Perú: Sindicatos de servicios públicos y comunidades se movilizan para combatir la privatización del agua

El 29 de noviembre de 2013, el Ministerio de la Vivienda de Perú, afirmando que era necesario introducir reformas para mejorar la gestión de los recursos hídricos del país, proclamó la Ley Nº 30.045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento. El objetivo teórico de la ley consiste en aumentar el acceso, la calidad y la sustentabilidad del agua potable y de la infraestructura de saneamiento en todo el país, a la vez que se garantiza la protección medioambiental y la inclusión social en el suministro de dichos servicios. Uno de sus principales objetivos declarados es reducir las diferencias en el acceso al saneamiento, especialmente de las personas con recursos limitados, sobre todo en las zonas rurales.

Sin embargo, para implementar estos nobles objetivos, la ley abre la puerta a la privatización ya que ofrecer un mecanismo legal que permite operar a las compañías privadas y a las asociaciones público-privadas. Autoriza la transferencia de los recursos a entidades privadas que presten servicios de acuerdo con los derechos que les concedan las municipalidades, incluido el derecho a la jurisdicción exclusiva en la gestión de los servicios.

Al parecer, el Congreso aprobó esta ley sin un debate previo y sin consultar con especialistas, autoridades municipales, asociaciones de consumidores o funcionarios de servicios públicos.

Tan pronto como se hizo pública la ley, la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú (FENTAP) se movilizó para expresar su oposición y reclamar su derogación.

“Esta ley es una agresión”

Según Luis Isarra, presidente de FENTAP, la nueva ley tiene un claro objetivo: establecer las bases de la privatización de suministro de agua de Perú. “Esta ley es una agresión a trabajadores y ciudadanos”, afirma. “Nos roba nuestro derecho humano al agua y el saneamiento”.

Y FENTAP no está sola en esta batalla.

La federación sindical mundial Internacional de Servicios Públicos (ISP), representante de 20 millones de trabajadores y trabajadoras de más de 150 países, ofrece su total apoyo a FENTAP para enfrentarnos a esta última acometida de la privatización. A este fin, los sindicatos afiliados a la ISP han ayudado a organizar la primera petición ciudadana oficial, que reclama el fin de la privatización del suministro de agua en Perú. Esta campaña prevé enviar miles de cartas al presidente Ollanta Humala.

La secretaria general de la ISP, Rosa Pavanelli, instó al presidente Humala a derogar esta ley y a no entregar unos servicios públicos vitales a quienes solo persiguen el lucro. Y añadió: “Necesitamos proteger el agua como un derecho humano, no como una mercancía que puede venderse para que las empresas obtengan beneficios”.

Pavanelli afirma que la ISP y sus miembros afiliados apoyarán la lucha de FENTAP porque es una parte fundamental de la lucha mundial por el bienestar de las personas y del planeta.

La víspera del Día Mundial del Agua de las Naciones Unidas, el 22 de marzo, Isarra y Pavanelli, junto con los sindicatos afiliados a la ISP de Perú, asociaciones comunitarias y un panel de especialistas, se reunieron en un foro internacional para mantener un debate público sobre la privatización del agua. Para sorpresa de todos y de todas las presentes, la sala se quedó sin electricidad durante el primer día de los dos de reuniones.

Sin embargo, como observó Pavanelli cuando tomó la palabra: “Podemos vivir sin electricidad, sin micrófonos, incluso sin medios de comunicación responsables, pero no podemos vivir sin agua. Y por eso estamos luchando”.

Pavanelli expuso una larga lista de casos concretos en los que el modelo de privatización ha fracasado totalmente.

“En Europa es donde más países están dando marcha atrás en la privatización del agua. El ejemplo más elocuente es el de Francia, la cuna de la privatización del agua”, explicó Pavanelli. “En la última década, más de 40 municipios franceses, incluidos los de París, Rennes y Grenoble, han vuelto a municipalizar sus servicios de agua. En Alemania, Berlín y Leipzig “remunicipalizaron” sus servicios de agua tras celebrar un referéndum. Lo mismo ocurrió en las ciudades húngaras de Budapest, Pecs y Kaposvar. En Italia surgió un gigantesco movimiento en defensa del agua pública, y el 97% de los votantes defendió mantener los servicios de agua en manos públicas”Pero el modelo de privatización no sólo está siendo rechazado en Europa. Según Pavanelli, ha sido rechazado en Atlanta, Indianápolis, Tanzania, Ghana, Malasia, Indonesia, entre otros lugares.

¿Por qué está fracasando este modelo en todas partes?

“Está fracasando porque el acceso al agua y su calidad no mejoraron en ninguna de esas municipalidades. Si acaso, empeoró”, explicó Pavanelli. “En Yakarta, por ejemplo, siguen sin tener agua potable en la ciudad — a pesar de que el sistema de agua lleva en manos privadas más de 14 años. Allí la población lleva 14 años con el agua más cara y sucia del mundo”.

Con espeluznantes detalles, Patricia Jones, responsable del Programa por la Justicia Medioambiental de la Comisión por el Servicio Universal Unitario radicada en Massachusetts, y una de las aliadas de FENTAP en esta lucha, capturó la esencia de las consecuencias que sufre la población más pobre, las minorías étnicas y las personas de la tercera edad que habitan en Boston. Jones habló de familias a las que han cortado el suministro de agua y cuyos hijos son separados de sus padres y puestos bajo la tutela de las instituciones estatales. Habló también de las personas de la tercera edad de los Estados Unidos que cada mes tienen que elegir entre consumir alimentos, agua o medicación. “Es una práctica brutal. En Boston, hay en la actualidad 8000 familias en riesgo de que les corten los servicios de agua. Y, según un estudio que hemos realizado, el riesgo es cuatro veces mayor para las minorías étnicas”, declaró Jones.

Defender el agua es defender la vida

¿Qué sucede a quienes no tienen acceso al agua?

Esther Hemeregildo es presidenta de Pueblo Joven 10 de Marzo de San Juan de Lurigancho una de las asociaciones de la comunidad aliadas de FENTAP. Hemeregildo se encontraba sentada en la parte de atrás, escuchando atentamente a los oradores y oradoras. Hemeregildo es madre de tres hijos y lleva los últimos 10 años luchando por acceder al agua. Una y otra vez, las autoridades municipales le dicen que no tienen presupuesto para ofrecerle agua corriente. Sus hijos han padecido numerosos problemas de salud debido al deficiente saneamiento. Cada día, ella y sus hijos descienden las colinas de San Juan de Lurigancho para comprar agua que llevan en camiones hasta su comunidad. “Con los cubos en las manos, tenemos que subir los 90 escalones dos veces al día para llevar a casa este bien precioso. A veces acabo demasiado fatigada para trabajar”. Preguntada por cómo se gana la vida, responde: “Construyo ataúdes para los muertos”.

Josefina Gabriel Rojas, dirigente del sindicato representante de trabajadores del agua en Huancayo, perdió su empleo cuando decidió luchar contra la privatización en su municipio. Sólo la readmitieron cuatro años más tarde. Desde entonces promueve en su trabajo el establecimiento de asociaciones público-público, en las que dos compañías públicas de agua comparten sus recursos para adquirir más poder y experiencia técnica. Pero sus sugerencias caen en saco roto. “Ahora, también formo parte de un movimiento de defensa para ayudar a proteger las cuencas, que corren cada vez más riesgo de ser contaminadas por la minería de la región”, explicó Gabriel. “Necesitamos defender nuestras cuencas porque nuestras vidas dependen de ellas”.

Representantes de comunidades indígenas y no indígenas tomaron la palabra y hablaron sobre las repercusiones negativas de la extracción de recursos en las cuencas hídricas y humedales. También explicaron el número cada vez mayor de conflictos sociales que padecen sus comunidades. Según el defensor del pueblo de Perú, más de la mitad de los conflictos registrados en el país son de origen socio-medioambiental. La mayoría tiene relación con el agua. Entre los representantes de Cajamarca, Espinar, Kanaris, Tía María e Iquitos se encontraba el renombrado activista medioambiental, Marco Arana.

Al clausurarse el foro, las personas participantes se apresuraron a acercarse a Arana y a Isarra para hacerse una fotografía con ellos, con los puños en alto en señal de solidaridad.

“No podemos olvidar que una botella de 625 ml de agua comercial cuesta 1.50 soles — lo cual equivale a 2400 soles por metro cúbico. En Perú, las compañías de servicios públicos cobran apenas 1,50 soles por metro cúbico de agua corriente”, explicó Isarra a las personas que le rodeaban. “Tal vez, de esta forma, podamos entender mejor el valor de los servicios de agua que ofrecen nuestros municipios públicos — y los enormes beneficios que pueden lograr los negocios del agua privada.”  

* US$1 = 2.75 soles; €1 = 3.80 soles.

Informe para Internacional de Servicios Públicos de Roxana Olivera