Unidos, ¡Defendamos los servicios públicos!

El Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon afirma con ocasión del Día Internacional de la Administración Pública de las Naciones Unidas: “Aprovecho esta ocasión para agradecer a todos los funcionarios públicos sus esfuerzos diarios por ser de utilidad e invito a la juventud a contribuir a la construcción de un futuro digno para todos dedicándose a la noble causa del servicio público”.

La Internacional de Servicios Públicos, la federación internacional de sindicatos representantes de trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos acoge con satisfacción este mensaje positivo, especialmente en estos momentos en que los servicios públicos están amenazados en todo el mundo.

Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP, afirma: “Espero que esto signifique un giro y que la ONU deje de apostar por el capital privado y apoye la inversión pública para propiciar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las políticas de austeridad presupuestaria y de dependencia del capital privado han demostrado su ineficacia. Las corporaciones multinacionales están acumulando su capital en paraísos fiscales, en lugar de reinvertirlo. Necesitamos garantizar que las multinacionales pagan una parte equitativa de impuestos y que los gobiernos utilizan estos ingresos para impulsar el desarrollo del sector público, invirtiendo en servicios públicos universales y de calidad. El acceso universal a estos servicios públicos es una condición indispensable para lograr economías saludables y justas y sociedades equitativas”.

En los próximos meses se celebrarán dos reuniones internacionales en las que la ISP defenderá a los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos y colaborará estrechamente con las organizaciones sociales para garantizar el cumplimiento de las promesas de la Agenda 2030: Habitat III, la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible, que se convoca cada 20 años y tendrá lugar del 17 al 20 de octubre de 2016 en Quito, Ecuador. Las Naciones Unidas convoca esta conferencia para hacer balance de las tendencias urbanas en rápida transformación y para “revigorizar” el compromiso político internacional con el desarrollo sustentable de las ciudades, pueblos y otros asentamientos humanos, tanto rurales como urbanos.

Para que los gobiernos municipales y los programas de desarrollo económico urbano propicien la inclusión, la integración socioeconómica y medios de vida sustentables, deben basarse en el acceso universal a unos servicios públicos de calidad. Deben poner el acento de manera especial en la integración de las personas potencialmente vulnerables, en concreto las mujeres, jóvenes, ancianos, migrantes y refugiados, comunidades indígenas y grupos LGTB. Deben girar en torno al eje central del trabajo decente y los derechos de los trabajadores y trabajadoras; abordar los problemas del empleo informal, precario y no capacitado; del desempleo a largo plazo; de los trabajadores pobres, y de los trabajadores migrantes y refugiados.

El acceso universal a los servicios básicos favorece la igualdad, sobre todo entre las poblaciones urbanas y está intrínsecamente ligado al respecto de los derechos humanos. Es indispensable contar con servicios públicos de calidad accesibles universalmente y asequibles para construir ciudades inclusivas y sustentables. Estos servicios públicos básicos deben ser de propiedad y gestión públicas, porque cuando la dinámica de los mercados y de la maximización de beneficios gobierna el suministro de los servicios públicos, se impide la consecución de los objetivos de sustentabilidad social y medioambiental más generales. Se ponen en peligro los recursos públicos y el bien común, merma la transparencia y el escrutinio democrático de la sociedad y aumentan los costos económicos y sociales para la comunidad. No hay pruebas que avalen que el sector privado es más eficiente que el sector público. Al contrario, cada vez hay más ejemplos que demuestran el fracaso de la privatización, bien a través de la venta de activos, de la subcontratación, de las concesiones o de las asociaciones público-privadas (PPP). Entre las alternativas eficaces a las PPP cabe destacar la remunicipalización, las asociaciones público-público y la cooperación intermunicipal.

Los preparativos de la conferencia de UNCTAD, que tendrá lugar en julio en Nairobi, revelan también una apuesta excesivamente optimista por los mecanismos preferidos por el sector privado, como las Asociaciones Público-Privadas, descritas como “una forma eficaz de financiar la infraestructura”. La Red por la Justicia Fiscal, EURODAD, Alliance Sud y la Third World Network se unen todas a la ISP para reclamar, un compromiso más firme para hacer frente a los flujos financieros ilícitos, la evasión y la elusión fiscal, además de un régimen de comercio internacional más equitativo, más acorde a los intereses de los países en desarrollo.

El aumento de los derechos que tienen los inversores está impidiendo que los países en desarrollo apliquen políticas medioambientales orientadas al futuro, como en la India, donde las limitaciones y los plazos de la propiedad intelectual cada vez mayores hicieron inasequible el desfase de los productos químicos CFC que dañan la capa de ozono y, recientemente, bloquearon las políticas que favorecen la energía solar. La ISP y sus aliadas de la sociedad civil colaborarán para que en la UNCTAD14 no se mine el protagonismo del sector público en la promoción de inversiones significativas, del crecimiento y el desarrollo. Si bien organizaciones internacionales como la OMC, el Banco Mundial y el FMI llevan desde hace mucho favoreciendo de manera entusiasta al sector privado, la UNCTAD ha mantenido una posición única, hasta ahora, un enfoque hacia el comercio más matizado que hace hincapié en el desarrollo. La ISP pretende afirmar el mandato de la UNCTAD a este respecto.

Unidos, ¡defendamos los servicios públicos de calidad para todos!

Más información:

• Coincidiendo con el Día Internacional de la Administración Pública de 2016, tendrá lugar la primera de una serie de acciones online convocadas por la EPSU  contra el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, sus siglas en inglés), el controvertido acuerdo de libre comercio que negocian la Unión Europea y Canadá. Si se aprueba, CETA tendrá consecuencias de gran alcance para los derechos laborales, los servicios públicos y la democracia en su conjunto y sentará un preocupante precedente para futuros acuerdos comerciales, en concreto el TTIP. La EPSU reclama su total rechazo por parte de los políticos europeos.
• La EPSU encabezará una semana de acciones online coordinadas, del 27 de junio al 1 de julio, antes del Consejo Europeo que tiene previsto autorizar la firma del CETA el 5 de julio. La EPSU ha preparado un paquete de materiales de campaña para coordinar las acciones y compartirlo con miembros, colegas y otras redes.
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• Más información sobre el Día internacional de la administración pública