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A nivel mundial, 818 millones de mujeres mundo han sido víctimas de violencia y acoso. Esto resulta sencillamente inaceptable. La situación se agrava aún más para mujeres marginadas y discriminadas en función de su raza, clase, casta, discapacidad, estatus migratorio, condición indígena o edad.
La violencia de género cuesta además a las empresas miles de millones en términos de pérdida de productividad, daños a su reputación y pleitos. La Unión Europea estima en 26.000 millones de euros –1,5 % del PIB– el costo derivado de las pérdidas de productividad ocasionadas tan solo por el acoso sexual.
Las revelaciones de #MeToo y movimientos similares han situado a la igualdad de género, la discriminación en función del sexo y la violencia de género como temas firmemente arraigados en la opinión pública y la agenda política. Sin embargo, estamos constatando un claro retroceso, con el desafío a las sociedades democráticas por parte de movimientos populistas discriminatorios y misóginos, mientras que la discriminación y la desigualdad continúan caracterizando e incluso conformando nuestro mundo del trabajo, relegando a la mujer a posiciones inferiores de poder y autoridad, salarios más bajos, empleos de peor calidad y condiciones de trabajo precarias.
Todas las mujeres deberían disfrutar del derecho básico a un entorno de trabajo libre de violencia y acoso, independientemente de la forma de su relación contractual, de si trabaja en la economía formal o en la informal, y tanto si vive en un entorno rural o urbano.
El mundo del trabajo puede también tener un papel clave para apoyar a las víctimas de la violencia doméstica, ayudándolas a conservar su empleo y disponer de la independencia y la seguridad financiera que les permita salir de una relación abusiva.
Se necesita urgentemente una norma laboral internacional que aborde la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Dicha norma podría transformar las condiciones laborales para las mujeres, a fin de garantizar que la violencia no forme parte de su trabajo.
Súmense a la demanda de una norma laboral internacional para poner fin a la violencia de género y al acoso en el mundo del trabajo.