Servicios públicos para todos - Día de los derechos humanos de la ONU

La Internacional de Servicios Públicos llora y rinde homenaje a Nelson Mandela, uno de los abogados de derechos humanos más reconocidos del siglo XX, un hombre cuya dedicación inspira a la gente en todo el mundo. La vida de Mandela encarnó la lucha por la libertad, la igualdad y la justicia, ideales fundamentales en materia de derechos humanos. Así se expresó Mandela al respecto: "Soluciones justas y duraderas a los problemas de la humanidad sólo pueden venir a través de la promoción de la democracia en todo el mundo… Negar a las personas sus derechos humanos es desafiar su propia humanidad».

Este año se conmemora el 20° aniversario de la creación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A lo largo de estos veinte años, nuestra comprensión relativa a los desafíos a la hora de implementar los derechos humanos para todos, especialmente en lo que se refiere a la pobreza, el racismo y la migración, ha evolucionado de manera significativa. Al mismo tiempo, el sector privado – así como las instituciones financieras, las multinacionales y otras entidades empresariales – está desempeñando un papel cada vez mayor en el suministro y la mediación de los derechos humanos.

Estamos asistiendo una privatización acelerada de los servicios públicos en todo el mundo. Estamos siendo testigos de cómo las grandes empresas se están apropiando activamente de los bienes comunes y de los intereses públicos. El hecho de situar los intereses corporativos antes que ningún otro tendrá una repercusión importante en las generaciones futuras. Aunque los acuerdos comerciales incluyen unas claras referencias a los derechos humanos, estas cláusulas no se aplican realmente.

La impunidad sigue existiendo en todos los niveles, de manera que aquellos que cometen crímenes contra los derechos humanos eluden la responsabilidad de sus actos. Las violaciones de los derechos humanos incluyen la discriminación por razones de género, edad y orientación sexual, los crímenes de corrupción, evasión fiscal y mala gestión económica, y la negativa a reconocer a los sindicatos y la negociación colectiva.

El derecho a la negociación colectiva está reconocido por el Artículo 23 de la Declaración de los Derechos Humanos; en él se identifica la capacidad de formar sindicatos como un derecho humano fundamental. La PSI está indignada por las acciones de las Naciones Unidas y su Secretario General Ban Ki-moon que ignoran los derechos legales de negociación colectiva de su propio personal.

La Internacional de Servicios Públicos trabaja para poner fin a la impunidad en los casos de violencia en contra de los sindicalistas en todo el mundo, desde Guatemala hasta Corea del Sur. La Secretaria General de la PSI, Rosa Pavanelli, dice: “Hacemos un llamamiento en favor de los derechos sociales y económicos y de la justicia a través de la negociación colectiva y la libertad de asociación, y hacemos un llamamiento para poner fin a la privatización sin sentido de los servicios públicos que alimenta la desigualdad y la corrupción”.

Las ayudas y los subsidios para los trabajadores pobres no resolverá la pobreza – solamente la resolverán los salarios decentes. La mayoría de los países de bajos ingresos carece incluso de un salario mínimo vital. En la mayoría de los países de altos ingresos la crisis económica y las medidas de austeridad complementarias han tenido un impacto significativo sobre las mujeres, los jóvenes y los trabajadores migrantes – muchos de los cuales están cayendo en el empleo precario.

Decimos NO a la austeridad, puesto que constituye un ataque directo contra los derechos humanos, y hacemos un llamamiento a las instituciones financieras internacionales para que reconozcan que la austeridad ha socavado gravemente los derechos humanos. En los últimos cinco años las medidas de austeridad han hecho retroceder varias generaciones de progreso social y han incrementado la desigualdad y la exclusión social.

La PSI insta a sus afiliadas a reclamar fondos para las políticas de igualdad y mayores inversiones en la educación y en los servicios sociales y de salud públicos. Estamos comprometidos en conseguir para todos unos derechos humanos respaldados por unos servicios públicos de calidad.