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Los sindicatos del sector público en Chile también dicen no al TPP

02 Febrero 2016
Protesta contra el TPP en Concepción, Chile, en enero de 2016 (Foto: Esteban Ignacio Paredes Drake)
La Coordinadora Nacional de gremios afiliados a la Internacional de Servicios Públicos (ISP) en Chile rechaza la firma, por parte del gobierno chileno, del Acuerdo Transpacífico (TPP), un tratado de libre comercio que las últimas dos administraciones han negociado a espaldas de la ciudadanía, de los pueblos indígenas y del parlamento.

La Coordinadora Nacional de gremios afiliados a la Internacional de Servicios Públicos (ISP) en Chile, conformada por organizaciones del sector de la administración central del Estado, salud, municipal, judicial y agua, rechaza la firma, por parte del gobierno chileno, del Acuerdo Transpacífico (TPP), un tratado de libre comercio que las últimas dos admnistraciones han negociado a espaldas de la ciudadanía, de los pueblos indígenas y del parlamento. Chile ya cuenta con acuerdos comerciales con todos los países miembros de este nuevo pacto, por lo tanto, el TPP generaría nulos o mínimos beneficios comerciales e impondría nuevas normas y regulaciones que restringirían la posibilidad de decidir soberanamente las políticas que se implementen en el país.

El próximo 4 de febrero los defensores del TPP – entre ellos Chile – firmarán en Nueva Zelanda este acuerdo, después de siete años de negociaciones secretas avaladas por los grupos empresariales que integran estos países, y que pretende cambiar el poder de las grandes corporaciones y quitar la capacidad de los gobiernos y parlamentos para regular los intereses corporativos. Ese mismo día, las organizaciones del sector público en Chile saldremos a la calle como una señal clara de oposición a este acuerdo, y exigiremos al Parlamento que rechace el TPP.

No es menor que la firma del acuerdo se produzca en menos de tres meses de hacer público el texto – 5.000 páginas – sin haber existido tiempo suficiente para hacer un debate público en torno a meteria con un alto grado de sensibilidad en el desarrollo y la calidad de vida de los pueblos. En ese sentido, la inexistencia de debate público junto con la falta de un análisis riguroso y transparente dan cuenta de las precarias condiciones en términos de legitimidad democrática y ejercicio pleno de la soberanía en las cuales se adopta la decisión de participar de este esquema de obligaciones.

Las organizaciones sindicales en el mundo llevamos denunciando hace un tiempo que estas negociaciones emergen como expresión de la fase más reciente de acumulación capitalista que trae consigo la fragmentación de los procesos de producción y la deslocalización de los distintos segmentos de la producción en diferentes países y regiones en función de las oportunidades que brindan en materia de aumento de la rentabilidad: sea a partir del acceso a trabajadoras/es con baja remuneración y cargas sociales, el acceso a recursos naturales abundantes, la disponibilidad de tecnología con trabajadores/as altamente capacitados y la cercanía de los mercados de consumo según el caso.

De esta forma la producción tiende a concentrarse en las denominadas cadenas globales de valor, conducidas por las Empresas Trasnacionales (ETN) que miran al mapa mundial como escenario de operaciones y promueven, para el fortalecimiento de sus posibilidades de explotación, un programa político que apunta hacia la (des) gobernanza: desregulación, apertura comercial, liberalización financiera, blindaje jurídico de sus operaciones mediante clausulas de protección de las inversiones, outsourcing, tercerizaciones y privatizaciones, entre las principales herramientas promovidas.

El TPP socava la democracia. El llamado derecho de regular está seriamente restringido. El TPP da a las corporaciones el derecho a demandar a los gobiernos por las acciones democráticas tomadas en el interés público a través de una cláusula denomidada “Solución de Controversias Inversionista-Estado (ISDS)” que castiga a los gobiernos que actúan o legislan en contra de las ganancias de los grandes inversores extranjeros. Esto socavará la democracia y el estado de soberanía y desalentará activamente a los gobiernos de perseguir las políticas públicas legítimas y objetivos regulatorios.

Empresas del Estado y monopolios designados

El acuerdo contiene un capítulo especialmente dedicado a las Empresas Estatales y Monopolios Designados (EyME) dirigido a reducir la participación del Estado en el ámbito comercial y de prestación de servicios básicos. Desde esa perspectiva se impone la regla de la “neutralidad competitiva" impuesta por parte de Estados Unidos y Australia con el pretendido objetivo de nivelar las condiciones de competencia con las empresas privadas.

A partir de ese esquema el acuerdo le impone a las EyME la adopción de consideraciones comerciales como base de actuación ignorando su vocación pública expresada, por ejemplo, en la misión de asegurar la provisión de servicios (derechos) esenciales como el agua potable, la energía, o el acceso a la cultura (entre otros) y presentando una fuerte impronta mercantilista que iguala el rol de las empresas públicas y privadas en la vida en sociedad.

También se limita la capacidad de que el Estado, a través de sus EyME, aplique política pública de promoción productiva, industrial y por ende social al prohibir a estas la discriminación a favor de proveedores nacionales o de otras EyME en sus compras de bienes o contrataciones de servicios.

Por su parte, la “nivelación” de las condiciones de competencia se expresa con claridad en la prohibición a los Estados de otorgar ventajas a sus empresas públicas por vías de subsidios, créditos preferenciales o acceso privilegiado a la contratación pública.

La fuerte atención dedicada a las EyME en el acuerdo es una de las características distintivas del esquema, se presenta como un contenido claramente más ofensivo que los contenidos en los TLC más exigentes y constituye una obligación “TLC-plus” para el caso de Chile.

El capítulo relativo a las compras estatales es una muestra más de la vocación del tratado por la limitación de la política pública y del interés por profundizar la apertura a la operación de las empresas privadas en todas las esferas de la vida pública nacional. El tratado establece la apertura plena de las compras estatales y la prohibición de discriminar a favor de empresas locales y prestadores locales en función de objetivos de interés nacional.

Los Estados consignan mediante listas positivas las entidades, bienes y servicios que quedan sujetos a las obligaciones del capítulo. La lista que ha presentado Chile incluye un amplio conjunto de organismos de gobierno de alcance nacional, sub – nacional e incluso a las empresas del Estado.

Por otro lado, mientras que incluye a todos los tipos de bienes sin excepciones, se excluye a los servicios financieros de toda índole y a los relativos al almacenamiento y hosting de datos de gobierno.

Asimismo, la oferta de Chile excluye de las obligaciones de apertura y no discriminación a las políticas de compras relativas a la promoción de micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, nada se establece en relación a la promoción de emprendimientos de economía solidaria, o a las iniciativas vinculadas a la promoción económico-productiva de zonas geográficas empobrecidas o la promoción del empleo en determinados colectivos de trabajadoras y trabajadores, entre muchos posibles aspectos.

Finalmente, en el caso de Chile el capítulo de compras públicas implica una apertura extra para las empresas y prestadores de servicios de Malasia y Vietnam, con quienes no tiene acuerdo vigente en la materia.

Pero la lucha no ha terminado. Luego de la firma, se iniciará un proceso en el que cada país debe ratificar el acuerdo a nivel nacional, en muchos casos, a través de una votación del parlamento. El acuerdo no obliga a un país a menos que ese país lo ratifique y hay muchos acuerdos que se han firmado pero nunca ratificado. Ahora es el momento de trabajar con nuestros aliados para crear conciencia y presión parlamentos y gobiernos de no ratificar.

El acuerdo entrará en vigor para los países ratificados cuando al menos seis firmantes que representan el 85% del PIB combinado de los firmantes originales han ratificado. Esto significa que la ratificación de los EE.UU es muy importante y ha sido el tema de debate en las primarias USA, con muchos candidatos hablando en contra del acuerdo, incluyendo a Hillary Clinton, Bernie Saunders y Donald Trump. Afiliadas de la ISP en los EE.UU. están luchando para asegurar que la votación del Congreso a finales de este año no se ratifique el acuerdo, pero que necesitan su ayuda ahora.

De lo anterior, los sincatos del sector público en Chile tenemos la convicción de que la ratificación de la firma del TPP profundizaría la sistemática vulneración de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales como lo han hecho todos los tratados de libre comercio firmados por parte de nuestro país durante las últimas décadas. Este tipo de tratados no consideran, ni garantizan, el respeto y el ejercicio de los derechos humanos, pero además profundizan las desigualdades y la insustentabilidad ambiental en los territorios.

Exigimos:

- Que el parlamento rechace el Acuerdo.
- Que en adelante ningún tratado sea negociado con cláusulas secretas y sin estándares mínimos de participación y transparencia.
- Que el Estado garantice el derecho a consulta previa de los pueblos indígenas en el marco de este y otros acuerdos, que les afectan directamente.
- Que el gobierno dé a conocer el texto íntegro del TPP ya pactado, los estudios de impactos informados por el ministro, y que transparente la negociación sobre el TiSA.
- Que en ningún caso el gobierno de Chile renuncie a la soberanía y al derecho de sus pueblos a la autodeterminación.

Atentamente,

Agrupación de Empleados Fiscales – ANEF
Asociación Nacional de Servicios Internos – ANEIICH
Asociación Nacional de Empleados Judiciales de Chile – ANEJUD
Asociación Nacional de Funcionarios/as de la Junta de Jardines Infantiles – AJUNJI
Confederación Nacional de Empleados Municipales de Chile - ASEMUCH
Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada – CONFUSAM
Confederación Nacional de Funcionarios de la Educación Municipalizada – CONFEMUCH
Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud - FENATS NACIONAL
Federación Nacional de Trabajadores de las Obras Sanitarias – FENATRAOS
Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud – FENPRUSS

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