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La declaración firmada (en inglés) por 45 organizaciones sindicales de 19 países para lanzar la iniciativa también apoya la introducción de modificaciones reglamentarias en favor de unas prácticas fiscales justas y responsables, según lo previsto por el G20 a través del Plan de Acción de la OCDE contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés).
Sharan Burrow, secretaria general de la CSI dijo que “los intentos de aumentar los rendimientos a corto plazo mediante una planificación fiscal agresiva debilitan la sostenibilidad de nuestras economías. En tanto que administradores del capital de los trabajadores, los fondos de pensiones deben tomar medidas razonables para abordar riesgo fiscal en sus carteras de inversión”.
La iniciativa establece las expectativas sindicales respecto a la manera en que los fondos de pensiones deberían abordar los riesgos fiscales e incluye los procesos de evaluación para las inversiones existentes, el ejercicio de la debida diligencia para cualquier nuevo mandato de inversión, el fomento de la declaración fiscal de las empresas por países y la colaboración con gestores de fondos externos con ese fin.
La declaración sindical también plantea las inquietudes suscitadas por las crecientes presiones de los grupos empresariales y las grandes empresas multinacionales para hacer retroceder el Plan de Acción BEPS de la OCDE aprobado por el G20, un programa de 15 puntos destinado a garantizar que los beneficios imponibles se asignen donde se produce realmente la actividad empresarial. “Este Plan de Acción de la OCDE podría mejorarse, pero va por buen camino”, dijo John Evans, Secretario General de la Comisión Sindical Consultiva (CSC) ante la OCDE. “Los fondos de pensiones son propietarios de activos a largo plazo y deberían pronunciarse para apoyar, y no para debilitar, este programa fiscal mundial”.
“Algunos poderosos intereses empresariales y financieros siguen intentando debilitar la cooperación internacional para poner fin al aparentemente interminable escándalo de las dudosas actividades fiscales, especialmente de algunas empresas multinacionales destacadas. Estas artimañas fiscales son muy perjudiciales para las posiciones fiscales de los gobiernos y también perjudican a las empresas competidoras que pagan la parte que les corresponde. Los gobiernos deben reglamentar para garantizar que las empresas dejen de eludir sus obligaciones fiscales y actualmente podemos ver cómo este tema ocupa un lugar central en los fondos de pensiones”, dijo Burrow.