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Turquía: Los trabajadores de la Salud se encargan de prestar servicios humanitarios

21 Enero 2019
Varios representantes de la ISP viajaron a Turquía en septiembre de 2018 para asistir a una audiencia judicial como observadores de solidaridad internacional para 14 trabajadores de la salud que se enfrentan a años de prisión por intentar ofrecer asistencia médica a civiles durante el toque de queda impuesto por las fuerzas armadas turcas en la ciudad mayoritariamente kurda de Cizre.

Los trabajadores, que son miembros del Sindicato de Trabajadores de Salud Pública y Servicios Sociales (SES), afiliada a la ISP, formaron parte de un servicio de ambulancia voluntario que atendía a las personas en sus sótanos durante un toque de queda de 79 días impuesto por el ejército, desde diciembre de 2015 hasta marzo de 2016. Las autoridades los acusan de aliarse con los terroristas por intentar acceder a la zona para salvar vidas.

El toque de queda general, que prohibía todo movimiento por la ciudad, fue uno de los más largos de nuestra época y formó parte de una acción más amplia del gobierno turco contra los combatientes del PKK en la región. Más de 355 000 personas fueron desplazadas y al menos 338 civiles fueron asesinados.

Sadık Çayan Mulamahmutoğlu, uno de los acusados, describió: “Como trabajadores de la salud éramos solicitados por ciudadanos atrapados en los sótanos de Cizre que nos preguntaban si podían beber su propia orina. Sus voces eran transmitidas por la televisión en vivo, pero nadie respondía. Ese fue el momento en el que supimos que teníamos que actuar”. Mulamahmutoğlu y sus compañeros reunieron a un equipo de profesionales de la salud voluntarios y se desplazaron a la región para brindar asistencia médica urgente.

Pese a que informaron a las autoridades pertinentes sobre su misión, los trabajadores fueron detenidos por las fuerzas armadas turcas, que les prohibieron prestar atención médica y ahora se enfrentan al encarcelamiento en virtud de las leyes antiterroristas, acusados ​​de distribuir propaganda y de pertenecer a una organización terrorista ilegal.

Decenas de niños fueron asesinados durante el asedio. Muchos otros civiles fallecieron debido a la falta de servicios médicos. Las organizaciones de derechos humanos han documentado abusos generalizados durante el toque de queda que incluyen presuntas ejecuciones extrajudiciales y ataques a civiles.

El gobierno turco no había accedido previamente a responder a las peticiones de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU de realizar una investigación externa sobre la operación militar en la región. La primera audiencia del caso tuvo lugar a las 9:00 am el 28 de septiembre de 2018, ante el 3º Tribunal Penal de Mardin, una ciudad del sudeste.

Hablando fuera de la audiencia, el responsable de la Salud de la ISP, Baba Aye, afirmó: "El movimiento obrero en todo el mundo respalda a estos valientes trabajadores que se enfrentan al encarcelamiento por hacer su trabajo: ayudar a las personas que lo necesitan". 

El copresidente del SES, Gönül Erden, declaró: “Este caso judicial afecta no solo a nuestros compañeros sino también a nuestros valores profesionales y responsabilidades como agentes de la salud. Se ha cometido un delito en este caso; sin embargo, los delincuentes no son nuestros compañeros, sino aquellos que intentan procesarlos".

Jan Willem-Goudriaan, secretario general de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP), puntualizó: “Las autoridades turcas deben dejar de procesar a los sindicalistas y a los voluntarios que intentan ayudar a los trabajadores y a las personas en las ciudades afectadas por la violencia y en las que los servicios públicos han sido destruidos. Manifestamos a nuestros miembros nuestra paz y solidaridad, y deseamos que sean absueltos de este juicio injusto".

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