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En los últimos años, se ha desatado un intento sin precedentes de limitar la libertad de asociación y el derecho a la huelga en el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Desde 2012, las organizaciones patronales han intentado desmantelar el derecho de huelga.
El resultado es que la mismísima esencia de la democracia en el trabajo está en peligro, con presión adicional para los sindicatos a nivel nacional.
Como cabía esperar, el trabajo precario está aumentando en casi todas partes a la vez que se tiende a criminalizar la protesta social, amenazando gravemente los logros del diálogo social.
Con el apoyo de las instituciones financieras internacionales y bajo la influencia de los grupos de presión empresariales, los gobiernos siguen aplicando una agenda ultraliberal, junto a ineficaces medidas de austeridad.
A pesar de todo ello, el movimiento sindical sigue luchando.
Las organizaciones de trabajadores están en primera línea de la oposición a la nueva oleada de acuerdos comerciales que podría mercantilizar los servicios públicos y poner en cuestión la soberanía nacional, mientras benefician a las multinacionales en lugar de a los trabajadores y contribuyentes.
Los sindicatos se siguen movilizando por la justicia fiscal, reclamando el final de los paraísos fiscales, la competencia fiscal y las desgravaciones fiscales para las grandes multinacionales que no crean empleo, sino que incluso contribuyen a su destrucción.
El movimiento sindical sigue tendiendo puentes entre fronteras, procurando garantizar condiciones de trabajo y salarios y dignos para millones de trabajadores migrantes.
“Desde el ataque a la democracia en el trabajo hasta el desmantelamiento de los servicios públicos, parece haber una estrategia coordinada para erosionar algunos derechos humanos fundamentales”, añade Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP.
“Entre los numerosos retos que se avecinan, también hay millones de personas que se ven privadas de sus derechos a causa de los desastres naturales, el impacto del cambio climático y los interminables conflictos”.
“La ISP sigue firmemente comprometida a garantizar que la comunidad internacional se marque verdaderos objetivos de desarrollo sostenible y que todos disfruten plenamente de los derechos humanos, como son el trabajo digno, la educación, la sanidad, la seguridad y la paz”.
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