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Boletín quincenal de noticias de la Internacional de Servicios Públicos sobre la privatización de los servicios públicos de todo el mundo
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El Parlamento Europeo debatió el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA), y la privatización constituyó un tema clave. En nombre del Grupo de Socialistas y Demócratas (S&D), David Martin (Reino Unido) sostuvo que quería “asegurarse de que nada en el CETA impidiera que los países prohíban la privatización”. Su compañera del S&D, Marie Arena, (Bélgica) se mostró mucho más crítica, y consideró inútil la creación de un mecanismo de arbitraje de inversiones que será financiado por los contribuyentes. Además, criticó el uso de ‘listas negativas’ para la liberalización de los servicios, cuyas cláusulas suspensivas no permitirán que los servicios que se hayan privatizado se devuelvan al sector público. [Bulletin Quotidien Europe, 2 de septiembre de 2016].
El propósito de esta lista electrónica de APP mundial, promovida por Jubilee Debt Campaign UK, es fortalecer la actividad de la sociedad civil colectiva mundial para hacer frente a la amenaza que el aumento de APP plantea a los servicios públicos y a las finanzas públicas. La lista tiene por objeto proporcionar un espacio en línea a la sociedad civil y a investigadores de todo el mundo que se preocupan por la propagación de las Asociaciones Público-Privadas (APP) para compartir información, estrategias y recursos, y coordinar actividades conjuntas. La lista está restringida a la ‘sociedad civil de interés público’, en general, que comprende a activistas, militantes, investigadores y analistas que trabajan para afrontar la amenaza que supone el aumento de APP para los servicios públicos y las finanzas públicas. La lista NO está abierta a representantes de gobiernos, empresas o medios de comunicación.
Para sumarse a esta lista, rellene el formulario de google.
El Banco Africano de Desarrollo ha nombrado a Helen N'Garnim Ganga, ciudadana chadiana, Consejera General. Las responsabilidades que asumió cuando ejercía en el sector privado consistían en financiar varios proyectos, la minería y la privatización.
Los trabajadores de la Compañía de Electricidad de Ghana suspenden su sentada en contra de la privatización, y mantienen conversaciones con el gobierno. “Ellos [el gobierno] nos han invitado, así que acudiremos y presentaremos nuestros problemas esperando recibir una respuesta favorable, tras lo cual nos volveremos a reunir y tomaremos una decisión”, afirmó el lunes el Secretario Nacional del sindicato de Trabajadores de ECG, Patrick Tetteh Binyeme, a Emefa Apawu en el programa de noticias Class FM's 505. La huelga fue organizada por la dirección de PUWU, declarando que le pareció irrespetuosa la actitud de la Autoridad de Desarrollo del Milenio (MIDA) en lo que se refiere a sus comentarios y acciones sobre la manifestación nacional del sindicato contra la privatización. No obstante, la Comisión Reguladora de Servicios Públicos ha prometido sancionar al personal y a la dirección. “Por otra parte, el Secretario Nacional de la Asociación de Directivos de ECG, Patrick Binyemi, ha puntualizado que la suspensión de servicios a nivel nacional, que comenzó el pasado viernes, no constituye una huelga”.
Una reunión de dos días de duración de los defensores de la sociedad civil vincula la seguridad alimentaria con la transformación estructural y la privatización en África Occidental. Según el Jefe de Gabinete de Ministros de Educación Superior e Investigación Científica, Abdoulaye Diakité, la elección de gobiernos e instituciones internacionales desde 1996 ha estado encaminada a favorecer "la globalización y la liberalización, que intensifican las causas estructurales del hambre y la malnutrición, causan la privatización de las instituciones de respaldo social y económico, y “abren la puerta a la monopolización y la concentración de los recursos y los procesos de producción en manos de unas cuantas grandes corporaciones”.
La Environmental Rights Action/Friends of the Earth Nigeria (ERA/FoEN), un grupo de la sociedad civil, ha descrito la creación de tribunales especiales por el gobierno del Estado de Lagos para procesar a los “proveedores de servicios de agua potable ilegales” como una tapadera para la promoción de la privatización del agua. El Dr. Babatunde Adejare, Comisario de Medio Ambiente, anunció la implantación de estos tribunales en un retiro de dos días organizado para los funcionarios del sector del agua, cuyo tema era: ‘Lograr un sector de agua seguro y sostenible en el Estado de Lagos'. Adejare, que fue representado por Babatunde Hunpe, asesor especial del gobernador en materia de medioambiente, desestimó los informes que aseguraban que el Estado había previsto privatizar el agua, pero sorprendentemente añadió que resultaba necesaria una asociación público-privada. En una declaración que se publicó en Lagos, ERA/FoEN puntualizó que la creación de los tribunales de aguas constituía una violación "inaceptable" del derecho al agua potable de los ciudadanos de Lagos y que carecía de respaldo legal en cualquier lugar de Nigeria.
Sudáfrica
La privatización de terreno público en Ciudad del Cabo profundizará las divisiones de clases y raciales. “Esta tendencia de alzamiento de bienes cuenta con poderosos aliados. Los promotores privados se han hecho cada vez más íntimos de políticos y funcionarios de alto rango. El escándalo en torno a Gary Fisher, que asume dos roles, funcionario público en el gobierno provincial y magnate del sector inmobiliario, y a sus notorios intereses personales en cuanto a la eliminación del centro de Tafelberg, es un ejemplo de ello. (...) Debemos preguntarnos, ¿quiénes son los guardianes de estos recursos, y cómo están siendo asignados?”
Heinrich Volmink, ministro adjunto de Salud en la sombra, ha escrito una carta al Presidente del Comité de la cartera de Salud solicitando que se lleve a cabo una investigación parlamentaria sobre la situación de los profesionales de enfermería. “De acuerdo con el Consejo de Enfermería de Sudáfrica (SANC), la cifra nacional de enfermeras y parteras registradas (que han cursado el programa de formación de cuatro años) era de 3 291 en 2015. No obstante, en un documento estratégico de RHS, el Departamento Nacional calcula que en 2010 ya existía en el sector público una escasez de profesionales de enfermería de 44 780. El déficit de personal de enfermería simplemente no podrá colmarse si persiste este ritmo tan lento de crecimiento”.
Sudáfrica
El Sindicato de Trabajadores Municipales de Sudáfrica (SAMWU) ha vencido en su lucha por evitar la privatización de Pikitup. El nuevo alcalde de Johannesburgo se retracta de una promesa de privatizar los servicios de recogida de basura después de que DAMWU, el Congreso de Sindicatos de Sudáfrica (COSATU, por sus siglas en inglés) y los Combatientes por la Libertad Económica (FEP, por sus siglas en inglés) se opusieran públicamente a la idea. El 30 de agosto, Sizwe Pamla, el portavoz nacional de COSATU, sostuvo que el sindicato se oponía a la privatización de los servicios públicos porque “conducirá a unos servicios de calidad menguados e inferiores para las personas desfavorecidas, que no podrán pagar los servicios prestados por o mediante intereses privados. Esto entrañará el aumento de precios de los servicios básicos, lo que afectará negativamente a los desfavorecidos y también limitará la ampliación de servicios sociales y municipales básicos a los pobres”.
La Confederación Empresarial Conect solicita la “privatización de empresas que participen en el sector competitivo”. Asimismo, hizo un llamamiento al gobierno para abordar la inquietante “evolución de los salarios que amenaza” a los sectores público y privado. No obstante, Sami Tahri, portavoz de la federación sindical UGTT, declaró que la central obrera “está en contra de la política de austeridad y la privatización de algunas empresas públicas”, y que se opondrá a cualquier programa del gobierno que no revista un aspecto social.
La encuesta popular sobre la privatización, puesta en marcha por la Internacional de Servicios Públicos como iniciativa conjunta de numerosos sindicatos australianos, tales como CPSU, CPSU-SPSF, NSWNMA, ASU y ETU, en colaboración con Per Capita, Action Aid Australia y ACTU, ha comenzado con audiencias públicas en toda Australia. La encuesta concluirá en Canberra, el 27 de octubre.
“El gobierno de Turnbull ha encargado a la Comisión de Productividad llevar a cabo una investigación sobre cómo privatizar aún más nuestros servicios públicos, sin analizar si ceder el control de nuestros servicios a las empresas responde a los intereses de todos los australianos. Creemos que las comunidades deben opinar sobre cómo se gestionan nuestros servicios, y en beneficio de quién. Por este motivo hemos impulsado la encuesta popular sobre la privatización. Queremos iniciar un debate nacional sobre la repercusión de la privatización, y hablar directamente con las comunidades sobre los servicios que necesitan”.
El editor político federal del diario West Australian, Andrew Probyn, ha obtenido el premio Periodista del año de la Federal Parliamentary Press Gallery por sus “series de historias sobre los planes del gobierno de Turnbull de privatizar el sistema de pagos para Medicare. La historia de febrero reveló que habían avanzado los planes para externalizar los pagos gubernamentales para los beneficios y copagos de Medicare. Los laboralistas consiguieron sacar provecho de esta historia de externalización para llevar a cabo una campaña más amplia destinada a advertir sobre los cambios que se producirían en Medicare con un gobierno de coalición, lo que dio lugar al término ‘Mediscare”.
La contratación informática municipal debe realizarse con cuidado y diligencia, y puede ser un asunto arriesgado. Una auditoría forense encontró que el Ayuntamiento de Liverpool podría haberse visto expuesto al riesgo crediticio, a una deficiente relación calidad-precio y al riesgo de reputación por adoptar la medida de externalizar algunos servicios a una empresa privada. El contrato subcontrata algunos servicios de atención al cliente y de gestión, y el Sr. Wulff, que supervisó un contrato similar mientras trabajaba en el Ayuntamiento de Ipswich, Queensland, en 2007, sostuvo que la medida mejoraría la calidad del servicio prestado a la comunidad. No obstante, una auditoría independiente realizada por Prosperity Audit Services, obtenida por el ABC, ha revelado ahora varias limitaciones en el contrato que pueden dejar al Ayuntamiento desprotegido. “Basándonos en nuestra investigación, parece que una serie de deficiencias puede haber expuesto al Ayuntamiento de Liverpool a ciertos riesgos prevenibles”, según relata el informe.
En el marco de una huelga nacional por los derechos laborales, activistas de diferentes sindicatos llevaron a cabo una protesta en la ciudad [de Gubbi]. Dirigiéndose a los manifestantes, el presidente del taluk de CITU, Ajjappa, declaró que “el Centro y el Estado deben tomar medidas para proteger los intereses de los agricultores y los trabajadores. Asimismo, presionó al Centro para que no privatizara las unidades del sector público. Protestas similares fueron observadas en otros centros taluk del distrito".
Kolhapur Municipal Transport (KMT) externalizará los servicios de lavado y pintura de sus autobuses y de reparación de tapicería, pero niegan que se trate de privatización. “La decisión de subcontratar ha sido tomada después de varias rondas de conversaciones con el comité y los empelados de transporte”.
Cuando el Estado de Johor se enfrenta a una crisis del agua, el Sultán Ibrahim Sultan Iskandar afirma que el mayor error que jamás ha cometido Johor ha sido privatizar la empresa de agua Syarikat Aire Johor. El problema es la pérdida de control por el sector público, la sobrevaloración y la distribución. “El gobernante señaló que había industrias en Pasir Gudang que consumían una gran cantidad de agua, que ascendía a casi 4 millones de ringgits malasios de agua al mes. 'Ellos obtienen agua, pero la urbanización de al lado no tiene acceso al agua. ¿Qué le parece esto a la opinión pública? Simplemente no se puede transferir el agua de un río a otro”.
Un Día de Acción Nacional afirma los derechos democráticos de los neozelandeses y apoya iniciativas para construir una sociedad más sostenible y más justa. Esta acción es respaldada por organizaciones de la sociedad civil, tales como NZ Council of Trade Unions (CTU), Public Services Association (PSA), FIRST Union, Greenpeace, 350.org, Oxfam Nueva Zelanda, SAFE for Animals y It's Our Future. Barry Coates, coordinador nacional de It's Our Future y del Día de la Acción, sostiene que “el gobierno está ofreciendo ventajas fiscales a las multinacionales y a las personas pudientes, y planificando la privatización de los servicios sociales. Además, está ratificando el Acuerdo de Cooperación Trans-Pacífico (TPP), que otorgaría nuevos derechos a las empresas extranjeras para demandar a nuestro gobierno por leyes y políticas acordadas democráticamente, y para anular los derechos de los tiriti”.
La privatización está ganando terreno en el gobierno provincial de Punjab, dado que “el gobierno provincial transfiere cada vez más sus funciones y las de los gobiernos locales a empresas sociedades anónimas creadas recientemente. (...) Las normas y reglamentos financieros que rigen los departamentos gubernamentales tradicionales no se aplican a estas empresas, a pesar de que están manejando fondos públicos de decenas de miles de millones de rupias”.
El gobierno prevé privatizar las operaciones de empresas de propiedad estatal o controladas por el Estado despojándolas de sus funciones comerciales, afirmó el secretario de Finanzas, Carlos Domínguez III. “Este sostuvo que el gobierno estaba analizando la posibilidad de dividir las funciones comerciales y normativas de varias GOCC, incluyendo la Autoridad Nacional de Alimentos, y proseguir la privatización de los activos energéticos del gobierno gestionados por Power Sector Assets and Liabilities Management Corp. Continuaremos el programa de privatización, especialmente en PSALM, donde se encuentran los activos [energéticos]. También estamos dando un gran impulso a la privatización, declaró Domínguez a la prensa durante la audiencia del Comité de Coordinación para el Presupuesto de Desarrollo interinstitucional en la Cámara de Representantes”.
El nuevo presidente Michel Temer ha prometido impulsar la privatización y recortar los gastos sociales, ha advertido la Confederación Sindical Internacional (CSI). "Los derechos laborales fundamentales también están siendo atacados por el gobierno, y las centrales sindicales nacionales del país, CUT, FS, UGT / CNPL, CSB, CTB y NCST se han comprometido conjuntamente a luchar contra los planes de reventar el Código del Trabajo". Temer ha prometido privatizar “todo lo que sea posible”.
Los trabajadores de Ecopetrol, la mayor empresa petrolera de Colombia, han votado secundar la huelga que tendrá lugar la última semana de octubre y la primera de noviembre para protestar contra la privatización y defender los derechos de los trabajadores directos y contratados. La empresa rechaza la huelga. [Portafolio, 7 de septiembre de 2016] “Hemos decidido convocar a los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados a unas votaciones personales, secretas e indelegables para definir si están de acuerdo o no con que la USO lidere y emprenda una huelga de protesta contra Ecopetrol”, declaró el presidente del sindicato César Loza a los periodistas. Las privatizaciones, las ventas de empresas filiales y de campos de producción de petróleo y los retrasos en los trabajos de modernización de la refinería de Barrancabermeja son las razones para la convocatoria de una eventual huelga, aclaró Loza.
La privatización puede estar introduciéndose en los servicios municipales. Cuanto más dinero extranjero entre en La Habana, el individualismo y la diferencia entre ricos y pobres no hará sino aumentar. El número de cubanos que trabajan en el sector privado se eleva a casi medio millón – tres veces más que en 2008, y existe una nueva generación de nuevos ricos que distingue a los que se benefician de los salarios gubernamentales.
El Foro Permanente Ciudadano por la Salud de los Pueblos mantiene un debate sobre las reformas necesarias en el sector de la salud. Juan Carlos Verdugo, asesor del Ministerio de Sanidad, señaló que "el Ministerio va a impulsar un proceso muy amplio de participación para una reforma pública, no de privatización, basada en el derecho a la salud con el reconocimiento de toda la sociedad guatemalteca".
Se adopta una legislación para la derogación total de la “reforma” educativa y su normativa secundaria. El dirigente senatorial del PT, Manuel Bartlett, sostuvo que el programa "es un proyecto impulsado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras organizaciones internacionales, que infringe el estado de derecho para promover la ya avanzada privatización de la educación".
Panamá
La Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal) denunció que existen niveles de desabastecimiento de medicamentos e insumos en todas las unidades de salud del país no vistos ni siquiera durante la crisis provocada por la invasión norteamericana a Panamá, el 20 de diciembre de 1989., y que en octubre estallará una crisis en el principal hospital de Panamá. Otros elementos de la crisis, según Comenenal, son el despilfarro por la privatización los servicios de la CSS y la insuficiencia de recursos.
Estados Unidos
Continúan las negociaciones informales entre los funcionarios de Massachusetts, Teamsters Local 251 y Fall River, en torno a la privatización de la recogida de basura. En julio, el Departamento de Relaciones Laborales "notificó al sindicato que, basándose en las pruebas presentadas, había encontrado una causa probable que hacía pensar que podían haberse producido violaciones de la ley por parte del municipio y que se consideraba la denuncia presentada por los trabajadores sanitarios y del sindicato como un caso de nivel 1”, y accedió a la solicitud del sindicato de celebrar una audiencia anticipada en un plazo de tres a seis meses desde que se emitió la denuncia.
A raíz del severo discurso pronunciado por Donald Trump en materia de inmigración, El New York Times advierte de que cualquier detención masiva de inmigrantes indocumentados supondría “un regalo para la industria penitenciaria privada con fines lucrativos y se asegurará de que ninguna detención, incluso las falsas, pueda servir de trampolín a la deportación. Steven Rosenfeld de Alternet cita un cálculo realizado por el conservador Foro de Acción de América, que afirma que con el plan de Trump “el número de camas para los inmigrantes detenidos aumentará de 34 000 a 348 831 y que para poder trasladar físicamente a todos los inmigrantes indocumentados fuera del país, el gobierno tendrá que fletar un mínimo de 17 296 vuelos y 30 701 trayectos en autobús al año”. El New York Times publicó hace poco un editorial solicitando a la Administración de Obama que no espere a que se presente un estudio en noviembre, y que ponga fin inmediatamente al uso de empresas con fines lucrativos para la detención de inmigrantes. "Habrá que contestar a la pregunta de si los contratos concluidos con centros penitenciarios privados deben cancelarse o simplemente no renovarse, o de si Seguridad Nacional debe disponer de calabozos estatales o comarcales, o gestionar los suyos propios. Pero, en primer lugar, la Administración debe plantearse por qué encarcela a tantos inmigrantes que no constituyen una amenaza para la seguridad, que no están ahí para ser castigados, que en muchos casos son refugiados, y que son madres de niños pequeños o niños pequeños".
La afiliada de la ISP AFSCME aplaude la decisión del Departamento de Justicia de poner fin al uso de empresas privadas con fines lucrativos para gestionar las prisiones federales estadounidenses. El anuncio, emitido por la Fiscal General Adjunta, Sally Yates, se publicó en una nota comunicada por el Washington Post. Yates expresó que, en comparación con las instalaciones explotadas por la Agencia Federal de Prisiones, las prisiones privadas "simplemente no ofrecen el mismo nivel de servicios correccionales, programas y recursos; no reducen gastos considerablemente; y, como se indicó en un reciente informe elaborado por la Oficina del Inspector General del Departamento, no mantienen el mismo nivel de seguridad y protección".
Tal y como se predijo en un informe publicado por el Progress Michigan en agosto, los problemas con el servicio de comidas privatizado en las prisiones de Michigan persiste con el nuevo proveedor de servicio de comidas no estatal. El Detroit Free Press informó de que se le encontró droga a un trabajador de servicio de comidas de la empresa Trinity en una prisión de Ionia. Anita Lloyd, portavoz del sindicato de Michigan Corrections Organization, declaró que los casos de contrabando de drogas, y de trabajadores de cocina que tienen demasiada confianza con los internos persisten con Trinity, la cual sustituyó a Aramark como proveedor de comidas de la prisión en septiembre. Aramark comenzó la privatización de este servicio en diciembre de 2013, sustituyendo a cerca de 370 funcionarios del estado. Desde que Trinity tomó las riendas de este servicio, ha tenido lugar una serie de protestas pacíficas en las cárceles con respecto a la calidad y la cantidad de comida.
"No hay duda de que los fracasos de la Administración se reproducirán a menos que se apliquen un control y una responsabilidad más exhaustivos a todas las privatizaciones de Michigan", puntualizó Lonnie Scott, director ejecutivo de Progress Michigan.
La Administración Nacional de Educación Pública tiene en sus planes la construcción de 165 nuevos centros de enseñanza a través de la modalidad de Participación Público-Privada (PPP). “Los primeros pliegos de licitación se están redactando y estarán listos para el mes de octubre. (…) Pero una cosa son los proyectos y otra la realidad. La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES), que sabe de librar batallas y ganarlas, advierte de que el Proyecto habilita una ‘mercantilización’ de la educación, y que es parte de una ‘ola privatizadora’ en toda América Latina. Y está a la espera de una investigación liderada por docentes de la Universidad de Barcelona, que planean presentarla en el mismo mes de octubre, cuando se abra la convocatoria.
Los sindicatos se resisten a los intentos de privatización de la empresa de telecomunicaciones de propiedad estatal, Cyta. El sindicalista del SEK, Elias Demetriou, comentó antes en la radio CyBC que los sindicatos han solicitado al ministro que respalde activamente los esfuerzos de los trabajadores por maximizar el valor de la organización, manteniendo el estatus de la entidad pública. Demetriou afirmó que los sindicatos respetan la posición del ministro, pero añadió que "como sindicato nosotros no estamos de acuerdo y, como he dicho, los partidos parlamentarios están de nuestro lado, por lo que creemos que hemos ganado esta batalla'".
Una concejala de Dublín está consternada ante el hecho de que la privatización de la recogida de desechos ha conducido a una degradación de la clasificación de algunas partes de la ciudad en la encuesta realizada por Irish Business Against Litter de 2016. "Hablando desde Ballymun esta mañana [la concejala municipal de Dublín, Noeleen Reilly] afirmó: 'Estoy totalmente decepcionada al ver a nuestra comunidad destacada negativamente en este informe. Por desgracia, no nos sorprende dada la cantidad de observaciones que hago al Ayuntamiento de Dublín con respecto a los vertidos ilegales. Hemos tenido serios problemas con los vertidos ilegales desde que el Ayuntamiento de Dublín privatizara los contenedores".
La nueva candidata del gobierno para ministra de Finanzas, Mateja Vranicar Erman, ha "prometido una mayor consolidación de las finanzas públicas, más privatización y recortes burocráticos".
Dos concejales de South Hams han solicitado que se replanteen los planes del Ayuntamiento de privatizar los servicios municipales. En una reciente reunión del Ayuntamiento, el concejal Birch pidió al Consejo que suspendiera los planes de privatización de los servicios municipales, alegando que carecía de autoridad o de un mandato de la comunidad para desarrollar tal proyecto. (...) "Me preocupa mucho que South Hams prevea gastar 300 000 £ del dinero de los contribuyentes en un proyecto para transferir el 95 por ciento de su personal y la mayor parte de sus servicios a una sociedad mercantil privada sin consultarlo con la comunidad".
Reino-Unido
Un plan conservador para prohibir que los municipios gestionen sus propios servicios de autobuses ha sido rechazado por los votantes. Cat Hobbs, director de We Own It, declaró: "Sabemos que la titularidad pública local de autobuses puede funcionar, ya que ciudades como Reading y Nottingham ya están gestionando sus autobuses y logrando un gran éxito. El plan del gobierno de prohibir que los ayuntamientos monten sus propias empresas de autobuses es completamente ideológico. Los ayuntamientos deben estar autorizados a gestionar directamente los autobuses si esa es la mejor solución. Tras casi 30 años de desreglamentación, la privatización de autobuses ha dado lugar a una reducción del número de pasajeros, recortes de servicios e importantes aumentos de las tarifas en la mayoría de las zonas periféricas de Londres. Es hora de que los autobuses velen por las personas, no por los beneficios".
Reino Unido
Los sindicatos acogen favorablemente la decisión del gobierno conservador de abandonar sus planes de privatizar el servicio de registro catastral. El secretario general del sindicato Public and Commercial Services, Mark Serwotka, aseguró: “Hace dos años, y de nuevo en esta ocasión, demostramos que vender el registro catastral sería estúpido y equivocado, y que sirve únicamente a las empresas privadas que pretenden beneficiarse de los datos de los propietarios”. “Celebramos la pausa del gobierno, pero el plan debe ser desechado en su totalidad, y no volver a ver la luz nunca más, y el registro catastral debe seguir siendo totalmente público”.[Press Association National Newswire, 7 de septiembre de 2016].
La privatización de los servicios de transporte de pacientes deja al público sumido en medio de un conflicto comercial entre contratistas, y, además, los trabajadores no están cobrando. “Ayer The Argus se vio desbordado por las llamadas de empleados de Docklands Medical Services, una de las empresas de ambulancias contratadas por Coperforma para recoger a los pacientes. Estos afirmaban que se les debía no solo el sueldo del mes pasado, sino miles de libras acumuladas durante los últimos meses. Steve Barton, 50 años, de Hastings, puntualizó: "Me deben algo menos de 1 000 £ de atrasos salariales y horas extras trabajadas". Steve trabajó para el Servicio Nacional de Salud como conductor de ambulancia de la costa sureste durante nueve años y fue trasladado a VM Langfords cuando se formalizó la privatización de Coperforma en abril.
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