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El mundo vive una crisis humanitaria y de refugiados, por los millones de mujeres, hombres y niños que están huyendo de los conflictos armados. Muchas mujeres y niñas son víctimas del tráfico de seres humanos y acaban como mano de obra forzosa. La seguridad de las mujeres y las niñas suele correr peligro en los campos de refugiados, ya que apenas se dispone nada para responder a sus necesidades o cuidados específicos. El personal de los servicios públicos recibe, en primera línea, a quienes buscan asilo, a los refugiados, y les ofrece ayuda sanitaria, de emergencia, refugio y servicios sociales.
La ISP se opone a todos los actos de violencia y deplora los cruentos atentados perpetrados recientemente en París, Beirut y Ankara, entre otros lugares. En momentos de atrocidades como las que acabamos de vivir, somos testigos de lo crucial que son los servicios públicos y de la necesidad de fortalecer su suministro, no de debilitarlo. Emergencias como esta nos recuerdan la importancia de la gobernanza pública y del suministro de servicios públicos, para garantizar la protección y la seguridad de todas las personas.
“Necesitamos un compromiso firme por parte de los gobiernos de todos los países para atajar las causas profundamente enraizadas de la violencia contra las mujeres: la desigualdad y la discriminación. Los Estados deben disponer las medidas adecuadas para prevenir la violencia y proteger a las mujeres amenazadas, además del enjuiciamiento, asesoramiento y la educación para cambiar la mentalidad de las personas. Se deben ofrecer casas de acogida a las mujeres abusadas y es inaceptable que las políticas de austeridad estén eliminando estos servicios en muchos países. Los gobiernos deben también ofrecer lugares seguros a los refugiados y garantizar que se tienen en cuenta las necesidades de las mujeres y las niñas”, afirma Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP.
Hace apenas dos meses, la ONU adoptó su nueva Agenda 2030, una agenda mundial para el desarrollo sostenible, para acabar con la pobreza en el mundo y salvar nuestro planeta. Ofrece una oportunidad histórica de encaminarnos hacia un mundo mejor y abordar las causas estructurales que abocan en la violencia y la discriminación de género.
Sin embargo, este objetivo sólo se logrará si la implementación de esta agenda permanece alejada de la promoción generalizada de las asociaciones público-privadas y de la privatización de unos servicios públicos tan esenciales para el bienestar de las mujeres, los hombres, los niños y las niñas.
La privatización de los servicios públicos suele conllevar un empeoramiento de las condiciones de trabajo de los proveedores de servicios públicos y un menor del acceso de las personas más necesitadas a los servicios sociales, sanitarios y educativos, entre otros.
Juneia Batista, Presidenta del Comité Mundial de las Mujeres de la ISP, afirma que “los servicios públicos son también esenciales para garantizar la distribución equitativa de la labor cuidadora no retribuida que realizan las mujeres, así como para garantizar un equilibrio saludable de la vida familiar y laboral”.
La violencia en el trabajo pertenece al ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo. A este respecto, la ISP acoge con satisfacción la decisión de la Junta de Administración de la OIT de debatir una norma internacional del trabajo que aborde la violencia de género en el trabajo, en 2018. Este es el resultado de las propuestas y de la labor de cabildeo llevada a cabo desde 2014 por el Grupo de los Trabajadores de la OIT, en coordinación con la CSI y las Federaciones Sindicales Internacionales, entre ellas la ISP. Aún queda mucho camino por recorrer, pero ya logramos un primer hito para que la violencia en el trabajo y las consecuencias de la violencia doméstica en el trabajo estén cubiertas por una norma internacional de la OIT. El 25 de noviembre, celebremos este primer paso hacia un marco mundial que guíe a los interlocutores sociales y gobiernos hacia la eliminación de la violencia de género en el trabajo.