Los nuevos retos del agua en Uruguay

Por Mariel Jara

Han transcurrido diez años desde que en octubre de 2004, el pueblo uruguayo se manifestará -con 64,7% de los votos- a favor de preservar los servicios del agua como un bien público que debe ser administrado exclusivamente por el Estado. Esta voluntad soberana obligó a reformar la Constitución de la República y, desde entonces, Uruguay reconoce el agua como un derecho humano fundamental, así como la imposibilidad de su privatización.

De esta forma, Uruguay se convirtió en precursor y referente en este tema, y su declaración del agua como derecho humano fue respaldada en el 2010 por la Organización de Naciones Unidas.

Para evaluar qué ha pasado desde entonces, cuáles son los avances y desafíos pendientes, la  Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV) organizó este encuentro en el que participaron Daniel González, Director Nacional de Aguas y Saneamiento (Dinagua); Óscar Rodríguez, de la Internacional de Servicios Públicos (ISP); el Dr. Marcel Achkar, investigador de la Facultad de Ciencias e integrante de REDES-Amigos de la Tierra y del Programa Uruguay Sustentable; Carlos Sosa, presidente de la Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado (FFose) y la Ingeniera Agrónoma Anahit Aharonian, de la CNDAV.

Avances y nuevas amenazas

Los invitados al panel concordaron en que, si bien la reforma constitucional por el tema del agua implicó un avance significativo y marcó un referente, a nivel nacional e internacional, hay aspectos que no se están cumpliendo y que resultan preocupantes.

“Aún hoy, en Maldonado (departamento al que pertenece Punta del Este) hay un 40% de acciones que corresponden a privados”, apuntó Carlos Soza, presidente de la FFOSE, quien durante su exposición realizó un recuento de los hechos más importantes en la lucha de las organizaciones sociales y sindicatos por el rechazo a la privatización de los servicios públicos, incluida el agua.

Al evaluar estos diez años -agregó Soza-  “puedo decir que hoy, la lucha de nuestro pueblo porque se cumpla a cabalidad la reforma constitucional está más vigente que nunca. Pero también pienso que éste es un momento de orgullo, de satisfacción y de agradecimiento hacia nuestro pueblo y  nuestros compañeros que lograron poner en la reforma este importante tema. Hemos demostrado que sí se puede, a través de la unión y las movilizaciones, lograr los objetivos que nos hemos planteado, y eso es muy meritorio”.

Por su parte,  el Dr. Marcel Achkar, de la Facultad de Ciencias, admitió que la reforma de 2004 marcó un hito al colocar la gestión y control del agua como un tema de participación popular. Sin embargo, dijo que el texto aprobado debió ser más explícito, para evitar que otras amenazas -como la privatización de la tierra, la intensificación agraria y la extranjerización de la tierra con fines agropecuarios, energéticos y de extracción minera - afecten el sistema hidrológico, tal como está sucediendo actualmente.

“Si queremos elaborar planes para la gestión sustentable del agua no podemos dejar de lado el tema de los suelos, porque están íntimamente relacionados. Un territorio degradado va a producir agua en mal estado. Eso es importante tenerlo en cuenta para cuando trabajemos en la elaboración de un plan nacional de recursos hídricos”, indicó.

En resumen -expresó- la reforma ha sido un proceso muy interesante, que nos ha enfrentado a una serie de desafíos que tenemos como sociedad uruguaya, en los que hemos avanzado muchísimo. Ahora tenemos que acelerar los tiempos. Los procesos de degradación, de contaminación, privatización y de control de recursos naturales por parte de trasnacionales aún son limitados y tenemos tiempo de revertirlos. La enseñanza que nos deja esta reforma es que cuando hay un objetivo claro, y la sociedad lo asume y lo toma como propio, se puede revertir un proceso de privatización. Todo el movimiento que se desencadenó con el proceso de la reforma implicó la salida de una de las empresas más agresivas que operaba en América Latina para el control de recursos hídricos. Y sin embargo, el pueblo uruguayo le ganó y se tuvo que ir”, recordó.

Daniel González, Director de Dinagua, destacó igualmente los avances que trajo la reforma constitucional y mencionó el estado actual de las leyes en la materia. “¿Estamos conformes con lo que se avanzó en estos diez años? No. Nos gustaría tener mucho más a estas alturas. Somos conscientes sí de una cosa: imagínense si en estos diez años hubiese habido otros interlocutores, otros gobiernos que hubiesen generado una situación en favor de la privatización, en un Uruguay muy distinto al que estamos hablando… A modo de conclusión, el balance tiene una cantidad de elementos a favor, de cosas que se han logrado avanzar a partir de lo que la reforma estableció. Pero la reforma se hace estando activos, creando espacios de participación y presionando también”, indicó.

El agua sea un derecho humano en la práctica

En representación de la ISP, Óscar Rodríguez expresó sus felicitaciones al pueblo uruguayo por esta conmemoración y los logros que ha significado. Asimismo, mencionó algunos de los objetivos de la ISP en el tema del agua y el saneamiento en América Latina, entre los que destacan constituir una plataforma continental de lucha con los trabajadores organizados en sindicatos de empresas públicas de agua, de la que la FFose sería parte. “También contemplamos apoyar los proyectos de fortalecimiento de redes que nos acompañen en esta estrategia de lucha porque el agua sea en la práctica un derecho humano y no sólo una declaración en el papel”, precisó.

Además, señaló que ISP está fomentando instancias de cooperación y de intercambio de experiencias e información con otras importantes organizaciones de América Latina, junto con consolidar algunas alianzas en relación al tema agua; buscando impulsar acuerdos público-público, en contraposición a los acuerdos publico/privados; intentando incidir en las reformas públicas para que el derecho al agua sea más reconocido y promover el uso del agua y asociando el binomio del agua con el medio ambiente. “Y por supuesto, uno de nuestros objetivos es seguir acompañando a FFose por los próximos diez años, al menos, en su lucha por el derecho al acceso al agua como un derecho humano fundamental”.

Finalmente, Anahit Aharonian  recalcó que varios investigadores uruguayos y extranjeros han denunciado el impacto ambiental que está provocando el modelo de explotación forestal, celulósico, y sojero que se está aplicando en Uruguay,  pero que -lamentablemente- no se les escucha.

Estas grandes plantaciones industrializadas -explicó- necesitan mucho riego y fertilizantes como nitrógeno y fósforo, que traen consecuencias nocivas sobre nuestras aguas. Y para poder potabilizarlas, el Estado tiene que incurrir en gastos. Por otro lado, estas plantaciones producen anormalidades en el suelo, muchas de las cuales ni siquiera pueden revertirse.

Llamó a tener en cuenta también que la minería y la agricultura industrializadas implican un altísimo consumo de agua, energía, contaminación, además de la construcción acelerada de enormes carreteras de salida que -en no pocas ocasiones-  arrasan con lo que haya a su paso, sean comunidades autóctonas, ecosistemas, etc. Y que es el Estado quien termina asumiendo el costo de todo esto.

 “La ganancia de las empresas forestales se ha sostenido a expensas de un capital ambiental que no se contabiliza y que es la pérdida de agua, de biodiversidad, la degradación del suelo, el hábitat de los seres vivos y el deterioro de las funciones ecosistémicas”, advirtió.

Para terminar, señaló: “acá estamos celebrando los diez años de la reforma del agua; es cierto que expulsamos a las trasnacionales del agua, pero hay otras amenazas a las que tenemos que estar atentos e informados. Debemos ser conscientes del daño que ya existe y del que podemos prevenir. No tenemos por qué gastar dinero en mitigar parte del desastre que hacen privados, que se llevan las ganancias y que nos dejan  pérdidas.  Eso lo tenemos que internalizar. Tenemos que informarnos, presionar e incidir en los cambios que son necesarios en nuestro país para preservar nuestros bienes comunes”.