Protegiendo el interés público de la privatización y la tercerización predatorias: ¡Llamamiento a la acción!

Los servicios públicos de calidad constituyen los cimientos de las sociedades democráticas y de las economías de éxito. La ciudadanía, las comunidades y las empresas productivas necesitan un acceso equitativo a servicios vitales como la educación, la electricidad, los servicios de emergencia, los servicios medioambientales, la sanidad, el agua potable y el saneamiento, además de una infraestructura asequible y segura que nos permita construir economías sustentables en el siglo XXI.

Los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos mejoran la calidad de vida de nuestro país. Sin ellos, nuestros barrios son menos seguros y las familias tienen menos acceso a servicios vitales en momentos de dificultad económica. El personal de los servicios públicos se encarga de proteger a nuestros hijos e hijas, de pavimentar nuestras carreteras y son los primeros en responder cuando ocurre una catástrofe, por todo ello, constituyen el gobierno del que depende toda la ciudadanía.

 Lee Saunders, Presidente de AFSCME

Desde la crisis financiera mundial de 2008, los gobiernos locales y nacionales se están esforzando por ofrecer servicios públicos de calidad en plena recesión y caída de los ingresos. Con demasiada frecuencia, las autoridades políticas y responsables de la contratación pública se decantan por dudosos planes de privatización y tercerización que desencadenan una espiral descendente. Los ejecutivos de las empresas ejercen influencia política para obtener contratos de los gobiernos que les procuran más beneficios, a pesar de que propician la degradación de los servicios públicos y la sustitución de empleos para la clase media en el sector público, por salarios de pobreza para una mano de obra subcontratada. La privatización y tercerización predatorias socavan la democracia y el desarrollo y exacerban las desigualdades económicas.

Los gobiernos locales y nacionales de todo el planeta continúan aplicando medidas fiscales de austeridad, mientras crecen los déficits en infraestructuras y se agravan las desigualdades económicas. Financieros, compañías de consultoría y abogados especializados en privatizaciones aprovechan la ocasión para persuadir a los gobiernos para atraer al caro capital privado mediante el impulso de la privatización predatoria y abrazando las asociaciones público-privadas (PPP). Estos proyectos ceden a empresas privadas el control operacional, hasta entonces en manos de autoridades democráticamente elegidas. Hurtan a la democracia su función clave de supervisión y despojan a los contribuyentes de la propiedad de los bienes públicos. La experiencia demuestra que estos planes de privatización conllevan inevitablemente un aumento de los precios por unos servicios de peor calidad.

Las organizaciones intergubernamentales y los gobiernos nacionales deben afrontar hoy una lista cada vez mayor de desafíos globales, que van desde la recuperación económica, hasta la desigualdad o el cambio climático. La privatización predatoria perjudica la capacidad de todos de cumplir los desafíos del siglo XXI.

“Debemos volver a la alternativa pública a la privatización, en la que los gobiernos nacionales y locales desarrollan las infraestructuras financiándolas mediante inversiones públicas y recurriendo a organizaciones del sector público para explotar los servicios. Esta alternativa pública aporta una mayor flexibilidad, control y eficiencia comparativa, porque reduce los costos de transacción, la incertidumbre de los contratos y aprovecha las economías de escala, además del beneficio que supone una mayor transparencia democrática”.

Rosa Pavanelli, Secretaria General de la Internacional de Servicios Públicos

Nos reunimos para compartir nuestras experiencias y aprender mutuamente. Para formular estrategias colectivas a escala mundial y nacional y defender a los trabajadores y trabajadoras del sector público de los ataques políticos de quienes más ganan con estos planes de privatización predatoria. Nos comprometemos a colaborar con nuestros aliados y socios de la sociedad civil, para renovar la democracia, defender el interés público y garantizar unos servicios públicos de calidad para toda la ciudadanía.