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Esto es lo que se desprende del último documento filtrado de las negociaciones del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA), al que la ISP se ha opuesto desde comienzos de marzo de 2013, por la falta de transparencia.
El documento, filtrado por la Associated Whistle-Blowing Press (agencia de denuncia de prácticas irregulares), hace alusión a la propuesta del representante de comercio estadounidense (USTR) con fecha 25 de abril de 2014. Se centra en el comercio electrónico, la transferencia de tecnología, el flujo internacional de datos y la neutralidad en Internet.
La propuesta de EE. UU. pretende reforzar los intereses comerciales de su sector de servicios con actividad multinacional, esencialmente a través del comercio electrónico y la inversión directa internacional en productos y servicios.
Esto beneficiaría especialmente al sector de las tecnologías de la comunicación y la información, y protegería la ventaja competitiva de EE. UU., así como los derechos de monopolio sobre la propiedad intelectual y la tecnología.
Si se aprueba, “la propuesta consolidaría además los repositorios de datos en beneficio del gobierno estadounidense, las multinacionales y los intereses comerciales de terceros”, señalan Jane Kelsey, profesora de derecho de la universidad de Auckland, y Burcu Kilic, de la organización de ciudadanos estadounidense Public Citizen.
“Esto favorece ciertos intereses de «seguridad nacional» y fines comerciales”.
Por otro lado, el acuerdo impediría o restringiría la legislación gubernamental que modera la actividad y los beneficios de los principales actores mundiales del sector de servicios, además de garantizar flujos de datos internacionales sin restricciones, lo cual repercutiría en la protección de los consumidores, las leyes de protección de datos, los obstáculos reglamentarios y la política de competencia.
“Es inaceptable que los ciudadanos tengan que depender de documentos filtrados para enterarse de lo que sus gobiernos están negociando en su nombre”, declara Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP.
“Sabemos que el acuerdo TISA supondrá mayor desregulación en el sector financiero, impedirá que privatizaciones fallidas vuelvan a manos públicas y socavará las leyes de protección de datos personales. ¿Qué más nos ocultan nuestros gobiernos?”
Según Daniel Bertossa, Director de Política de la ISP: “Esta normas permitirían que datos comerciales y personales sensibles fluyeran fuera de tu país. Tras los recientes escándalos de espionaje es increíble que se lo estén siquiera planteando”.
El acuerdo TISA está siendo negociado entre 23 partes (contando a la UE como una sola) y su objetivo es extender el alcance y las normas del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
A diferencia del GATS, las negociaciones del TISA se están llevando a cabo en secreto y las partes se niegan a publicar los documentos de apoyo y de negociación. Algunos países han difundido parte de sus propuestas (por ejemplo, Suiza y la UE). Sin embargo, la mayor parte de documentos sigue siendo confidencial incluidos los documentos del USTR.
La portada de la propuesta filtrada del USTR lleva el sello de CONFIDENCIAL y la mención “Desclasificar en: cinco años a partir de la entrada en vigor del acuerdo TISA o, si no se llega a ningún acuerdo, a los cinco años del cierre de las negociaciones”. Este es un nivel aún más alto de secretismo que en acuerdos anteriores como el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).
Antes de que la Internacional de Servicios Públicos (ISP) publicara la primera crítica disponible, El TISA frente a los Servicios Públicos, en marzo de 2014, las negociaciones habían transcurrido en secreto.
El informe de la ISP revela cómo el TISA prohibiría que privatizaciones fallidas volvieran a manos públicas e impondría restricciones a los gobiernos para regular servicios públicos privatizados y otras áreas de interés público como las leyes de protección de los trabajadores, consumidores, pequeñas empresas y el medio ambiente.
El documento sobre servicios financieros filtrado por Wikileaks en mayo de 2014 confirmaba muchos de estos temores ya que se aplican a normativa financiera.
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