El 19 de septiembre de 2016 tendrá lugar en Nueva York la Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el abordaje de grandes movimientos de refugiados y migrantes. La cumbre abogará por un Pacto Mundial sobre la responsabilidad compartida en materia de refugiados, que incluye un plan de respuesta global sobre los refugiados y el fortalecimiento de la gobernanza global en materia de migración.
Durante los preparativos de dicha cumbre, la Internacional de Servicios Públicos insta a sus organizaciones afiliadas a:
- Dirigirse a sus respectivos gobiernos para preguntar qué posición adoptará su país y cómo está preparando esta Cumbre de Alto Nivel de la ONU. Preguntar, además, cómo se propone su gobierno promover la participación de los sindicatos y la sociedad civil.
- Apoyar el llamamiento del Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon, a un “Pacto mundial sobre el reparto de las responsabilidades en relación con los refugiados”, que implica que cada país se comprometa a asumir una parte equitativa de responsabilidad en la protección de los refugiados.
Al contactar con sus respectivos gobiernos, les animamos a plantear nuestros principales mensajes:
- Defensa del Enfoque basado en los derechos humanos hacia la migración y los flujos de refugiados. Los Estados tienen la obligación de respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, según lo dispuesto en el marco normativo de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajadores migrantes (C97 y C143) y la Convención de la ONU sobre los refugiados de 1951.
Operativamente, el Enfoque Basado en los Derechos Humanos para abordar la crisis de los refugiados, implica:
- La protección y recepción de los refugiados, ofreciéndoles acceso a servicios públicos de calidad, especialmente el derecho a la atención sanitaria.
- El acceso de los refugiados un empleo digno y a la protección social para su integración sustentable en la sociedad. En la actualidad, la OIT está trabajando en las “Directrices sobre el acceso al mercado de trabajo de refugiados y otras personas desplazadas forzosamente”, que orientarán a los gobiernos e interlocutores sociales para garantizar el acceso a un empleo digno de personas refugiadas y desplazadas.
- Condiciones laborales seguras y dignas del personal que trabaja en las fronteras. En las situaciones de crisis, el personal de los servicios públicos trabaja en primera línea, manejando los movimientos masivos de personas, las catástrofes naturales o las situaciones de conflicto. Estos trabajadores y trabajadoras se encargan de ofrecer la respuesta de emergencia, colaboran en los esfuerzos de reconstrucción, suministran atención sanitaria, cuidados sociales y el resto de servicios básicos. La OIT está estableciendo un instrumento —la revisión de la Recomendación Núm. 71 de la OIT—que dispondrá las medidas para promover el empleo y el trabajo digno en el contexto de la recuperación de desastres y conflictos. El instrumento incluye garantizar la seguridad y las condiciones de trabajo dignas de los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos. Les animamos a instar a su gobierno a que apoye dicho instrumento, que se adoptará en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2017.
- Garantizar que los servicios públicos cuentan con la financiación y el personal adecuados. Esto incluye abordar la falta de trabajadores y trabajadoras sanitarios en todo el mundo y su desigual distribución, bien a través de estrategias de retención efectivas o de su contratación internacional basada en normas y estándares internacionales.
- Además, con el fin de ofrecer acceso a los servicios públicos y velar por la inclusión de todas las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, es importante construir un “cortafuego” entre los servicios públicos y el servicio de control de inmigración. Es frecuente que las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas no puedan acceder a servicios fundamentales, sobre todo los sanitarios, por temor a ser detenidas o deportadas.
- Condenar los acuerdos que permiten a los países “subcontratar” a otros países sus obligaciones en virtud de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. El acuerdo entre la UE y Turquía es un ejemplo claro de ello. La ISP condena este tipo de acuerdo porque son inmorales y violan los derechos humanos y el derecho humanitario; toleran las expulsiones masivas en lugar de respetar el derecho a determinar los casos individualmente y tratan a las personas refugiadas como mercancías, como sucede en el acuerdo “uno por uno” entre la UE y Turquía.
- Combatir el racismo, la xenofobia y todas las formas de intolerancia. Trabajar por la paz, la democracia y la inclusión del respeto de los derechos humanos.
- Abordar las causas originarias: implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030; luchar por la justicia fiscal; comercio equitativo; financiación de los servicios públicos y la protección social, y promoción del trabajo digno y la vida digna para todos y para todas.