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ISP y FSESP condenan las leyes que “expolian a los refugiados” aprobadas en Europa

01 Febrero 2016
Refugees

La Internacional de Servicios Públicos (ISP) y la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) condenan la reciente aprobación de leyes más estrictas que nunca, por parte de los países europeos receptores de refugiados.

La semana pasada, el parlamento danés aprobó un proyecto de ley que autoriza a requisar el dinero en efectivo y las pertenencias que poseen los refugiados, como contrapartida por vivir en centros de asilo. Estas medidas políticas intentan desalentar la llegada de refugiados al país. Suiza ya aplica medidas similares que requieren que los refugiados, al llegar a este país, entreguen al Estado cualquier pertenencia por encima de los 1000 francos suizos, según noticias difundidas recientemente.

“Trágicamente estas medidas nos recuerdan a las leyes raciales impuestas por el régimen nazi contra el patrimonio de los judíos. Es totalmente alarmante y deben retirarse de inmediato”, afirma Rosa Pavanelli, Secretaria General de la Internacional de Servicios Públicos.

Los solicitantes de asilo y los refugiados arriesgan la vida al huir de su país en las condiciones más adversas. Miles han muerto en el intento, muchos de ellos niños, huyendo precipitadamente, en las circunstancias más difíciles, para salvar su vida y buscar un lugar seguro. Apenas trajeron consigo pertenencias. Sin embargo, los pocos ahorros que guardan, las pocas pertenencias que fueron capaces de traer, les son confiscadas por el Estado que los recibe.

“¿En qué tipo de civilización nos estamos convirtiendo para tolerar esta práctica?”, pregunta Pavanelli.

Los refugiados tienen derecho a la protección del Estado receptor, conforme a lo dispuesto en la Convención sobre Refugiados de la ONU de 1951 y su Protocolo de 1967, así como la Convención Europea sobre Derechos Humanos. Tienen derecho a acceder a servicios públicos como refugio, sanidad, educación y a solicitar protección social.

“No podemos pasar a la historia por cobrar a los refugiados el acceso a estos derechos humanos fundamentales”, afirma Jan Willem Goudriaan, Secretario General de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos. “Hemos contactado con el Parlamento Europeo para pedirle que condene esta ley danesa. Esperamos que las instituciones europeas adopten medidas de inmediato”, añade.

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