En la cárcel donde hubo la masacre, las condiciones son malas para los presos y precarias para los trabajadores

La matanza de 56 personas en el Complejo Penitenciario Anísio Jobim (Compaj), en Manaus, Brasil, a causa de una disputa entre las facciones criminales Familia del Norte (FDN) y Primer Comando de la Capital (PCC), se podría haber evitada si se hubieran tomado en cuenta las advertencias sobre este riesgo. Una de ellas procedía de peritas del Mecanismo Nacional de Prevención y Combate a la Tortura (MNPCT), órgano vinculado al Ministerio de Justicia brasileño, pero de funcionamiento autónomo. En diciembre de 2015, ellas visitaron la unidad, además de otras tres prisiones de la capital del estado del Amazonas, en el Norte del país.

 

"Entrevistamos a varias personas, entre los prisioneros y el personal, que confirmaron que sus vidas estaban en riesgo y la inminencia de una matanza", dice Catarina Pedroso, una de las peritas que visitaron el sitio. Según ella, la visita del MNPCT fue motivada, "entre otras razones, por las advertencias sobre la gravedad de la situación hechas por varias organizaciones, tales como el Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU".

 

En ese momento, el Compaj ya estaba bajo la gestión de la empresa Umanizzare desde junio de 2014. "Observamos condiciones de hacinamiento, que son, en mi opinión, uno de los aspectos centrales del problema, ya que aumentan la tensión entre los presos y degradan aún más las condiciones de reclusión. Había varias personas que estaban alojadas de manera improvisada en lugares que ponían en riesgo sus vidas. Además, también observamos personas torturadas por agentes de las unidades a través de la agresión física, sin que existiera ninguna investigación y la responsabilización de los involucrados", informa. Pedroso también recuerda que los presos aislados en los "seguros", en razón de haber cometido crímenes que no son tolerados por los otros internos, o por ser policías militares, estaban en lugares improvisados, con su seguridad amenazada.

 

 

 

 

Además del Compaj y del Centro de Detención Provisional Masculino (CDPM), gestionados por Umanizzare, las otras prisiones evaluadas fueron la Penitenciaría Femenina de Manaus (PFM), administrada por la RH Multi Serviços Administrativos, y la Cárcel Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa (CPDRVP).

 

Otro de los problemas derivados de la tercerización es la falta de capacitación adecuada de los empleados que tienen que desempeñar el papel de agentes penitenciarios. Según Catarina Pedroso, el sueldo en la fecha de la visita a las unidades bajo administración de la Umanizzare en Manaus, incluyendo los valores adicionales, era alrededor de 1.700 reales (545 dólares en la cotación de 9/2/17). "Los agentes trabajaban bajo una doble amenaza: la de ser atacados por los presos, incluso fuera de las horas de trabajo, y de perder sus puestos de trabajo, una vez que había una alta rotación de personal. Por lo tanto, están puestas las condiciones para que la violencia y la tortura se reproduzcan dentro del ambiente prisional".

 

"Las unidades privatizadas tenían condiciones muy similares, por lo tanto, a de unidades gestionadas por el Estado, con el agravante de que las condiciones de trabajo exponen a los empleados y favorecen la ocurrencia de violaciones", concluye.

 

De hecho, en diciembre de 2016, agentes penitenciarios contratados por la Umanizzare se quejaban de los bajos salarios y de las malas condiciones de trabajo. A la prensa, Elizeu Silva Pereira, presidente del Sindicato de los Agentes Tercerizados del Sistema Prisional del Estado del Amazonas (SATSPEAM), dijo que "a lo largo de 11 años nuestros derechos laborales son infringidos por los contratistas".

 

El MNPCT publicó su informe sobre las visitas a las cárceles de Manaus en enero de 2016. "Sobre el Compaj, tratamos de señalar la gravedad de la situación encontrada, y la inminencia de que pudieran ocurrir muertes", explica Catarina Pedroso.

 

Además de la descripción de la situación y las advertencias acerca de las muertes inminentes, el documento señala que "el Estado no ejerce efectivamente su función primaria del monopolio legítimo de la fuerza y no lleva a cabo en efecto su tarea de supervisión de la ejecución penal". Entre las recomendaciones al gobierno del Amazonas, está la necesidad de desarrollar un plan para reducir la población reclusa. "Sin embargo, no hemos obtenido una respuesta del gobierno a tales recomendaciones". 

 

 

En un comunicado enviado a la prensa en razón de la matanza en el Compaj, la empresa Umanizzare dijo que sólo hace servicios de limpieza, asistencia social y jurídica de los presos, así como la vigilancia electrónica. Las actividades de control, disciplina, uso de la fuerza, seguridad y vigilancia armada a los internos serían responsabilidad del gobierno del Amazonas. De acuerdo con la Ley de Ejecución Penal, las funciones que configuran poder de policía no pueden ser delegadas por el Estado a empresas privadas.

 

Sin embargo, en el contrato firmado entre la Umanizzare y la Secretaría de Estado de Justicia y Derechos Humanos (SEJUS/AM) - el 31 de marzo de 2015, la Secretaría de Estado de Administración Penitenciaria (SEAP/AM) se convirtió en la titular del acuerdo por parte del gobierno -, se determina que "los servicios deben ser proporcionados de acuerdo con las especificaciones del Proyecto Básico - que se convierte en parte de este contrato".

 

El artículo 3.2 del proyecto mencionado es explícito: "Es la responsabilidad de la Contratada el mantenimiento de los servicios de gestión interna, la custodia y la disciplina de los reclusos en la Unidad Penitenciaria, así como el cumplimiento de los permisos de liberación en caso de determinación del Director de la Unidad". 

 

También de acuerdo con el documento, la empresa debe llevar a cabo los servicios internos de revistas de internos, personal y visitantes, "el ejercicio de la guardia y gestión interna de los establecimientos penitenciarios, manteniendo el orden y la disciplina, siempre bajo la supervisión de SEJUS", y " la gestión y el mantenimiento del orden durante la prestación de servicios, ejercicios, clases, juegos de deportes y otras actividades relacionadas", entre otras asignaciones.

 

Por otra parte, también está previsto que empleados de la empresa contratada integren el Consejo de Disciplina, que tiene entre sus funciones la de "deliberación y propuesta sobre la aplicación de sanciones disciplinarias". 

 

Según Paulo Malvezzi, asesor jurídico de la Pastoral Carcelaria, que visitó el Compaj, los trabajadores tercerizados por la Umanizzare de hecho ejercen funciones de seguridad y disciplina: se ocupan del control interno, son responsables por los traslados internos de los presos y ejercen vigilancia sobre su comportamiento. "Si hay un agente estatal validando las disposiciones de estos empleados, es sólo formalmente. En cualquier unidad de la prisión, ya sea privatizada, ya sea estatal, los que ejercen funciones de policía son quienes están todos los días en los pasillos y pabellones, y en contacto directo con la población prisional", dice. 

 

Además del Compaj, la Umanizzare gestiona, en Manaus, el Centro de Detención Provisional Femenino (CDPF), el Centro de Detención Provisional Masculino (CDPM), el Instituto Penal Antonio Trindade (IPAT), la Unidad Prisional de Itacoatiara (UPI) y la Unidad Prisional del Puraquequara (UPP).