Europa

La publicación hoy de las exigencias que impone la Unión Europea a los países en desarrollo en el TISA, revelan el doble rasero aplicado por la UE, afirma la Internacional de Servicios Públicos. Mientras la Comisión intenta convencer a la opinión pública europea de que los servicios públicos europeos quedarán protegidos en los acuerdos comerciales, a los países en desarrollo les exige que socaven sus servicios públicos.

En torno a 70 mujeres en representación de 22 países de la región de Asia y el Pacífico de la ISP presentarán lo que se ha denominado la "Declaración de Fukuoka" durante la APRECON en Japón. El documento, con el lema “Los sindicatos se sitúan en el centro del empoderamiento económico de las mujeres en el cambiante mundo del trabajo”, servirá como hoja de ruta hacia UNCSW61.

La Secretaria General de la ISP, Rosa Pavanelli, se suma al llamamiento de los Presidentes de Francia y Sudáfrica para que en todo el mundo se realicen unas inversiones públicas urgentes destinadas a crear nuevos puestos de trabajo en el sector de la salud con el fin de impedir el déficit previsto de 18 millones de trabajadores de la salud, mayoritariamente en los países de ingresos bajos y medianos-bajos, y ayudar a los países a aprovechar al máximo los beneficios sociales y económicos del crecimiento del empleo en el ámbito de la salud.

El mismo día en que el gobierno francés solicitaba que la UE se retirase de las negociaciones del TTIP, dos aliadas de la ISP en la lucha contra el TiSA, Attac Norway y Global Justice publicaban el informe de la campaña: “A blueprint for global privatisation – Why we need to stop the Trade in Services Agreement" (Plan maestro para la privatización mundial: por qué necesitamos frenar el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios).

La decisión de la UE de obligar Apple a devolver los impuestos impagados en Irlanda, anunciada el 30 de agosto, revela que la Comisión Europea reconoce, finalmente, que la austeridad es una opción política, no económica. Esta es la lectura que de la sorprendente decisión comunitaria hace la Secretaria General de la ISP, Rosa Pavanelli, quien felicitó a la Comisión por demostrar la voluntad política para perseguir a multinacionales como Amazon y McDonald’s (que en la actualidad están siendo investigadas).

La ISP se une a las ONG y a los sindicatos de todo el mundo para solicitar el cese de las prácticas no remuneradas. La creciente resistencia al uso de becarios no remunerados ha dado lugar a la creación de una serie de organizaciones defensoras de los derechos de los becarios, tales como la Fair Internship Initiative (Iniciativa de Prácticas Justas) en Ginebra y Nueva York, así como la coalición «We Pay Our Interns» (Pagamos a nuestros becarios), una asociación compuesta por ONG con sede en Ginebra, que han firmado una Carta sobre los derechos de los becarios y presionan a otros empresarios para que hagan lo mismo.

En una decisión histórica, y luego de décadas de esfuerzos por parte de sindicatos del sector público y organizaciones sociales, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció el 18 de agosto el cierre de todas las prisiones federales privatizadas en el país.