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Los gobiernos no sólo están cuestionando el diálogo social, sino la propia democracia al prohibir protestas y penalizar los conflictos sociales. El paquete presentado como respuesta a la crisis actual es un modelo que incorpora la privatización de los servicios públicos, la recuperación del gasto público y la reducción del tamaño y las funciones del Estado. El crecimiento económico sin empleos, los contratos “cero horas” y el dumping social han creado un ambiente propicio para la explotación, lo que lleva al aumento del trabajo precario y las generaciones de trabajadores y trabajadoras pobres. El enfoque del desarrollo basado en el crecimiento económico “de goteo” promovido a través de la globalización no ha conseguido mitigar la pobreza y en cambio ha aumentado la desigualdad entre y dentro de los países, así como entre hombres y mujeres.
La Secretaria General de la ISP, Rosa Pavanelli, dice: “Tenemos la responsabilidad de proteger los intereses de nuestros miembros y luchar por los derechos sindicales y de los trabajadores. Debemos llevar a cabo acciones colectivas para garantizar que tanto jóvenes como mayores puedan acceder a servicios públicos de calidad ahora y en el futuro, generando justicia social e igualdad para todos. Afirmamos y exigimos el derecho de huelga para todos los trabajadores y trabajadoras en los sectores público y privado”.
Los servicios públicos de calidad y los pisos de protección social crean los cimientos de la democracia. A través del desarrollo y la mejora de los servicios públicos podemos superar la crisis. De hecho, algunos países que han salido de la crisis con menos desigualdades son ejemplos de cómo la negociación colectiva y las políticas de distribución de la renta llevan a la recuperación económica y la inclusión social. La gobernanza, el estado de derecho y los servicios públicos de calidad promueven los tres pilares del desarrollo sostenible. La negociación colectiva y los mecanismos de resolución de conflictos en el sector público favorecen una cultura de paz y negociación, en lugar de conflicto, impunidad y corrupción.
La ISP hace campaña a favor de un comercio que respete los derechos sindicales y de los trabajadores y defiende espacios políticos específicos para que los gobiernos y los interlocutores sociales definan y después apliquen políticas eficaces de empleo y transferencias sociales y al mismo tiempo excluyan los servicios públicos de los tratados de comercio.
Los métodos tradicionales de participación en el establecimiento de políticas mundiales no están generando resultados significativos en materia de derechos humanos. Por ello, la solidaridad internacional es tan importante hoy en día. Sólo uniendo nuestras fuerzas podemos construir un mundo mejor. Celebremos el movimiento sindical y nuestra lucha conjunta por la igualdad, la dignidad y la justicia.