Guatemala "debe hacer más" para proteger a los sindicalistas

Los trabajadores y trabajadoras, y sus sindicatos, se enfrentan a violaciones generalizadas de sus derechos más elementales en Guatemala

(AP/Moises Castillo)

Este compromiso ha sido el resultado de una intensa presión internacional para que se ponga fin a la impunidad en ese país centroamericano y exigiendo justicia para los 73 sindicalistas asesinados en los últimos años.

Guatemala sigue siendo el país más peligroso del mundo para los sindicalistas.

Los trabajadores y trabajadoras, y sus sindicatos, se enfrentan a violaciones generalizadas de sus derechos más elementales, incluyendo el derecho a sindicalizarse y a negociar en nombre de los trabajadores/as que representan.

Varios de los sindicalistas asesinados por defender mejores derechos laborales habían solicitado previamente protección del Gobierno luego de recibir amenazas de muerte.

Sin embargo, no recibieron la debida protección y terminarían siendo asesinados.

Sometido a presiones internacionales, el Gobierno terminaría creando programas de protección para garantizar seguridad a los sindicalistas que consideraban estar en peligro.

Pero muchos sindicalistas afirman que esto no es suficiente.

“Seguimos preocupados porque no se producen sentencias firmes”, comentó Luis Lara, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala (SNTSPG) y dirigente del Frente Nacional de Lucha, movimiento popular en Guatemala.

“En el caso del asesinato de nuestro compañero Carlos Hernández Mendoza, sigue sin haberse dictado sentencia. Tampoco en el caso del compañero Ovidio Ortiz Cajas”.

Persistentes fallos

Tanto los sindicatos guatemaltecos como el movimiento sindical internacional han reiterado sus preocupaciones respecto a los persistentes fallos del sistema judicial a la hora de dictar sentencia contra los responsables de los asesinatos de sindicalistas.

Durante el último año, diversas delegaciones internacionales de alto nivel se desplazaron a Guatemala para reunirse con el presidente e instar a su Gobierno a que se ponga fin a la oleada de asesinatos de sindicalistas, de lo contrario se arriesgaría a perder su estatus comercial especial con Europa y los Estados Unidos.

La Internacional de los Servicios Públicos (ISP) celebró recientemente su conferencia regional anual en la Ciudad de Guatemala, confrontando a Pérez Molina sobre la falta de avances conseguidos desde su anterior visita seis meses antes.

“Aunque se han realizado algunos cambios cosméticos y se han creado numerosos organismos e instituciones, todo esto no ha conducido a cambios sustantivos”, indicó Sandra Vermuyten, encargada del departamento de Igualdad y Derechos Sindicales de la ISP.

”Por el contrario, la impunidad continúa y el Gobierno se niega a aplicar los acuerdos que ha firmado.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha apuntado claramente a continuos asesinatos masivos, el desplazamiento de pueblos indígenas y la violencia contra sindicalistas. Estos son signos de un Estado fallido, cómplice de los intereses de un puñado de personas, para el cual no existen reglas”.

El mes pasado la OIT decidió posponer hasta noviembre una votación sobre si se iniciaría o no una Comisión de Encuesta sobre Guatemala, dando así al país algo más de tiempo para abordar todos los temas incluidos en el mapa de ruta que firmara a finales de octubre.

El presidente Pérez Molina aseguró a la Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional (CSI), Sharan Burrow, que Guatemala tiene la intención de cumplir con el convenio internacional que garantiza la libertad sindical, y se comprometió a enviar una circular a todas las instituciones gubernamentales instándolas a respetar la libertad sindical y la negociación colectiva.

“Hace ya bastante tiempo que el presidente Pérez Molina debería haber empezado a cumplir sus más que buenas intenciones para los trabajadores y trabajadoras en Guatemala”, dijo Burrow.

“De lo contrario, el movimiento sindical internacional deberá intensificar sus presiones para que se inicie una Comisión de Encuesta (el procedimiento de investigación de más alto nivel en la OIT)”.

Esto podría tener un impacto importante para los acuerdos de libre comercio firmados por Guatemala, especialmente el Consejo de Arbitraje de CAFTA, e incrementar considerablemente la posibilidad de que se emprenda un procedimiento de queja ante la Unión Europea.