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Estimado Director General y estimados participantes a la conferencia:
Hablo en nombre de los 20 millones de trabajadores de servicios públicos que os mantienen a vosotros y a vuestras familias a salvo de cualquier daño. Ellos se encuentran en primera línea en los desastres naturales y de origen humano, cuidan de vosotros en los hospitales y, a menudo, pierden sus vidas para salvar las vuestras, como sucedió de forma tan dramática en el reciente brote de Ébola; cuidan de vuestros hijos en las escuelas y registran cada nacimiento, matrimonio, divorcio o fallecimiento. Son los mismos trabajadores que garantizan que tengáis agua para beber o bañaros y electricidad para que podáis manteneros calientes o frescos.
Aunque la prestación de servicios públicos está directamente relacionada con la responsabilidad que tiene el Estado de gobernar por el interés general y de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos para con sus ciudadanos, las condiciones en las que trabajan nuestros miembros difieren completamente de estos objetivos. En las últimas décadas, las políticas de austeridad y los programas de ajuste estructural han transformado el 50% de los empleos del sector de servicios públicos en contratos precarios y externalizados, que niegan el derecho a la negociación colectiva y el derecho de huelga; y han reducido el acceso a derechos de seguridad social y pensiones.
Este programa viene dictado por los bancos y las empresas que presionan para conseguir la liberalización del comercio, planes globales de evasión fiscal y políticas a menudo antisindicales que están conduciendo a una carrera cuesta abajo. En gran medida, la crisis financiera se ha utilizado para imponer políticas como esas.
En un mundo que está inmerso en el conflicto y en la creciente desigualdad, los objetivos de la Constitución de la OIT son tan relevantes como hace 100 años y nosotros defendemos firmemente el principio de la universalidad de las normas laborales para lograr ese objetivo, así como la necesidad de proporcionar sueldos dignos y protección social para todos los trabajadores. El compromiso con las normas laborales fundamentales tiene que ser fuerte y resulta inaceptable que cualquiera de las partes se retire del presente compromiso unilateralmente cuando se le antoje. La ISP no puede creer que pueda haber lugar dentro de esta institución para aquellos que tienen como objetivo eliminar un siglo de logros sociales y económicos que nuestros predecesores persiguieron con la idea de conseguir un futuro mejor para todos. La credibilidad de esta organización depende de ello.
La OIT debe ser la voz de sus miembros y estar impulsada por el deseo de provocar un impacto y de trabajar para conseguir un cambio positivo y la justicia social. Es una organización realmente única que constituye el parlamento mundial del mundo del trabajo. Su fuerza radica en el reconocimiento y el respeto del papel de los tres mandantes que están representados aquí. Por consiguiente, no hay necesidad de incluir a otras partes en los debates sobre el futuro del trabajo. Esto es demasiado importante como para que un programa lo disuelva.
El Director General afirmó que la OIT debe tomar medidas, puesto que si no lo hace – otros lo harán. La iniciativa de firmar un Memorando de Entendimiento con la ISO hizo que la OIT emprendiera una externalización y una privatización de facto de una norma sobre sistemas de gestión en materia de salud y seguridad laboral.
Incluso si se alcanza un acuerdo, una norma ISO no elimina la necesidad de establecer una norma que se rija por el derecho internacional público. La ISP estima que la norma propuesta pisotea el mandato de la OIT y que debe desestimarse. La OIT debe crear una nueva norma internacional y sus mandantes tripartitos deben compartir la responsabilidad para trabajar con el propósito de evitar la muerte de miles de trabajadores cada año.
Los retos a los que nos enfrentamos son de enormes proporciones. El año 2015 constituye una oportunidad histórica para cambiar la realidad mundial actual. Hay demasiadas personas que están sufriendo debido a la creciente desigualdad y a la pobreza, desesperadas por tener una vida mejor. Los servicios públicos universales de calidad, el trabajo decente y la protección social deben estar en el centro del programa post 2015. Esto no es una utopía ideológica; puede convertirse en la realidad si la comunidad internacional se compromete a poner fin a los paraísos fiscales y a proporcionar los recursos necesarios para la inversión pública con el fin de llevar a cabo un desarrollo inclusivo y sostenible.
Por consiguiente, os instamos a que os unáis a nuestro llamamiento para excluir a los servicios públicos esenciales de la promoción de las APP como parte de la financiación del programa de desarrollo. Tenemos pruebas suficientes de que las APP en los sectores de la salud, el agua y el saneamiento y la educación no cumplen su propósito, puesto que no conducen al desarrollo social y suelen resultar más costosos.
Seamos valientes en nuestras ambiciones y marquemos la diferencia concreta que el mundo está esperando. Es hora de que el 99% de la población mundial, pues todos representamos el mundo real del trabajo, hagamos que se escuchen nuestra voces y que el 1% rico pague lo que les corresponde.
El futuro del trabajo nos pertenece.
Gracias.