Total repudio del movimiento sindical brasileño al orden de prisión contra Lula

06 Abril 2018
El juez federal Sergio Moro decretó el jueves, 5 de abril, la prisión del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Condenado sin pruebas por corrupción en dos instancias judiciales, Lula es el líder de las encuestas para las elecciones presidenciales de octubre de este año.
El movimiento sindical y social brasileño, además de muchas personalidades y juristas respectados, denuncian que el expresidente es víctima de una persecución política que tiene el objetivo de impedirlo a concurrir a las elecciones. En la madrugada del jueves, el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) había negado el habeas corpus preventivo presentado por la defensa de Lula. Seis ministros votaron por negar el pedido, mientras cinco votaron por aceptarlo. El entendimiento de la mayoría viola lo determinado por la Constitución y el Código Penal de Brasil, que sólo permiten la prisión después del juicio en todas las instancias.

"Independientemente del fundamento de las acusaciones formuladas contra Lula, el ex presidente es víctima de una persecución política por parte de la derecha, especialmente, porque figura a la cabeza de intenciones de voto para las elecciones presidenciales que tendrán lugar en octubre próximo. El encarcelamiento de Lula, en este preciso momento, sirve una agenda que va en contra de todos los avances sociales que Brasil ha realizado en los últimos años. Entonces, para mí, una elección sin Lula es como un fraude ", dice Rosa Pavanelli, secretaria general de la ISP.

Las principales centrales sindicales de Brasil emitieron comunicados el jueves en los cuales denuncian la persecución contra el expresidente brasileño. Lee aquí (en portugués) la nota de la Central Única de los Trabajadores (CUT) y aquí (en portugués) el comunicado conjunto de otras cinco entidades. Este viernes, 6 de abril, la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA) igualmente emitió una nota de solidaridad a Lula
 
Las tres notas muestran que el movimiento sindical brasileño y latinoamericano tienen claro que la condena, la prisión y la probable inelegibilidad de Lula da Silva, cuyos trámites ocurren en tiempo récord, son etapas de los retrocesos en los derechos en Brasil puestos en marcha desde la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, en 2016. 
 
"En ese contexto, la condena y el orden de prisión de Lula representan la continuidad del golpe parlamentario y significan una fatal ruptura democrática. El expresidente fue condenado sin pruebas, resultado de una gran farsa judicial a través de la cual su derecho a la defensa fue explicitamente restringido y manipulado", dice Juneia Martins Batista, dirigenta del Brasil en el Comité Ejecutivo Mundial de la Internacional de Servicios Públicos (ISP). 
"En este momento estamos ante la mayor crisis política desde la dictadura militar y, para superarla, es fundamental que se garanticen las libertades de organización y expresión, además de elecciones libres, democráticas y soberanas con la participación de todas las fuerzas políticas y partidos. No aceptamos vetos autoritarios. El país está muy dividido, por lo tanto la persecución a Lula, sumada a la insatisfacción popular con las malas condiciones de vida y trabajo, puede resultar en reacciones más radicales", alerta João Domingos Gomes dos Santos, también dirigente del Brasil en el Comité Ejecutivo Mundial de la ISP.
 
En este momento se hace fundamental la solidaridad internacional y la lucha de todos y todas para la liberación de Lula y la total garantía de sus derechos políticos.

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