Los servicios de apoyo escolar y la tendencia del Banco Mundial a la privatización

La privatización de la educación pública amenaza con desintegrar las condiciones institucionales que garantizan el acceso universal y que impulsan el nivel escolar de los estudiantes. En1960, la UNESCO promulgó su Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza[1] que reconoce el derecho universal a la educación. En 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU promovían el Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.[2]El derecho a una educación pública de calidad para todos se ve ahora amenazado por la tendencia mundial a privatizar las instituciones educativas, incluidas las actividades auxiliares administrativas y las profesionales y técnicas, esenciales para que se pueda impartir una educación pública de calidad y de acceso universal.

El Grupo del Banco Mundial adopta el afán por privatizar. El Banco Mundial presenta su “Economía de la educación” como un enfoque responsable para responder al “exceso de demanda” de educación en los países en desarrollo. Este enfoque sirve para justificar la tendencia del Banco Mundial a la privatización de la educación pública. Según el mismo,

“El principal argumento para los programas de asociaciones público-privadas (APP) es el potencial papel del sector privado para ampliar el acceso equitativo y mejorar los resultados del aprendizaje. En los países de baja renta el exceso de demanda de escolarización da lugar a una oferta privada cuando el estado no puede sufragarla para todos. Sin embargo, en los países con rentas altas, la demanda "diferenciada" lleva a una demanda de escolarización privada, puesto que una clientela sofisticada demanda diferentes tipos de escuelas. Mediante la financiación por parte de la demanda y la contratación de entidades privadas para prestar los servicios auxiliares, los gobiernos pueden ofrecer mejores opciones a los padres y darles una oportunidad de participar plenamente en la escolarización de sus hijos”.[3]

El Banco Mundial no documenta de forma efectiva su argumento de que el sector privado puede ofrecer de forma eficiente la educación pública y los servicios auxiliares.

Respecto a los servicios auxiliares de la escolarización, el Banco Mundial sostiene que

“Las actividades no docentes, incluidos el mantenimiento de edificios, el transporte de alumnos y los servicios de comedor, a menudo son muy costosos para los centros públicos. En los pocos casos en los que se han realizado buenos análisis de costes, con frecuencia se ha concluido que estos servicios cuestan mucho más en los centros públicos que en los privados (Banco Mundial 2009:10).”

El Banco Mundial menciona “buenos análisis de costes”, en los informes de 2006 y 2009, pero no aporta ninguna fuente primaria o secundaria que respalde su afirmación de que los servicios auxiliares de las escuelas cuya gestión es pública no son eficientes. Es más, los argumentos del Banco Mundial se basan casi exclusivamente en su estudio de Colombia de 2006. Pero la metodología de este estudio gira en torno a la contratación privada de servicios de educación para aumentar la cobertura (número de matrículas) y no compara los costes o la calidad de los servicios auxiliares gestionados por centros privados y públicos colombianos. No hay ninguna prueba en los informes del Banco Mundial de 2006 y de 2009 que indique que la externalización de los servicios de apoyo escolar disminuya los costes, aumente la calidad, mejore el nivel escolar o resulte en mayor transparencia de los sistemas de educación pública.

Peor aún, el Banco Mundial sostiene que se ahorra en los costes porque los subcontratistas pueden contratar personal no sindicalizado (Banco Mundial 2009:10). El Banco Mundial no hace ningún esfuerzo por investigar el impacto de contar con trabajadores sindicalizados en la eficiencia y en la calidad de los servicios de apoyo escolar o en el nivel académico de los estudiantes. De hecho, su enfoque en el caso de Colombia sugiere que el banco ignora las sistemáticas violaciones de los derechos de los trabajadores de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo en su defensa de las asociaciones público-privadas en la educación.[4]La tendencia del Banco Mundial a la privatización se basa en resultados deficientemente documentados y refleja una negligencia institucional de los vínculos fundamentales entre servicios auxiliares a la educación y el acceso de los estudiantes a las oportunidades de aprendizaje y el nivel académico. En esencia, el Banco Mundial presupone que la privatización reduce los costes, y que tal ahorro se invertirá en ampliar las oportunidades educativas para los estudiantes.  Esta peligrosa suposición abre la puerta a formas predadoras de privatización que puede llevar a la discriminación de los estudiantes, a la violación de los derechos universales de los trabajadores del sector de la educación a formar un sindicato y a negociar de forma colectiva con sus empleadores, a incumplimientos de la transparencia contractual y de la responsabilidad política, así como a elevados costes por unos servicios externalizados de baja calidad.

La Internacional de Servicios Públicos (ISP) lucha por el acceso universal a una educación pública de calidad y combate la privatización de los servicios escolares y educativos en todo el mundo. En su Congreso Mundial de 2012, la ISP resolvió que:

El personal auxiliar de educación presta servicios esenciales a personas desde la más temprana infancia hasta la universidad. Sin embargo, con frecuencia no se reconocen sus aportaciones y esa falta de respeto se manifiesta en salarios bajos, malas condiciones de trabajo y formación inadecuada. Muchas personas en esos empleos se ven obligadas a aceptar horarios parciales o condiciones de trabajo precarias, sin seguridad de empleo.[5]

La red del personal auxiliar de la educación y cultura (ESCW) de la ISP se fundó en 2014 para hacer progresar la educación como derecho humano, garantizar la igualdad de acceso a una educación pública de calidad para todos, y combatir las iniciativas que pretenden convertir la educación pública para todos en un lucro privado para unos pocos.