentos tengan que entregar permanentemente el mandato democrático del pueblo a las empresas multinacionales”.
Los usuarios de los servicios públicos y los trabajadores de la administración pública están reclamando la divulgación de más información sobre este amplio acuerdo comercial y la garantía de que no afectará a la prestación de ningún servicio público. También están entregando a los dirigentes de los gobiernos una carta de protesta firmada por más de 350 organizaciones de más de 115 países.
No se han divulgado los borradores de los textos de las negociaciones ultra secretas. El secretismo es tal que las propuestas de negociación de EE.UU., por ejemplo, están clasificadas como confidenciales hasta “cinco años después de la entrada en vigor del acuerdo TISA o, si el acuerdo no entra en vigor, cinco años después del cierre de las negociaciones”.
En Bruselas, Jan Willem Goudriaan, Secretario General Adjunto de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) dice: “Este acuerdo va a comprometer a los gobiernos futuros, independientemente de quién gane las elecciones y de lo que digan los tribunales. Si la Comisión Europea no tiene nada que ocultar, deben divulgar de inmediato todos los detalles de estas negociaciones”.
En Londres, Dave Prentis, Secretario General de UNISON, comenta la experiencia de los ciudadanos en el Reino Unido: “Las privatizaciones del Servicio Nacional de Salud y del sistema de transporte subterráneo de Londres han sido unos desastres costosos. Maniatar a nuestros gobiernos para impedirnos hacer frente a las privatizaciones fallidas dará la luz verde a las empresas para que nos estafen a todos desmesuradamente”.
El informe sobre el TISA fue escrito por Scott Sinclair, Centro Canadiense de Alternativas Políticas, y Hadrian Mertins-Kirkwood, Instituto de Economía Política, Universidad de Carleton.
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