La ISP publica un informe sobre "La crisis de los refugiados sirios y sus repercusiones en los servicios públicos de Turquía"

En Turquía viven alrededor de 1.9 millones de refugiados. El país acoge al mayor número de refugiados del mundo, según datos de Amnistía Internacional, que indican que el 95 % de los más de cuatro millones de refugiados sirios viven hoy en cinco países: Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto.

Este estudio de campo se llevó a cabo en las provincias de Izmir y Hatay, durante el verano de 2014. Para intentar determinar la situación se efectuaron preguntas semiestructuradas. Dentro del ámbito de aplicación del estudio, se entrevistaron con refugiados sirios, dirigentes sindicales, representantes de ONG y responsables de la agencia gubernamental encargada de emergencias y catástrofes.

Fotos por: Erhan Arık and Vedat Arık

Turquía no acepta refugiados. A pesar de haber firmado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo, Turquía impone una “restricción geográfica” y no reconoce como refugiadas a las personas que llegan de fuera de Europa.

El reconocimiento legal de los refugiados sirios en Turquía tiene importantes consecuencias para su acceso a los servicios públicos y, en concreto, a la sanidad. La inmensa mayoría de los refugiados no habla turco y desconoce a qué instituciones deben dirigirse para solicitar una ayuda con la que mejorar sus difíciles condiciones de vida, como el alojamiento, la seguridad, la salud, la alimentación y la educación. Todo ello les aboca a la exclusión social.

Aproximadamente el 12 % de los sirios viven en los 25 campos de refugiados de Turquía, si bien padecen unas condiciones de vida duras, tienen acceso a tratamiento médico gratuito. Según el informe, el 88 % de los refugiados sirios que no vive en los campamentos, están teniendo dificultades para acceder a los servicios sanitarios, en gran medida debido a su situación legal y a su desconocimiento del idioma.

“El acceso a los servicios médicos de calidad es un derecho humano fundamental que debe estar al alcance de todos gratuitamente”, afirma Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP. “¿En qué tipo de civilización nos hemos convertido, que negamos a las personas que están huyendo para salvar la vida el acceso gratuito a derechos humanos fundamentales como la salud, la educación y la protección social?”.

Los refugiados son también víctimas de discriminación y de agresiones racistas por parte del personal sanitario y de las poblaciones locales. Hay médicos que “se niegan a tratar a quienes no hablan el idioma”, asegura el informe. El aumento del número de pacientes en los hospitales está provocando tensiones entre los refugiados y la población local, así como entre el personal de los servicios de salud y los pacientes.

Los más afectados de todos los refugiados que viven en Turquía son los niños y las niñas. Están mal alimentados, crecen en el aislamiento social, víctimas del reflejo de los problemas psicológicos que están sufriendo sus padres y madres. No pueden acceder a los tratamientos adecuados para curar sus enfermedades, están sufriendo abusos sexuales y, si sus padres no pueden encontrar un alojamiento permanente, son incapaces de ejercer su derecho a la educación.

Uno de los aspectos más alarmantes de esta crisis de refugiados son los informes de Europol, la agencia comunitaria de servicios de inteligencia criminal, que indican que al menos 10.000 niños y niñas refugiados no acompañados han desaparecido desde su llegada a Europa. Estos niños y niñas desaparecieron después de que las autoridades estatales los registraran. Europol cree que las bandas paneuropeas organizadas de tráfico de seres humanos tienen ahora en el punto de mira a estos niños y niñas.

UNICEF estima que unos 110.000 niños y niñas han pedido asilo en Europa en los primeros seis meses de 2015, el mayor movimiento de niños en el continente desde la Segunda Guerra Mundial. 

La ISP apoya también plenamente el informe de la CSI que apela a la recomendación del FMI de “derogar temporal y limitadamente el salario mínimo de los refugiados”. Una estructura salarial de dos niveles, basada exclusivamente en la condición migratoria del trabajador o trabajadora, constituye una discriminación que viola el derecho internacional y no es económicamente justificable, afirma.

Este estudio, posible gracias al apoyo de la afiliada sueca a la ISP Kommunal, se presentó en Ankara, el 6 de febrero, en la oficina del sindicato SES, una de las 11 organizaciones sindicales afiliadas a la ISP en Turquía.

Más información:

• Leer una versión editada en línea o descargar un PDF del informe
• Para más información sobre la labor de la ISP en materia de migración
• Fotos disponibles para su uso. Fotografías de: Erhan Arık y Vedat Arık/PSI