El gobierno de Brasil socava la salud pública para defender los intereses privados
09 Junio 2017
Éste es especialmente el caso en Río Grande del Sur (RS), donde la Federación de los empleados de los establecimientos de salud de Río Grande del Sur – FEESSERS) representa a los trabajadores del sector.
En Brasil, el gobierno, que llegó al poder con un golpe político, está inmerso en una campaña para revocar los derechos sociales. No tiene ningún compromiso con los ciudadanos en general. El presidente Michel Temer ha congelado el gasto destinado a la salud para los próximos 20 años y, por lo tanto, a partir de 2018, el importe máximo de los gastos de salud será igual que el año anterior más la inflación.
Las empresas del sector privado se verán beneficiadas. Han empezado a captar nuevos clientes para sus planes de atención a la salud. Sin embargo, los ciudadanos se muestran cautelosos y la elevada tasa de desempleo (12,06% en el país, 27,3% en RS) ha hecho que muchas familias volvieran al SUS.
Mientras tanto, la campaña del gobierno para desmantelar el SUS supone que el recorte efectuado en el servicio público no permitirá que éste pueda satisfacer la demanda que generará el aumento del número de afiliados.
El ministro de salud, Ricardo Barros, ha pedido “la creación de un plan de salud más popular, que dé acceso a menos servicios que los permitidos con arreglo a la cobertura mínima obligatoria determinada por la Agencia Nacional de Salud Suplementaria (ANS), que sea menos costoso para los consumidores, los cuales también deberían aportar una contribución financiera al SUS”. Esto supone la privatización del sistema de salud universal y el fin de la atención médica gratuita para los brasileños.
Hay más de 3.000 centros de salud privados (planes de instituciones bancarias, cooperativas de médicos, cooperativas de dentistas, programas complementarios, clínicas, laboratorios, etc.) registrados en el estado de Río Grande del Sur.
En Brasil, el 75% de los pacientes son tratados en las “Santas Casas” y otros hospitales filantrópicos. La gestión de algunos hospitales y centros de salud filantrópicos ha sido subcontratada a cuartas partes (cuarterizada).
Esta proliferación de instituciones privadas está teniendo lugar al mismo tiempo que los sistemas de salud pública y las instituciones filantrópicas, como los hospitales de las Santas Casas, están siendo desmantelados. En el estado de Río Grande del Sur, el gobernador José Ivo Sartori siguió el ejemplo establecido por el gobierno federal cuando asumió el cargo en 2015. Su primera medida en el ámbito de la salud fue cancelar un programa de incentivos para los hospitales (IHOSP) que abarcaba obras de construcción, la adquisición de equipamiento y la modernización de las estructuras, y retrasar la transferencia de fondos estatales y federales.
Otro factor agravante es la reciente modificación a la Ley 8080 de 1990, que versa sobre la organización y el funcionamiento de los servicios de salud. En 2015, la Ley 13.097 modificó la Ley de 1990 para autorizar la explotación y la compra de los hospitales en general, así como de las instituciones filantrópicas, por parte del capital extranjero.
Además de permitir que las empresas transnacionales entraran en el sector privado de la salud, esta enmienda abrió el camino a la privatización a gran escala y sin precedentes del sector filantrópico. El efecto combinado de estos dos aspectos de la nueva ley es aumentar la comercialización del cuidado de la salud.
Algunos hospitales filantrópicos han sido comprados y ha habido un efecto de bola de nieve. Las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud se han deteriorado. Los empleadores han aumentado aún más la presión y han despedido a personal, pero los objetivos de “productividad” siguen siendo los mismos, con menos trabajadores.
Ha habido una reducción de la financiación y los administradores han empezado a retrasar el pago de los salarios (en algunos casos, los pagos a los trabajadores ya cumulaban atrasos) y a dejar de pagar la remuneración correspondiente a las vacaciones, el décimo tercer mes y las cargas sociales (p. ej. al FGTS). Los administradores también han comenzado a intimidar a los trabajadores y a erosionar las normas profesionales de manera sistemática.
Por otra parte, los establecimientos han comenzado a disminuir el número de camas y a reducir las vacantes de admisión, los centros médicos, los exámenes médicos complejos, las operaciones de carácter electivo e incluso han cerrado unidades de cuidados intensivos neonatales. ¿Cómo se han arreglado los trabajadores del sector de la salud en medio de este caos? Están sometidos a unos niveles crecientes de hostigamiento y perturbación de su vida personal y familiar. No obstante, están haciendo todo lo posible para garantizar que el trabajo se haga y para cumplir con su deber para con la población.
No ha habido una falta de acción. Sin embargo, el gobernador José Ivo Sartori nunca se ha tomado la molestia de reunirse con los trabajadores o escuchar lo que tienen que decir acerca de la crisis actual. Los sindicatos han celebrado numerosas reuniones, algunas con las organizaciones de empleadores. También han promovido la creación de foros de debate en el parlamento, han organizado manifestaciones, han distribuido folletos para explicar la situación y han convocado huelgas. No ha habido nada que haya tenido un impacto sobre el gobernador. En consecuencia, más de 100.000 trabajadores del sector de la salud viven en un estado de incertidumbre.
La eliminación de los servicios públicos y filantrópicos forma parte de una estrategia para privatizar los hospitales. Y a pesar de la actual crisis económica y política en Brasil, los grupos privados internacionales, como United Health/Amil y Rede D'or, están aumentando significativamente sus inversiones en el país; están preparando el desmantelamiento del sistema nacional de salud universalmente accesible, el SUS.
Éste es el triste panorama de la salud en Brasil y Río Grande del Sur. Las perspectivas para los próximos años no son alentadoras, pero FEESSERS y sus sindicatos afiliados permanecerán al lado de los trabajadores y del pueblo en su conjunto. Vamos a pedir responsabilidades a las autoridades y a exigir el respeto de los derechos de los trabajadores, entre los que se incluyen el pago puntual de los salarios y de las cotizaciones al seguro nacional. Y no dejaremos de exigir la prestación de unos servicios de salud para todos en Brasil.
Milton Kempfer, Presidente de la Federación de los empleados de los establecimientos de salud de Río Grande del Sur – FEESSERS