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Guatemala, Junio 28 del 2017
El día de ayer se hizo público un supuesto informe del USTR (Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos de América, por sus siglas en inglés), sobre la decisión del panel arbitral instaurado en el marco del tratado de libre comercio CAFTA-DR, que exculpa a Guatemala de violaciones de derechos fundamentales en el trabajo.
Hay que recordar que esta queja fue interpuesta hace nueve años por sindicalistas estadounidenses y guatemaltecos, y la decisión del panel llega seis años después de que iniciara el contencioso. El Panel encargado de la decisión estuvo formado por el canadiense Kevin Banks, el estadounidense Theodore Posner y el mexicano Ricardo Ramírez.
Lo que el panel analizó fueron las leyes laborales, el papel del Estado para hacer que se respeten efectivamente, el incumplimiento o inacción de manera sostenida o recurrente por parte de Guatemala y su efecto en el comercio entre ambos países, amparados en el Capitulo XVI del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Estados Unidos, América Central y República Dominicana (CAFTA-DR, por sus siglas en ingles).
En este informe, se menciona que Estados Unidos demostró que en ocho lugares de trabajo y con respecto a 74 trabajadores, Guatemala falló en dar protección laboral con órdenes judiciales, pero esos casos no constituyen un curso de inacción reiterado que afecte al comercio y por tanto que Guatemala dejara de cumplir con sus obligaciones bajo este marco regulatorio.
Si Guatemala perdía esta demanda laboral hubiera tenido que pagar una pena de aproximadamente US$ 15 millones, alrededor de Q 109 millones.
El Vice-Ministro de Trabajo, calificó el informe como “profundo y contundente” y aseguró que la decisión eleva la imagen del país respecto de sus políticas laborales y comerciales, lo que puede ayudar a una mayor atracción de inversiones extranjeras.
En opinión del representante sindical Rigoberto Dueñas, eso deja claro que solo importa el comercio y no el respeto a los derechos humanos fundamentales. Por ello, rechazan la decisión porque no contribuye al fortalecimiento de la legalidad y es un nefasto procedente que favorece la impunidad reinante en el país.
Así como los miembros de la Federación Estadounidense del Tratado y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO por sus siglas en inglés) afirman que esta decisión va “contra el sentido común. Lo que dice el informe es que Guatemala esta cumpliendo con sus obligaciones laborales a pesar de su historial de violencia contra sindicalistas y su fracaso en hacer cumplir con las protecciones laborales más básicas. La AFL-CIO añade que la queja debe demostrar que el Gobierno falla pero además que lo hace de manera sostenida o recurrente en el tiempo, pero sin definir nunca esos conceptos. Esto hace que el panel construya su propio estándar, que en este caso “es completamente irreal cuando los trabajadores han renunciado a la esperanza de que lograrán la justicia a través de procesos formales”.
La Coordinadora de Afiliadas de la ISP en Guatemala, condena esta decisión del panel arbitral, debido a que se apoya en un estándar que contrasta con la realidad que viven los trabajadores del país. Como muestra de ello, basta tomar en cuenta las últimas alegaciones que fueron presentadas durante la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, en Ginebra, este mismo mes de Junio, donde las afiliadas de la ISP se refirieron a dirigentes amenazados de muerte, dirigentes con procesos de despidos, procesos administrativos sancionatorios, dirigentes sindicales en prisión y la violación sistemática de la negociación colectiva, a la par que la Procuraduría General de la Nación (PGN) está estudiando la denuncia civil y/o penal de 14 pactos colectivos de igual número de organizaciones sindicales. Con esto queda demostrado que prevalece más el comercio que los derechos laborales básicos.
POR LA COORDINADORA DE ISP GUATEMALA
JOSE ARTURO RUIZ TRHAMPPE
REPRESENTANTE ISP GUATEMALA