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La Policía Militar del Gobierno del Distrito Federal reprimió duramente una multitud que protestaba frente a los edificios del Congreso brasileño este martes, 29 de noviembre. Decenas de miles de estudiantes, integrantes de movimientos sociales y trabajadores del sector público se manifestaban contra la Propuesta de Enmienda a la Constitución 55 (PEC 55), que congela los gastos públicos nacionales por los siguientes 20 años, inclusive en salud y educación.
El escenario fuera del Senado era el de un ataque de guerra: estudiantes, indígenas, hombres, mujeres y ancianos/as caídos en el suelo, huyendo de las balas de goma, golpeados por policías, sin poder respirar debido a los gases lacrimógenos. Algunos manifestantes levantaron barricadas, hicieron hogueras y volcaron autos parqueados.
La protesta salió del Museo Nacional y se concentró en el césped frente al Congreso. La policía empezó la represión el momento mismo en el que se iniciaba la sesión en el Senado. Algunos diputados de la oposición intentaron intervenir, pero los ataques siguieron aunque la multitud ya había retrocedido. Según el diputado federal Paulo Pimenta, del Partido de los Trabajadores, uno de los policías dijo que el orden era avanzar.
La PEC 55, anteriormente conocida como PEC 241, fue aprobada en primero turno en el Senado en la noche del martes por 61 votos favorables y 14 contrarios. El segundo turno está previsto para el 13 de diciembre. Durante la sesión no se permitió la presencia de otras personas en las galerías de la casa para acompañar la votación, decisión que generó críticas de la oposición.
El presidente Michel Temer, que ascendió al poder tras la contestada destitución de la presidenta Dilma Rousseff, defiende la medida como esencial para sanar las cuentas públicas, pero expertos, organizaciones sociales y de trabajadores alertan para las consecuencias desastrosas que su aprobación puede traer, como el colapso de las políticas sociales y los servicios públicos.
Parlamentaros de la oposición quieren alteraciones como un menor plazo de vigencia, la retirada de la salud y de la educación entre los sectores afectados y la realización de una consulta pública antes que la propuesta tenga validad. Las organizaciones y expertos contrarios a la PEC 55 defienden medidas alternativas, como una auditoría de la deuda pública y mecanismos que reduzcan el no pago de impuestos por los más ricos y las transnacionales.