Los servicios públicos de calidad, cuando funcionan bien, son los instrumentos utilizados por los gobiernos responsables y democráticos para servir de la mejor forma posible a sus ciudadanos. La administración pública de servicios tales como la asistencia médica, la educación y los servicios públicos de distribución promueve la igualdad y el bien común, y no la obtención de mayores beneficios para unos pocos. Al igual que los demás trabajadores, los empleados públicos merecen un salario diario justo por una remuneración laboral justa, condiciones de trabajo decentes y el respeto de su derecho a una libre negociación colectiva.