Hacen falta políticas basadas en la evidencia
08 Junio 2017
Los profesionales de la salud representados por la FIQ siempre se han adherido a los principios de las prácticas basadas en la evidencia. Las organizaciones y los responsables de la toma de decisiones políticas relativas a la salud pública y a los servicios sociales deberían también hacer lo mismo. Sin embargo, esto no es lo que observa la FIQ.
Tanto si se trata de un investigador que ha recibido una subvención para evaluar la remuneración de los médicos como de un órgano con el mandato de evaluar el rendimiento del sistema de salud, el gobierno de Quebec parece poco preocupado por utilizar las pruebas que generan para la toma de decisiones. También bloquea el acceso de los ciudadanos y de sus organizaciones, entre ellas los sindicatos, a estas pruebas.
Los datos fiables –obtenidos por métodos que son transparentes, rigurosos y aplicados con integridad– siempre deben constituir la base de cualquier nueva política pública.
También deberían utilizarse para realizar revisiones neutrales y objetivas que ofrecen una visión clara del desarrollo del sistema de la salud y los servicios sociales. Quebec no es diferente de otras jurisdicciones en este sentido. Su sistema público de asistencia de salud ha sufrido varias reformas sucesivas, y también ha hecho frente a severos recortes, al mismo tiempo que las necesidades de la población están aumentando constantemente.
Entre 2014 y 2017, los presupuestos de las instituciones públicas se recortaron en más de 1,3 mil millones de dólares en el marco de los llamados proyectos de optimización. Sin embargo, no sabemos por cuánto tiempo nuestros cuidadores tendrán que pagar por la improvisación de las decisiones presupuestarias subjetivas y arbitrarias. También existe la urgente necesidad de complementar la información recopilada por nuestros miembros sobre el terreno para evaluar el impacto real de los recortes en la calidad de los servicios y cuidados. Hay una necesidad urgente de simplificar el acceso a los datos para que las organizaciones, en particular los sindicatos, puedan proporcionar información correcta a los ciudadanos y beneficiarse de los datos neutros y fiables para apoyar sus reivindicaciones en nombre de sus miembros.
El acceso a los datos en poder de los departamentos y agencias gubernamentales debe ser considerado como un servicio a los ciudadanos. Poner barreras para acceder ellos cuando no necesariamente se protege información personal o empresarial es más bien contraproducente. Para permitir el desarrollo de políticas basadas en la evidencia, la información debe ser libremente intercambiada entre los científicos, los depositarios de los conocimientos tradicionales, los responsables de la toma de decisiones y el público en general.
La enorme cantidad de datos que están latentes en los servidores del ministerio de la salud podría utilizarse para divulgar y actualizar los indicadores relativos a la calidad y la seguridad de los servicios y cuidados. Esto permitiría que la gente apreciara los esfuerzos que realizan los profesionales asistenciales, que comprendiera los contextos difíciles en que trabajan y, en última instancia, que se implicara en los futuros procesos de toma de decisiones.
Es también una herramienta indispensable para las organizaciones sindicales, como la FIQ, que sirve de argumento poderoso para exigir, en particular, la ratio profesional/paciente requerida que permita prestar una atención segura y eficaz, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo del personal de salud y la calidad de los cuidados proporcionados a la población.
Para la FIQ, aprovechar los datos para tomar decisiones informadas relativas a la salud de la población no es un lujo, sino una necesidad.