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Sin embargo, las Naciones Unidas y muchos Gobiernos siguen convencidos de que necesitamos asociaciones público-privadas y financiación privada para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Siguen engañados por las falsas promesas de las asociaciones público-privadas, incluso cuando las pruebas de la crisis de la privatización se acumulan.
Solo hay que observar el fracaso de numerosas privatizaciones en el Reino Unido. Incluso el ministro de Medio Ambiente conservador, Michael Gove, critica el comportamiento de las empresas de servicios públicos de distribución de agua privatizadas. Recientemente señaló que las tarifas eran demasiado altas, que las manipulaciones financieras y la evasión fiscal eran endémicas, que los dividendos de lxs accionistas consumían la mayor parte de los beneficios y que lxs consejerxs delegadxs se habían puesto salarios desorbitados. Y todos estos comentarios salieron del partido de Margaret Thatcher.
Un informe reciente publicado por la Internacional de Servicios Públicos y Transnational Institute muestra que desde el año 2000 se han producido al menos 235 casos de remunicipalización del agua en 37 países que afectan a más de cien millones de personas. ¿Qué impulsa esta tendencia?
Los motivos para poner fin a la privatización en el sector del agua incluyen ahorros de costes, mejora de la calidad del servicio, transparencia económica y recuperación de la capacidad operativa y el control social. Los objetivos medioambientales como la aceleración del desarrollo renovable y la reducción del despilfarro son otros factores fundamentales. Por supuesto, la oferta de tarifas sociales para los hogares con ingresos bajos (cuando muchas familias no pueden permitirse pagar las elevadas facturas de los servicios públicos) es otra razón esencial.
Además, cada vez hay más pruebas empíricas de que la remunicipalización en todo el sector público tiene sentido desde el punto de vista económico. La resolución de las asociaciones público-privadas en el sector del transporte en Londres derivó en una reducción de costes de mil millones de libras, sobre todo mediante la eliminación de los dividendos para lxs accionistas y los gastos legales. En Canadá, después de que el Gobierno decidiese construir cuatro escuelas nuevas de forma pública en lugar de mediante asociaciones público-privadas, los ahorros bastaron para construir en su totalidad una quinta escuela nueva.
No obstante, la cruda realidad es que más de mil millones de personas siguen sin tener acceso seguro al agua. En 2015 las Naciones Unidas apoyaron el acceso universal al agua para 2030 como uno de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cómo podemos estar segurxs de que los operadores públicos de agua están capacitados para responder a este objetivo?
Tenemos que exigir un sistema fiscal más justo en todo el mundo, de manera que podamos invertir en infraestructura esencial como servicios públicos de distribución del agua modernos. No alcanzar esta meta puede tener consecuencias devastadoras, como en Flint, Michigan, donde la reducción de costes sumada a una pronunciada reducción de impuestos para las grandes empresas derivó en el envenenamiento de miles de personas, sobre todo personas pobres. Otra medida esencial consiste en sacar los servicios públicos de los acuerdos comerciales, que suelen disuadir a los Gobiernos de actuar en aras del interés público o penalizarlos si lo hacen. Por último, las asociaciones puramente públicas entre servicios públicos de distribución de agua pueden ayudar a intercambiar mejores prácticas y recursos.
El cambio de rumbo en el debate en torno a la privatización es una buena noticia para lxs trabajadorxs de los servicios públicos, los sindicatos y el público en general. Ahora tenemos que convencer a lxs líderes mundiales de que sigan la corriente.
El 22 de marzo de 2018, Día Mundial del Agua, la ISP y sus afiliadas se congregaron en el Foro Alternativo Mundial del Agua, en Brasilia, para trabajar con sindicatos y comunidades que luchan por la justicia social en Brasil, en Latinoamérica y en todo el planeta.
En palabras de Margarita López, presidenta del sindicato hídrico Sintracuavalle, en Colombia, «nos unimos a nuestros colegas brasileños en su denuncia del asesinato de Marielle Franco, la joven consejera municipal de Río de Janeiro y su chófer. Por desgracia, nuestros opositores están demasiado dispuestos a matar sindicalistas, activistas medioambientales y jóvenes líderes políticos. Los niveles de violencia están aumentando. Pero no nos silenciarán, no nos intimidarán. La batalla por la justicia social continúa, incluyendo la batalla por el agua pública y el saneamiento».
Luis Isarra, presidente del sindicato hídrico FENTAP, en Perú, declaró que «resulta irónico que esté retrocediendo la presión por privatizar. A principios de esta semana (13 de marzo de 2018), la privatización del agua en Tumbes, Perú, se paralizó repentinamente al retirarse de las empresas tras ser derrotadas. Y fue el mismo ministro del agua, Carlos Bruce, ante quien ya denunciamos la privatización de Tumbes hace 12 años, quien anunció la vuelta a la gestión pública».
Edson Aparecido da Silva, del sindicato de trabajadores FNU, declara que «Brasil va en contra de la tendencia: mientras que el mundo está devolviendo los servicios hídricos a la propiedad y gestión públicas, el Brasil de Temer esta privatizando lo más rápido posible. Nuestro sindicato, FNU, está librando una valiente batalla en todas las comunidades para concienciar sobre estas amenazas y presionar para lograr un mayor control social de los servicios públicos de distribución. Nos encontramos en un contexto político muy difícil; el control de las empresas medra a todos los niveles, incluyendo la ONU, donde la creciente desigualdad está creando movimientos políticos tóxicos que pretenden dividir y excluir y los gobiernos están cerrando los espacios de libre expresión. Pero nuestro movimiento por la justicia hídrica surge en el lugar del trabajo y en las comunidades, y hay demasiadas voces que silenciar."
David Boys también hablará en el Foro Mundial del Agua «comercial» para denunciar la privatización y mercantilización de los servicios y recursos hídricos.
Según Boys, «los responsables políticos tienen dejar de pensar en clave corporativa y atender a lo que de verdad necesitan nuestros miembros y nuestras familias. No queremos que nuestra agua ni otros servicios públicos se gestionen para el beneficio de unos pocos. Esta locura privatizadora tiene que parar. Una medida que se puede tomar es desarrollar un sistema tributario internacional para que los ricos y las grandes empresas paguen la cuota correspondiente a las arcas públicas. Otra medida sería eliminar los servicios públicos de los acuerdos comerciales. Nosotros exigiremos a los funcionarios electos y a los cargos públicos que rindan cuentas para garantizar que cumplen sus obligaciones, ya sea en la cuestión del agua y el saneamiento, en la salud y los servicios sociales, en el transporte, en la justicia…».
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