Combatir los privilegios corporativos en el comercio y las inversiones

Las cláusulas de Solución de Controversias entre Inversores y Estados (SCIE) permiten a las multinacionales demandar a los gobiernos ante un sistema de tribunales privado y hermético. Los tribunales pueden ordenar a aquellos gobiernos que hayan recurrido a sus poderes legislativos democráticos para proteger el interés público, que paguen a las multinacionales indemnizaciones de miles de millones de dólares. El caso reciente más alarmante es la demanda interpuesta por la gigante tabacalera Phillip Morris contra el gobierno australiano, reclamándole una indemnización por la legislación introducida en Australia que obliga a presentar los cigarrillos en paquetes lisos, en un intento de reducir los perjuicios de fumar.

Refiriéndose a este caso, la Doctora Margaret Chan, Secretaria General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma: “Hay algo intrínsecamente equivocado en el mundo si se permite que una compañía pueda poner en tela de juicio una política introducida por un gobierno cuyo objetivo es proteger la salud pública de un producto que mata… Si estos acuerdos abren el comercio — aunque no abren el acceso a medicinas asequibles — debemos preguntarnos: ¿Se puede llamar a esto progreso, sobre todo teniendo en cuenta que los costes de la asistencia sanitaria están disparándose en el mundo entero?”

El mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados lo utilizan también las multinacionales para demandar a los gobiernos por futuras mermas en sus beneficios, cuando se renacionalizan servicios privatizados — incluso cuando la compañía privatizada ha incumplido la ley o cuando la privatización ha resultado un fracaso. En cambio, estos derechos no se extienden a la ciudadanía ni a las empresas locales, lo cual implica que las multinacionales tienen más derechos que las personas y poseen ventaja competitiva sobre las empresas locales. Además, resulta alarmante que las multinacionales puedan demandar a los gobiernos en función de los beneficios que esperan obtener en el futuro, incluso cuando la compañía aún no haya iniciado la línea de negocio en cuestión.

La reunión de Estambul identificó las últimas amenazas, compartió ejemplos de abusos a través de las cláusulas de solución de conflictos entre inversores y Estados y planificó medidas de divulgación del problema y de oposición al uso de estas cláusulas.

Daniel Bertossa, de la ISP, presente la reunión como miembro del comité coordinador mundial representante del movimiento sindical, afirmó: “La reunión fue un gran éxito e identificó ámbitos de actuación concretos. Es fundamental que lancemos una campaña de divulgación sobre este problema porque la mayoría de la gente lo desconoce y no sale de su asombro cuando entienden los nuevos derechos que nuestros gobiernos están entregando a las multinacionales”.

La reunión destacó la necesidad de explicar mejor a la gente las cuestiones técnicas que rodean a las nuevas cláusulas, además de la importancia de divulgar ejemplos de los abusos a que están dando lugar este mecanismo. En breve ofreceremos más información sobre las medidas previstas a partir de la reunión.

Poco después de la reunión de Estambul, el sindicato AFL-CIO convocó durante el Congreso de la CSI en Berlín un encuentro de sindicatos afectados y se comprometió a luchar a través de una campaña mundial contra el mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados.

Para más información sobre la labor de la PSI en materia de acuerdos comerciales, pulsar aquí.