Las inminentes reformas de la atención sanitaria y la asistencia social en Finlandia
29 Marzo 2017
Las reformas también incluirán la expansión de los intereses del sector privado con ánimo de lucro en el ámbito de la prestación de servicios sociales y de la salud, lo cual tendrá consecuencias adversas para la población.
El programa de la reforma fue desvelado por el primer ministro Juha Sipilä el pasado mes de junio, en un paquete legislativo de 600 páginas. Éste refleja el objetivo de privatizar los servicios públicos y de contar con una amplia participación de proveedores privados de servicios en la asistencia sanitaria pública. Los servicios auxiliares como los servicios de restauración y limpieza serán entregados a empresas propiedad de las áreas SOTE, y se promoverá una mayor dependencia en los proveedores privados.
La cobertura médica y social universal financiada públicamente ha sido un importante pilar del estado de bienestar finlandés. Los finlandeses avalan la alta calidad de la atención sanitaria, habida cuenta de que el promedio del 88% de la población han expresado su satisfacción con el sistema de salud del país en comparación con la media de la UE del 41,3%.
Esto no es sorprendente, teniendo en cuenta el estado de salud del país. La esperanza de vida ha mejorado notablemente en las últimas décadas, que ha aumentado hasta los 84 años para las mujeres y los 78 años para los hombres. La mortalidad infantil y la mortalidad materna también se encuentran entre las más bajas del mundo. El programa de vacunación es igual de excelente, puesto que el 99% de los niños menores de 2 años son vacunados contra la tos ferina y el sarampión.
A pesar de estos éxitos rotundos de la asistencia médica universal, se han aducido argumentos para proponer reformas desde la década de los noventa. En 2008 se concibieron medidas de gran envergadura, pero no pudieron llevarse a cabo con éxito.
Los defensores de la reforma parecen decididos a abordar las desigualdades sociales. Hay largas listas de espera para algunos procedimientos médicos específicos en los centros públicos de asistencia sanitaria, que los grupos de altos ingresos evitan recurriendo a los proveedores privados y a vías rápidas para el cuidado de la salud laboral que benefician a los profesionales.
El aumento de los gastos de la atención médica, en parte debido al envejecimiento de la población, también ha servido de pretexto para las reformas. Esta situación ha dado lugar a un aumento del gasto destinado a la sanidad en relación con el PIB, que ha aumentado del 6,9% (14.000 millones de euros en precios fijados de 2014) en 2000 al 9,6% (21.000 millones de euros) en 2015. Pero esta cifra es solo ligeramente superior a la media de la OCDE del 9,1%. El argumento del estado, sin embargo, ha sido que está previsto que la reforma permita ahorrar 3.000 millones de euros al año de aquí a 2030.
Estos objetivos son idealistas; la reforma tiene algunos elementos útiles. Por ejemplo, las áreas SOTE, que toman como base las estructuras de salud secundarias existentes de las regiones, ayudarían a consolidar la puesta en común de los recursos para la prestación de los servicios. Los reembolsos de KELA (Instituto de la Seguridad Social) de parte del estado a los proveedores privados para los gastos médicos de los ciudadanos serían suprimidos, con lo que se pondría fin a la subvención de la atención privada por parte de los presupuestos públicos.
Pero, hay motivos de preocupación con respecto a la función que está previsto que desempeñen los proveedores privados en el marco del nuevo régimen del sistema de la salud. Es probable que lleven las riendas, debido al supuesto aumento de las “posibilidades de elegir” entre el acceso a la asistencia proporcionada por los proveedores privados o los públicos. Mientras tanto, muchas de las empresas de servicios sociales y de salud privadas son propiedad de los fondos de capital internacionales y algunas también son conocidas por su predilección por evadir el pago de impuestos y por los paraísos fiscales.
Todavía se desconoce cómo va a ser la nueva estructura administrativa para la prestación de la atención a la salud, así como el impacto de cambiar el aspecto de la administración por lo que se refiere a los términos y condiciones de empleo de los trabajadores. Los sindicatos como JHL y Tehy creen que esto podría “dar lugar a recortes en los salarios y los beneficios”.
Lo que es seguro es que la prestación de servicios de salud se fundamentará a partir de ahora en la lógica de la competencia, en lugar de fundamentarse en el enfoque basado en los derechos sobre el que se apoya la consolidación de la sanidad pública universal desde 1929. Las empresas que serán establecidas por las áreas SOTE deberán competir con los proveedores de salud privados, lo cual dejará la puerta abierta a la mercantilización de la salud.
Esto supondría un retroceso. Es esencial que el estado finlandés consolide la coordinación y la financiación de los servicios públicos de la atención sanitaria y la asistencia social. La liberalización del sistema de salud, al igual que la liberalización de la economía en los años ochenta, probablemente traerá consigo consecuencias adversas para la mayoría de los finlandeses.
La oleada de remunicipalizaciones, debido a que más de 100 municipios han tenido que cancelar sus contratos de externalización con los proveedores privados por cuestiones de calidad y precio, permite hacerse una idea de los peligros que se avecinan si no se toman las garantías necesarias para proteger la salud pública.
Resulta también revelador que cinco grandes empresas multinacionales controlen el 72% del mercado de la externalización de los servicios sociales y de salud, que actualmente asciende a 5.000 millones de euros. Es evidente que lo que surgiría de estas circunstancias sería un oligopolio de las grandes empresas del ámbito de la salud, impulsadas por el afán de lucro.
Ya es hora de tomar las medidas necesarias para garantizar que el derecho a la salud de la inmensa mayoría de la población en Finlandia no sea sacrificado en aras de las reformas que benefician a los intereses privados. Ha llegado el momento de asumir un compromiso crítico con el programa de reformas y rechazar sus componentes que conducen a este peligro inminente.
Con informes de Eveliina Petälä y Heikki Jokinen (JHL), y Sari Koivuniemi (Tehy)