Dos aliadas de la ISP publican un informe sobre las amenazas del TiSA

La publicación ​ —que advierte que el TiSA podría suponer una amenaza aún mayor para los servicios públicos que el TTIP, porque, al contrario que la mayoría de los acuerdos comerciales, trata sobre los servicios, y no sobre bienes o mercancías​— viene a sumarse a otras publicaciones como “TiSA frente a los servicios públicos” y “El acuerdo de los auténticos buenos amigos de las empresas transnacionales”, publicadas por la ISP en 2014.

La publicación, que la ISP tiene a bien promover, advierte que el TiSA puede traer “graves consecuencias para ámbitos que nada tienen que ver con el comercio, como los derechos laborales, la regulación bancaria o si los servicios públicos como la electricidad y el agua se gestionan en beneficio de las personas o se dejan en manos de compañías multinacionales con ánimo de lucro”.

TiSA se está convirtiendo aceleradamente en un asunto de suma importancia  gracias a la labor de sensibilización de la ISP y sus aliadas. La semana pasada, la ISP y Global Justice Now aparecían citadas en el artículo del diario británico The Independent titulado "The new TTIP? Meet TISA, the 'secret privatisation pact that poses a threat to democracy'" (¿El nuevo TTIP? Les presentamos el TiSA, el ‘pacto de privatización secreto que supone una amenaza para la democracia’).

Este artículo refiere que “Las negociaciones del TiSA se celebraron a puerta cerrada durante unos 18 meses, hasta que la Internacional de Servicios Públicos (ISP), federación sindical internacional de los servicios públicos, lo sacó a la luz pública”.

Un número creciente de medios de comunicación están dando a conocer a la opinión pública las preocupaciones de la ISP. En 2014 y 2015, The Guardian y La Jornada se hicieron eco de la forma en que el TiSA podría menoscabar la privacidad en Internet y, antes de la COP21, el periódico L'Espresso publicaba la preocupación de la ISP por la forma en que el TiSA frenaría los esfuerzos encaminados a combatir el cambio climático.

También apareció recientemente en los medios la alarma lanzada por la ISP y sus aliadas acerca de los efectos del TiSA sobre la privatización de los servicios públicos.

La publicación destaca que el TiSA “No versa tanto sobre el comercio, sino cómo permitir a las multinacionales ofrecer servicios sin fronteras”. Por ejemplo, “es imposible transportar una cita en la peluquería al otro lado del Océano Atlántico, pero sí se puede transportar al peluquero (que es una de las formas en que el TiSA aborda el comercio de servicios)”.

En resumen, continúa el informe, “gran parte del peligro del TiSA radica en el hecho de que convierte muchos servicios públicos en bienes que pueden gestionarse en beneficio de las empresas, en lugar de en interés de las personas que necesitan servicios básicos como la electricidad, la sanidad y el transporte”.

Según este informe, los cinco aspectos que deben preocuparnos sobre el TiSA son:

• Fomentará más capitalismo salvaje. TiSA perjudicará los esfuerzos por regular el sector financiero y así evitar otra crisis como la de 2008;
• La posibilidad de hacer irreversible el proceso de privatización de los servicios públicos: TiSA contiene mecanismos de irreversibilidad, que dificultarán mucho más la reversión de las privatizaciones previas (cláusula ‘standstill’) o posteriores (cláusula ‘ratchet’ o trinquete) al acuerdo y ofrecerá a las compañías extranjeras un mayor acceso a los mercados;
• Será especialmente perjudicial para los países del Sur. TiSA haría que países como Pakistán frenen el desarrollo de sus servicios públicos. Esta amenaza también se cierne sobre países que no forman parte del TiSA, porque, una vez aprobado, los países ricos tratarán de imponer las medidas tipo TiSA en todo el mundo, a través de la OMC;
• Su impacto sobre el clima. TiSA aboga por la neutralidad tecnológica en política energética. Esto podría frenar el apoyo de los gobiernos para generar energías renovables, en lugar de carbón, petróleo y gas;
• Amenaza la privacidad en internet. TiSA promete dar mucho más poder a empresas como Google y Microsoft para trasladar datos personales a países con leyes de protección de datos más laxas.