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La justicia fiscal y la inversión en los servicios públicos son fundamentales para acabar con la desigualdad en Brasil

02 Julio 2013
Las protestas en Río de Janeiro 20 de junio 2013 por Semilla Luz
Tras días de protestas públicas masivas en las calles de Brasil, la Internacional de Servicios Públicos acogió con satisfacción la noticia de que, en una reunión celebrada el 26 de junio con los dirigentes sindicales brasileños, la presidenta del país destacara su compromiso de consultar a los trabajadores sobre cualquier propuesta de reforma laboral y de abordar la necesidad de mejorar los servicios públicos de calidad.

La dirigente de la PSI, Rosa Pavanelli, dijo: “La gente en las calles está diciendo que el problema no es simplemente un incremento del 20% en las tarifas de autobús – la gente está pidiendo una sociedad más justa. Esto debe comenzar cambiando el sistema político que divide a las personas entre los pudientes y los desposeídos”.

“Brasil debe ser reconocido como un ejemplo para el mundo por haber mejorado la situación económica de millones de personas en los últimos años mediante iniciativas progresistas como el programa de bienestar social Bolsa Família. Sin embargo, el movimiento en las calles está desafiando al gobierno con el fin de que haga mucho más para redistribuir la riqueza mediante la justicia fiscal y la inversión en los servicios públicos. La PSI está junto a sus afiliadas respaldando todos los esfuerzos que se llevan a cabo en estos frentes para reducir la pobreza y la desigualdad en Brasil. La PSI espera que el gobierno de Rousseff responda a las reivindicaciones democráticas de más igualdad para el pueblo brasileño”.

La central sindical de Brasil CUT y otros sindicatos se reunieron con la presidenta Dilma Rousseff el miércoles para discutir las recientes protestas sociales.

Rousseff subrayó que no aprobará ningún proyecto a no ser que exista un acuerdo entre los trabajadores, los empleadores y el gobierno. Aseguró que el diálogo con los sindicatos será permanente y que todas las cuestiones incluidas en el programa de la clase trabajadora serán negociadas, incluida la reducción de la semana laboral a 40 horas. Las centrales sindicales plantearon el tema de la aplicación del Convenio n° 151 sobre las relaciones de trabajo en la administración pública de la Organización Internacional del Trabajo; Rousseff dijo que el gobierno responderá a todas las reclamaciones presentadas por los sindicatos en agosto.

El presidente de CUT (Central Única dos Trabalhadores), Vagner Freitas, también aprovechó la oportunidad para hablar del proyecto de Ley 4330 que, con el pretexto de regular la externalización del trabajo en el país, promueve la reforma laboral.

“Este proyecto de ley pendiente amenaza con precarizar aún más las condiciones de trabajo y con generar enormes pérdidas para los trabajadores”, argumentó.

Vagner sostuvo que las mejoras solamente se conseguirán con mayores inversiones en los servicios públicos y pidió a la presidenta que acelerara las inversiones en la salud, la educación y el transporte.

Rousseff dijo que entendía la urgencia de mejorar los servicios a la población y también que la respuesta debía provenir del estado. “No sirve de nada intentar mejorar la privatización. Hoy en día los trabajadores gastan gran parte de sus salarios en salud, educación y seguridad privada. Esto debe acabar”.

Vagner dijo a la presidenta que además de la reforma política, el país necesita urgentemente una reforma fiscal. “Ya es hora de incrementar los impuestos para los ricos y reducirlos para los pobres”.

Las centrales sindicales convocan una jornada de movilización nacional y de manifestaciones públicas el 11 de julio. Cada sector y sindicato decidirá qué acciones públicas o en el lugar de trabajo llevará a cabo ese día.

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