Pronunciamento de la ISP sobre la UNCSW62

PRONUNCIAMIENTO DE LA ISP SOBRE LA SESIÓN 62 DE LA COMISIÓN DE LA CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER DE LAS NACIONES UNIDAS

La CSW62 finalizó con el desarrollo por parte de los gobiernos de un conjunto de Conclusiones Acordadas, que fracasaron en abordar las mayores amenazas que enfrentan las mujeres y niñas que viven en entornos rurales, sin embargo, pueden considerarse como un logro defensivo en un contexto global de regresión y ataque patriarcal hacia los derechos humanos de las mujeres.  En 2012, cuando los gobiernos abordaron el tema de los derechos de las mujeres rurales, no lograron siquiera construir acuerdos, lo que hacen aparecer a las conclusiones de este año como un logro, a pesar de su limitado resultado.

Los sindicatos y las organizaciones feministas hicimos varias propuestas y cabildeo sobre conceptos de política transformadora antes y durante las negociaciones.  Mientras grupos feministas sintieron que se logró mucho en torno a derechos sexuales y reproductivos, a pesar de los retrocesos globales y la presencia de fuerzas profundamente conservadoras, mucho menos se alcanzó en relación a los derechos económicos, incluyendo los derechos laborales.  El informe del grupo de expertos elaborado para la CSW recomendó abordar las barreras estructurales creadas por las políticas económicas neoliberales, incluyendo los acuerdos comerciales, el poder corporativo, la privatización, el acaparamiento de tierras, la evasión y elusión fiscal; así como el cambio climático.  Aspectos todos ellos que fueron o borrados o tratados de una manera superficial y reduccionista.

Algunos de los resultados claves cubiertos por las conclusiones acordadas incluyen:

• Reconocimiento de los sindicatos como contribuyentes e interlocutores relevantes en el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas que viven en áreas rurales;
• Inclusión de la agenda de trabajo decente como fundamental para el empoderamiento de las mujeres en el área rural, refiriendo claramente a la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.  Mientras hubo el pleno reconocimiento de la libertad sindical, la asociación pacífica y la negociación colectiva, las menciones específicas a los derechos laborales de las trabajadoras migrantes fueron eliminadas del texto final, así como referencias a otros grupos específicos de mujeres trabajadoras;
• El año pasado la CSW realizó un gran avance en el reconocimiento de la importancia de una transición justa de género en el contexto del cambio climático.  Hoy hubo decepción, ya que los gobiernos no lograron incluir la necesidad de una justa y equitativa transición de las economías y la fuerza de trabajo, dado el inmenso impacto del cambio climático en las mujeres que viven en áreas rurales;
• La importancia del financiamiento de los servicios de salud fue incluida, pero el lenguaje no alcanzó tan lejos como los compromisos de la Agenda 2030, que requieren a los Estados a “incrementar sustancialmente el financiamiento, el reclutamiento, desarrollo, formación y retención de la fuerza de trabajo en el sector salud”;
• Con decepción vivimos que nuestra propuesta relativa a trabajadoras comunitarias de la salud no fue considerada en las conclusiones acordadas.  Necesitamos trabajar en el futuro con gobiernos claves para hacer de esta una prioridad el año próximo;
• Los gobiernos tomaron una estrecha y perjudicial visión sobre la igualdad salarial, permitiendo la posibilidad de escoger entre salario igual por trabajo igual o salario igual por un trabajo de igual valor.  El Convenio 100 de la OIT claramente sustenta el concepto más amplio, dado que las principales causas de la brecha salarial de género provienen de la histórica división sexual del trabajo y la subsecuente subvaloración del trabajo tradicional de las mujeres;
• Mientras existen referencias a la falta de acceso a los servicios públicos en el texto, hay muchas menciones a servicios claves sin hacer referencia a la provisión pública de los mismos.  Infraestructura pública, agua y saneamiento públicos, energía pública, educación pública, servicios públicos de cuidado y de cuidado infantil no se especifican.  Cuando se habla de salud pública, esta mención está más referida a las políticas y no a los servicios.  Mientras que, por otro lado, el sector privado cobra mucha relevancia y la idea de “revitalizar” la Alianza Global para el Desarrollo Sustentable (como se codifica a las alianzas público-privadas) fue resaltada en el último minuto;
• La ISP está segura de que los derechos humanos de las mujeres rurales y la implementación de la Agenda 2030 sólo será posible con un compromiso por servicios públicos que respondan al género.  Cada uno de los aspectos que componen este concepto estuvieron presentes, pero nunca juntos.  Se incluyeron referencias a: transversalización de la perspectiva de género en los procesos de toma de decisiones y gestión de los recursos naturales; estrategias para la adaptación y mitigación del cambio climático; políticas económicas y sociales con enfoque de género; inversión en la provisión y acceso a una energía moderna de calidad, resiliente y sensible al género; y el acceso universal a saneamiento y agua de consumo humano; y,
• En relación a la movilización de recursos financieros para los derechos de las mujeres rurales hubo un fuerte mensaje de la necesidad de contar con sistemas tributarios progresivos y modernos, mejorar la política y la recaudación fiscal.  No así en lo referente a combatir los flujos financieros ilícitos, la evasión y elusión fiscal; los paraísos fiscales y jurisdicciones secretas, manipulación de precios, competencia fiscal y estructuras corporativas ilusorias.

Esta reflexión sobre los resultados y el proceso de la CSW62 ayudará a la ISP y sus afiliadas a prepararse para las negociaciones del próximo año, centradas en “Sistemas de protección social, acceso a servicios públicos e infraestructura sustentable para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas”