Lula sigue encarcelado a pesar de habérsele concedido el habeas corpus

11 Julio 2018
El domingo 8 de julio de 2018 será recordado en la historia de Brasil como el día en que se demostró que el poder judicial está involucrado en la persecución política del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Rogério Favruneto, juez del Tribunal Regional Federal de la 4ª región (TRF4), ordenó la liberación provisional de Lula el domingo 8 de julio por la mañana, dado que al precandidato Luiz Inácio Lula da Silva se le estaba impidiendo ofrecer entrevistas, discursos o retransmisiones, al contrario que otros precandidatos de las elecciones presidenciales.

Favreto utilizó este «nuevo hecho» para justificar el habeas corpus concedido al expresidente y garantizar de este modo un trato equitativo a los precandidatos durante el proceso electoral en Brasil.

Sin embargo, tras varios fallos contradictorios a lo largo del día, el presidente del TRF4, el juez Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, dictaminó que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva debía permanecer en prisión, a raíz de una apelación de la Fiscalía Federal contra el habeas corpus concedido por Favreto.

«Esto tiene que terminar», afirma Jocelio Drummond, secretario regional de la Internacional de Servicios Públicos (PSI, por sus siglas en inglés), y añade que los brasileños viven "en un país con un sistema judicial parcial que interpreta las leyes según los deseos de unos pocos y no del interés general».

Según Drummond, la situación es escandalosa por el hecho de que, a pesar de todo, muchas encuestas electorales demuestran que «Lula continúa representando las esperanzas de millones de trabajadores que constituyen la mayoría del país». 

«Solo una minoría elitista se niega a aceptar este hecho. Esta minoría controla el sistema judicial y los medios de comunicación, abriendo las puertas a un sinfín de acciones inconstitucionales. La mayoría de los jueces brasileños están dispuestos a «hacer lo que quieran sus amigos y usar la ley en contra de sus enemigos, de una manera sesgada y distorsionada».

Esta valoración es similar a la encontrada en el número 140 del Boletim da Resistência Democrática (Boletín de la Resistencia Democrática), en el que se declara que: «Después de que el TRF-4 concediera el habeas corpus a raíz de la solicitud presentada por los diputados Paulo Pimenta (PT-RS), Paulo Teixeira (PT-SP) y Wadih Damous (PT-RJ), abogado de la defensa de Lula, los involucrados en el escándalo “Lavado de coches”, entre los que se encuentra el juez Sérgio Moro, han cometido un crimen al utilizar todas las medidas posibles para evitar la puesta en libertad del líder del PT».

 

 

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