En vista de los recortes cada vez mayores de los servicios públicos y los ataques a los derechos del personal del sector público en todo el mundo, los dirigentes de sindicatos de los sectores privado y público, las administraciones municipales y grupos de la sociedad civil convinieron en el empeño conjunto y sin precedentes de cooperar para promover las inversiones en servicios públicos de calidad, respaldadas por una política de imposición fiscal equitativa como solución clave de la crisis económica y como medio óptimo de edificar sociedades pacíficas, equitativas, democráticas y duraderas en el aspecto medioambiental.
