Divulgación del documento de investigación y acciones mundiales – 28 de abril de 2014
General
- Si los gobiernos no tienen nada que esconder, deberían dar a conocer el texto completo que está siendo negociado.
- Los gobiernos participantes deben facilitar la plena consulta y divulgación.
- La sociedad civil, los trabajadores, los sindicatos y los consumidores deberían saber cuáles son las nuevas leyes que sus gobiernos están negociando y deberían ser incluidos en el proceso de toma de decisiones.
- Los gobiernos locales y regionales, cuya autoridad democrática y reguladora podría verse seriamente afectada, deben ser ampliamente consultados.
- No se puede tolerar el impacto corrosivo de unas negociaciones tan amplias que se desarrollan fuera del proceso multilateral.
Los servicios públicos de calidad
- Los servicios públicos ampliamente definidos deben ser extraídos de todos los acuerdos comerciales.
- Los servicios públicos no tienen cabida en los acuerdos comerciales que se centran en los mecanismos de mercado y en el suministro con fines lucrativos.
- El mercado no proporciona energía limpia, agua, salud y educación a los más pobres de nuestras comunidades.
- Los servicios públicos no deberían estar incluidos en los acuerdos comerciales que entorpecen la capacidad de los gobiernos de proporcionar estos servicios.
- La prestación de servicios públicos de calidad requiere que los gobiernos tengan el mayor espacio político posible y todas las herramientas de reglamentación posibles.
- Con el incremento de los ingresos corporativos, que deberían aportar una proporción de impuestos equitativa para la financiación pública, debería ser más posible que nunca proporcionar unos servicios públicos de calidad universalmente accesibles.
La privatización
- Los acuerdos comerciales no deberían fomentar la privatización.
- Los informes indican que el TISA podría:
- bloquear la privatización en el futuro haciéndola legalmente irreversible;
- elevar los costes de la expansión de los servicios existentes o de la creación de nuevos;
- aumentar el poder de negociación de las empresas para bloquear iniciativas cuando se proponen o se crean nuevos servicios públicos
La reglamentación gubernamental
- El TISA no debería ampliar los requisitos de desregulación que ya existen en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), sino retrotraerlos.
- EL AGCS prohíbe muchas reglamentaciones en favor del interés público que se aplican por igual a las empresas nacionales y extranjeras con el fin de promocionar la estabilidad financiera, la seguridad de los consumidores, la salud pública, la calidad del medio ambiente y el acceso universal a la educación, el agua, la energía y los servicios de transporte.
Las obligaciones para los futuros gobiernos
- El TISA no debería maniatar a los futuros gobiernos elegidos democráticamente.
- El TISA no debería obligar a los gobiernos a cubrir automáticamente todos los "nuevos servicios", entre los que se incluyen aquellos que todavía no se han ni siquiera inventado.
Las reglamentaciones sectoriales
- Estas negociaciones están destinadas a desarrollar plantillas de reglamentación vinculantes para una serie de sectores de servicios con el fin de facilitar la entrada de los proveedores comerciales extranjeros.
- Los negociadores comerciales tienen el mandato fundamental de incrementar el comercio exterior y la expansión del comercio.
- Los negociadores comerciales no deberían tener autoridad para negociar las reglamentaciones sectoriales –ya que éstas están diseñadas para respaldar las reglamentaciones en favor del interés público que protegen a los consumidores, a los trabajadores o a nuestro medio ambiente.
- El TISA no debería obligar a los gobiernos en ámbitos no discriminatorios.
- Las amplias excepciones a los servicios públicos deben ser hechas en virtud de estas disposiciones –y no ser determinadas por pruebas de necesidad u otros requisitos en favor del mercado que benefician a los proveedores de servicios mundiales.
La lista negativa
- Una lista negativa significa que cualquier servicio público o zona de reglamentación que un gobierno descuida de identificar para su protección, incluso sin darse cuenta, puede ser cuestionado como sujeto a las disposiciones en materia de libre comercio.
Los trabajadores migrantes
- Los trabajadores no son mercancías y sus movimientos no deberían estar reglamentados por acuerdos comerciales.
- A diferencia de las mercancías y los servicios, las personas necesitan instituciones que protejan sus derechos humanos.
- Sólo el proceso de establecimiento de normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de carácter tripartito es competente para reglamentar la migración laboral.
La estabilidad financiera
- Las reglas de desreglamentación y liberalización de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el sector de los servicios financieros establecieron el escenario para la crisis financiera mundial.
- El G-20, la mayoría de los gobiernos e incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) reconocen la necesidad de una nueva reglamentación financiera.
- No se debería desreglamentar o liberalizar aún más los servicios financieros en el marco de la OMC.
- Las normas del AGCS existentes y propuestas deberían ser revisadas y modificadas para permitir que todos los países tengan espacio político para utilizar las medidas macroprudenciales, tales como:
- los controles de capital;
- los impuestos a las transacciones financieras;
- otras medidas de regulación financiera y cautelares.
Para mayor información: www.world-psi.org/es/TISA