La regulación por parte de una empresa privada favorece al sector privado y obstruye la responsabilidad pública

A falta de una norma dentro del derecho internacional público para la gestión de la salud y la seguridad en el trabajo, la Organización Internacional de Normalización, una organización no gubernamental, privada e independiente basada en la membresía y compuesta por los organismos nacionales de normalización de 163 países, ha llenado el vacío. La ISO no es un órgano intergubernamental ni forma parte del sistema de la ONU, pero disfruta de una condición consultiva general ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).  En su sitio web, la ISO declara:

Las normas internacionales de la ISO garantizan la seguridad, la fiabilidad y la calidad de los productos y los servicios. Para las empresas son herramientas estratégicas que reducen los costes, minimizando el desperdicio y los errores y aumentando la productividad. Ayudan a las empresas a acceder a nuevos mercados, establecen condiciones de igualdad para los países en vías de desarrollo y facilitan un comercio mundial libre y justo.

Añaden: “[las normas de la ISO] son fundamentales a la hora de facilitar el comercio internacional”.

La ISO propuso una norma para la gestión de la salud y la seguridad en el trabajo a la Organización Internacional del Trabajo hace una década y fue rechazada. Sin embargo, tras un segundo intento, la OIT firmó un Memorando de Entendimiento (MdE) con la ISO en 2013 para colaborar en la elaboración de un sistema de gestión de la salud y seguridad en el trabajo (SG-SST) con la condición de que ninguna norma de la ISO entrara en conflicto con las normas internacionales del trabajo y que la OIT fuera un participante real en el proceso. Establecido con carácter experimental, el MdE se renovó en 2014 para un período de un año y ahora debe renovarse de nuevo para otro año. Una colaboración anterior sobre responsabilidad social establecida en 2005 con estas pautas dio resultados que cumplían los requisitos de la OIT.

Esta vez no se ha observado el mismo cumplimiento de las normas internacionales del trabajo ni una voluntad de convertir a la OIT en un verdadero socio en una norma titulada “Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo  - Requisitos con orientación para su uso”. Quizá el contexto ha cambiado desde 2005 y la presión de los intereses neoliberales de promover las empresas privadas y el libre comercio han impulsado el propio proceso privado de elaboración de normas. Sea cual sea el motivo, la autoridad de la OIT está siendo cuestionada por los procesos y propósitos de la ISO y a pesar de su clara buena fe y su defensa sistemática de las normas del trabajo está siendo pisoteada por el comité preparatorio, especialmente en lo que respecta a la definición de los/las representantes de los/las trabajadores/as y su libre elección por los/las trabajadores/as, lo que socava gravemente la participación de los/las trabajadores/as en todos los ámbitos de la gestión de la salud y seguridad en el trabajo.  No se respeta el Convenio de la OIT sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135). Además, los recursos de la OIT para una delegación de la OIT para las reuniones del comité, incluso incluyendo a representantes sindicales, se distribuyen de forma escasa entre los miembros del comité de la ISO, ya que trabajan en múltiples grupos de trabajo al mismo tiempo. Asimismo, los puntos fundamentales del texto pueden modificarse por medio de la edición interna de la ISO, que no es transparente. Las perspectivas para una colaboración eficaz no son buenas.  

Ahora la cuestión es si la OIT continúa en el proceso, lo que puede llevar a un resultado con el que la OIT no podrá vivir, o abandona el MdE por una cuestión de principios, que es esencialmente el incumplimiento de sus condiciones. El Consejo de Administración deberá tomar una decisión en sus deliberaciones el 27 de marzo. El Consejo de Administración puede o prorrogar la aplicación del acuerdo piloto o no y decidir, si se renueva, revisarlo ya en marzo de 2016.

Los proyectos sucesivos de normas de la ISO son votados por el comité preparatorio (proyectos del comité) antes de que un proyecto internacional sea votado por la totalidad de los miembros. Para aquellos opuestos a la creación de una norma privada para supervisar la salud y la seguridad en el trabajo (cabe señalar que el control del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, especialmente dada la incorporación posterior de un “anexo de orientación”, equivale a controlar el contenido y la naturaleza de la salud y seguridad en el trabajo), el hecho de que el proyecto del comité no fuera aprobado en la primera votación del comité preparatorio el 18 de octubre de 2014 fue una señal clara de que había un fallo en todo el proceso.  Tras una campaña de éxito dirigida por la CSI – La ISO no pasa el examen - 17[1] de los 47 organismos nacionales de normalización votaron en contra del proyecto, otros 18 lo aceptaron, pero con comentarios, y solo 11 votaron sin reserva a favor del proyecto.  Aunque no parara el proceso, sin duda fue una señal de que había una reticencia significativa por parte de los organismos de normalización.

Si el proyecto pasa a ser una norma, puede incluir contenido que comprometa a la OIT. En cualquier caso, la norma no es vinculante y no tiene la fuerza del derecho internacional público.  No se puede realizar una supervisión equivalente a la de las normas de la OIT. Básicamente, el cumplimiento será voluntario. Los/las trabajadores/as no podrán recurrir a una norma sólida y sus representantes y sindicatos no podrán depender de una norma para defender la salud y la seguridad de los trabajadores. Más allá de ser un instrumento jurídico no vinculante, cualquier norma de este tipo no puede satisfacer las enormes exigencias mundiales de eliminar las fuentes de riesgos en la producción, erradicar el trabajo peligroso y eliminar lugares de trabajo peligrosos.

De hecho, la norma de la ISO no exime de la necesidad de una norma dentro del derecho internacional público si el mundo del trabajo se toma en serio la protección de la salud y las vidas de los/las trabajadores/as en el lugar de trabajo. Sin embargo, parece ser el caso: la Declaración de los ministros de Trabajo y Empleo del G20 de 2014 (Melbourne, 10 y 11 de septiembre) afirmaba:

La mejora de la seguridad y la salud en el trabajo es una prioridad urgente que protege a los trabajadores y contribuye al aumento de la productividad y el crecimiento. Aceptamos tomar medidas adicionales para reducir los costes humanos y económicos significativos asociados a los lugares de trabajo no seguros y las enfermedades profesionales. Apoyamos la Declaración adjunta del G20 sobre lugares de trabajo más seguros y saludables (Anexo C) y nos comprometemos, cuando sea pertinente, a aplicar sus recomendaciones en colaboración con los gobiernos, las organizaciones internacionales y los interlocutores sociales.

El G20 declara en su Anexo C: “…subrayamos la necesidad de marcos jurídicos sólidos y apropiados para SST así como sistemas eficaces de aplicación y cumplimiento, gestión de la salud y seguridad y recopilación de datos” ( https://g20.org/wp-content/uploads/2014/12/2014%20LEMM%20Declaration.pdf).

Si la OIT no renueva el MdE piloto para otro año, la norma de la ISO será abandonada a su suerte. Puede que se complete, pero estará marcada por el abandono de la OIT. No es probable que otras líneas de colaboración entre la OIT y la ISO se vean afectadas puesto que la postura actual de la ISO hacia la OIT no está interfiriendo en esas líneas de colaboración.

Sin embargo, los/las trabajadores/as de todo el mundo todavía necesitan una norma de calidad para la gestión de la salud y la seguridad en el trabajo.  Por lo tanto, la OIT tiene la responsabilidad, apoyada por los interlocutores sociales  y un tripartismo firme, de empezar de cero, con recursos recién reasignados, para cumplir su mandato internacional de proporcionar esa norma.  

La ISP considera que la salud y la seguridad en el trabajo es una cuestión de salud pública y, como tal, no puede ser delegada a una entidad privada que ya ha demostrado, durante el primer período de aplicación del MdE que no puede estar a la altura de la importancia social de la cuestión. La salud y la seguridad en el trabajo es una cuestión sobre la cual deben estar de acuerdo los interlocutores sociales y que debe ser regulada y aplicada por los gobiernos. La SST es una cuestión relacionada con los derechos de los trabajadores y la seguridad social, incluso más importante, dado que miles de trabajadores/as siguen muriendo cada año. La ISP cree que la cuestión solamente puede ser abordada adecuadamente dentro del sistema de diálogo tripartito de la OIT. Si la OIT delegara a la ISO la definición de las normas sobre SST, la ISP lo consideraría como una renuncia a la responsabilidad de proteger jurídicamente la salud de los/las trabajadores/as, lo que deterioraría el papel y la imagen de la OIT.