Salud pública de calidad para todos: es hora de actuar

El 12 de diciembre se señaló por primera vez como el Día de la Cobertura Universal de Salud hace varios años por UHC 2030, un consorcio de varias partes interesadas. Esto siguió a la aprobación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la resolución sobre salud mundial y política exterior (A/RES/67/81) que recomendaba la inclusión de la Cobertura Universal de Salud en los debates de la agenda de desarrollo para después de 2015. Más tarde, en 2015, se incluyó alcanzar la Cobertura Universal de Salud en 2030 como el objetivo 3.8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

«El goce del grado máximo de salud» es un derecho humano fundamental. Pero la mitad de la población mundial no tiene acceso a los servicios de salud básicos y unos 100 millones de personas de todo el mundo son empujadas cada año a vivir por debajo del umbral de pobreza como consecuencia de los gastos de salud cada año. 

La inmensa mayoría de estas personas se encuentra en países con rentas media y baja, siendo las mujeres y los niños los más perjudicados por el deficiente acceso a los servicios de salud. Además, en la década pasada de crisis económica mundial, millones de pobres de países con rentas media y baja no han disfrutado de unos servicios de salud de calidad a consecuencia de las medidas de austeridad, la liberalización de los servicios de salud y la mercantilización de la salud.

La salud para todos no solo es deseable, es posible. Pero requiere decisiones políticas categóricas por parte de los gobiernos que cuestionan el modelo neoliberal de desarrollo dominante. La responsabilidad de acelerar la «transición hacia un acceso universal a unos servicios de salud asequibles y de calidad» para la humanidad recae directamente en los gobiernos como reconocía la resolución A/RES/67/81 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En el tercer cuarto del siglo XX, se produjeron importantes adelantos hacia la consecución de la salud para todos. Esto fundamenta la visión de la Conferencia de Alma-Ata de «Salud para todos en el año 2000», hace cuarenta años. En el centro de esta tendencia para lograr la atención de salud universal estaba la generalización de un sistema público de salud sólido y centrado en las personas. Se quedó a medias por el giro hacia la globalización neoliberal, acompañado de los recortes en la financiación de los servicios sociales y de salud, las privatizaciones y la mercantilización.

En las cuatro últimas décadas, los intereses privados con ánimo de lucro se han expandido en la prestación de la atención de salud . Entre ellos hay corporaciones multinacionales y conglomerados nacionales de la industria farmacéutica, aseguradora médicas, servicios hospitalarios y servicios sociales. Para ellos, la atención social y de salud no es sino otro sector económico; y es uno creciente y lucrativo, se estima que de 5,8 billones de dólares estadounidenses al año.

Para definir y mantener el contexto normativo que protege los intereses de las empresas, se impulsan asociaciones de varias partes interesadas, a menudo fundaciones. Aunque es posible que estas fundaciones no tengan vínculos directos con las entidades lucrativas y, por tanto, se podría decir que formalmente no hay conflicto de intereses en introducir las asociaciones público-privadas en la prestación de servicios de salud y en el proceso de políticas de salud internacionales, son esencialmente mecanismos filantrocapitalistas que socavan la capacidad y la visión necesaria para el compromiso de los estados con la atención de salud pública y universal.

Sin duda todos tenemos que ponernos manos a la obra para asegurarnos de que la salud para todos se convierte en una realidad. Pero no se insistirá lo suficiente en lo fundamental que es la primacía de la prestación pública de la atención de salud universal. Esto a menudo falta o, en el mejor de los casos, se menciona de pasada en el discurso sobre la Cobertura Universal de Salud. Cuando los defensores de la Cobertura Universal de Salud como un proyecto entre varias partes interesadas sostienen que el papel del sector privado evoluciona hacia una CSU dirigida por los gobiernos no está muy claro, y lo que desde luego no plantea dudas es que las empresas buscan la maximización de beneficios.  

En consonancia con el enfoque de la salud basado en los derechos humanos, la movilización de las comunidades y de la sociedad civil para responsabilizar a los gobiernos de la realización del derecho a la salud es sacrosanta. Es fundamental asegurarse de que las corporaciones multinacionales pagan lo que les corresponde en impuestos para garantizar la apropiada movilización de recursos nacionales para la prestación de unos servicios de salud de calidad para todos. La cooperación al desarrollo debe contribuir significativamente a que los países con escasos recursos puedan financiar la salud pública. El empleo y el trabajo decente en el sector de la salud también se deben defender para garantizar la atención de salud de calidad.

Un mejor futuro con salud para todos es la esencia del objetivo 3.8 de los ODS. Hace dos años, la ISP lanzó su campaña mundial por el Derecho a la Salud, convencida de que se conseguirá como una atención de salud  pública universal. La ISP, sus afiliadas y aliados seguirán haciendo campaña en favor de la atención de salud universal, basada en unos sólidos sistemas públicos de salud que ponen, sin ningún género de dudas, a las personas por encima del lucro y, por tanto, se aseguran de que nadie sea excluido.