Finaliza el FPAN de las Naciones Unidas: los sindicatos piden justicia fiscal, políticas públicas y gobernanza democrática

El Foro Político de Alto Nivel (FPAN) sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas de 2017 terminó el miércoles 19 de julio en Nueva York. Los sindicatos y activistas de la sociedad civil critican el enfoque fragmentario de la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los activistas están particularmente preocupados por la disparidad creciente entre los objetivos que se esperan lograr y la falta de medios de aplicación adecuados e integrales.

Un equipo de la ISP, encabezado por la Secretaria General de la ISP, Rosa Pavanelli, participó en el FPAN, que duró 10 días, en estrecha colaboración con la CSI y la sociedad civil, incluido el Grupo de OSC para la FpD. La ISP publicó, junto con otras organizaciones, 2030 Spotlight Report el día en el que inició el FPAN. Este informe mundial evalúa cómo la privatización y la apropiación empresarial se han convertido en obstáculos para el progreso en el marco de la Agenda 2030. En muchas ocasiones – durante reuniones paralelas así como sesiones oficiales – los sindicatos y numerosos expertos de la sociedad civil señalaron que depender únicamente de los medios económicos para lograr los ODS constituía una visión reduccionista.

Rosa Pavanelli dijo: “La coherencia en materia de políticas, la reglamentación, la transparencia y la inversión pública deberían ser la prioridad de los Gobiernos a través de una gobernanza sólida inspirada en un proceso participativo democrático. Para cumplir con el propósito de la Agenda 2030, debe resolverse la contradicción entre la necesidad de inclusión social basada en los derechos y las necesidades del modelo económico actual orientado hacia los beneficios. Debemos urgentemente:

• Reformar el sistema fiscal para las empresas, incluido mediante la creación de un órgano intergubernamental dentro de las Naciones Unidas.
• Luchar contra la evasión fiscal, abolir los paraísos fiscales y restablecer los sistemas fiscales progresivos, considerando también la adopción de un impuesto fijo para las empresas como medida de transición.
• Excluir los gastos relativos a servicios sociales fundamentales de la deuda pública para aliviar la presión sobre los gobiernos, la cual limita su capacidad de garantizar acceso universal.
• Invertir la promoción de las APP y la financiación combinada que ocultan el endeudamiento público, garantizan los beneficios para las empresas privadas en detrimento de las comunidades locales y crean un endeudamiento a largo plazo.
• Poner fin a los acuerdos comerciales que no respaldan el desarrollo local, los derechos laborales y la sostenibilidad ambiental.
• Cambiar el sistema actual del mecanismo de solución de controversias entre el Estado y el inversor, el cual socava la capacidad de los Estados de regular en beneficio público”.

“Estos son los cambios estructurales necesarios para lograr los objetivos fijados en la Agenda 2030. Se trata de una ambición inspirada en la visión a largo plazo de una sociedad incluyente que exige valor para su aplicación y la conciencia profunda de que estamos trabajando por la supervivencia de la Tierra y un futuro seguro para las próximas generaciones”.

Chee Yoke Ling, Directora de programas en Third World Network, reiteró:

“El FPAN debería ofrecer la oportunidad de debatir qué marco normativo se necesita para crear un espacio político y de políticas para los países, en particular los del hemisferio Sur. Solo de esta manera conseguirá la Alianza Global evitar los costes crecientes de las APP y el aumento de las desigualdades, o normas comerciales que no permiten a los pequeños agricultores producir comida localmente. Las tasas de rentabilidad prometidas en algunos de los mecanismos de financiación ‘innovadora’ propuestos no tienen ningún sentido. De hecho, en lugar de mostrar formas sensatas de aprovechar instrumentos de financiación a largo plazo muy necesarios, la ‘agrupación’ propuesta de préstamos arriesgados en paquetes AAA para venderlos a fondos de pensiones me recuerda las prácticas que nos llevaron a la última crisis financiera”.

Uno de los mayores puntos fuertes de la Agenda 2030, por el que lucharon duro los sindicatos y la sociedad civil, fue la inclusión de compromisos para hacer frente a las desigualdades. Sin embargo, la dependencia de la financiación del sector privado solo exacerbará las desigualdades existentes de todos los tipos, lo que podría poner en peligro toda la Agenda.

Durante las revisiones nacionales voluntarias de 44 países en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible 2017, muchos activistas de la sociedad civil plantearon cuestiones, criticando la (falta de) acción de los Gobiernos, así como las condiciones marco paralizantes que ralentizan la aplicación de la Agenda 2030 en el ámbito nacional. La CSI ha preparado varios informes nacionales, los cuales están disponibles en su sitio web.

A pesar de la retórica de promoción, los informes lujosamente encuadernados y las presentaciones sofisticadas, el hecho es que la aplicación sobre el terreno se ha “estancado”, como se pone de relieve en ambos informes de la CSI y en una serie de informes nacionales de la sociedad civil que forman parte de la iniciativa mundial del informe Spotlight Report.

Cada vez más, los sindicatos y la sociedad civil muestran su preocupación por el hecho de que los ODS no se estén utilizando como una hoja de ruta para la transformación social, económica y ambiental, sino como un vehículo para arraigar relaciones de poder desiguales. Como se observó en muchos discursos e informes nacionales oficiales en el FPAN durante la última semana, se invierte mucha energía en ‘alianzas’ destacadas con el sector privado.

Como Kate Donald, del Center for Economic and Social Rights, declara en el Spotlight Report: “El problema de la desigualdad simplemente no puede resolverse mediante soluciones basadas en el mercado o iniciativas del sector privado para llamar la atención; exige grandes esfuerzos para transformar las relaciones de poder y la distribución de recursos para tener una oportunidad de éxito”.

La gobernanza democrática de este proceso sigue siendo una preocupación clave y los sindicatos tienen un papel esencial que desempeñar en este contexto. La participación de múltiples partes interesadas no puede reemplazar los consejos del trabajo, las comisiones sociales y económicas y la negociación colectiva a nivel de empresa, local, sectorial y nacional. Los sindicatos del sector público deben estar muy implicados en estos procesos, tanto como agentes responsables de la aplicación de los ODS como partes interesadas importantes.

El 2030 Spotlight Report ha sido publicado por Arab NGO Network for Development (ANND), Center for Economic and Social Rights (CESR), Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN), Global Policy Forum (GPF), la Internacional de Servicios Públicos (ISP), Social Watch, Society for International Development (SID), y Third World Network (TWN), con la ayuda de la Fundación Friedrich Ebert. Ofrece una evaluación independiente, muy detallada y en profundidad de la aplicación de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Próximamente se publicará un informe completo sobre la contribución de la ISP a la FpD y el FPAN.

Para más información:

• Comunicado de prensa Civil society groups reclaim policies for the public (en inglés)
• Comunicado de prensa World Bank plan to mobilize “trillions” will not help the poor (en inglés)
• Comunicado de prensa Corporate power threatens women´s human rights (en inglés)
• Comunicado de prensa PPP: Corporations divert UN agenda, claims civil society report (en inglés)

• Sitio web del Grupo de reflexión de OSC: Spotlight on Sustainable Development
• Página de la ISP: La Agenda 2030 de la ONU
• Actividades de la ISP relacionadas con la privatización y las APP
• Descargue un PDF del informe completo

• Informes nacionales de la CSI

Contribuciones de la ISP: 

• The new generation of PPPs in infrastructure – meeting the needs of institutional investors
• Decent work requires decent public policies
• Healthcare is not a commodity but a public good
• Four critical steps to operationalize the New Urban Agenda’s transformative commitment to decent work and inclusive and sustainable cities 
• Whistleblower protection – how serious are governments in addressing corruption