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por Rosa Pavanelli, Secretaria general de la ISP
La mejor manera de garantizar la salud es mediante servicios públicos que rindan cuentas a las autoridades públicas y se basen en la ética de los servicios públicos y el principio de equidad, independientemente de si el usuario puede pagar. La práctica de subcontratar y privatizar se basa en la creencia de que el sector privado es más eficaz y de que se ahorrarán recursos públicos. En realidad, la privatización resulta cara a medio y largo plazo, antepone los beneficios a otros objetivos y destruye el contrato social y la solidaridad dentro de una sociedad. La cuestión principal ya no es los servicios sanitarios que una sociedad puede permitirse para sus miembros, sino si cada individuo puede costearse la atención sanitaria que necesita. Un número creciente de individuos no puede costearse el acceso a la atención de salud, ya sea por el coste del seguro o de los propios servicios.
En numerosos países, los salarios de los trabajadores sanitarios son totalmente insuficientes en relación con las competencias que aportan al trabajo. Esto aviva la tendencia a migrar a países en los que los salarios del personal sanitario son más elevados. Sin embargo, la migración de los trabajadores sanitarios ejerce una presión a la baja en los salarios del sector sanitario de los países de acogida.
La salud y la seguridad en el trabajo del personal sanitario se protegen y promueven de forma desigual; se deben ratificar las normas internacionales más ampliamente, aplicar las normas nacionales e incluir las prácticas específicas de protección en los instrumentos de negociación colectiva a nivel de empresa o sector. Estos esfuerzos deben realizarse en contra de la tendencia general opuesta de reducir la salud y la seguridad en el trabajo como medida de ahorro. La escasez de personal, la mezcla de competencias no adecuadas en los puntos de prestación de servicios de salud y los equipos con poca práctica son situaciones cada vez más comunes debido a las reducciones del gasto público y/o las campañas a favor de la eficacia del sector privado. La escasez, los recortes y la eficacia llevan a tiempos de espera más largos para los pacientes y a entornos de trabajo estresantes para los trabajadores sanitarios.
Se pronostica que la economía mundial creará unos 40 millones de puestos de trabajo en el sector de la salud de aquí a 2030, la mayoría de ellos en países de renta media y alta. A pesar del crecimiento previsto de empleos se anticipa una escasez de 18 millones de profesionales sanitarios para alcanzar y mantener los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente en los países de renta baja y media. La demanda mundial en aumento y la necesidad de trabajadores de la salud durante los próximos 15 años plantean desafíos significativos. Lo que es más importante, esta situación también ofrece la oportunidad de generar empleo, en áreas en las que el trabajo decente es más necesario. La ISP representa a los sindicatos y a los trabajadores y trabajadoras sanitarios y de los servicios públicos en la Comisión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Empleo en el Ámbito de la Salud y Crecimiento Económico (ComHEEG, por sus siglas en inglés). La ISP y sus afiliadas contribuyeron a la labor de la Comisión haciendo hincapié en el derecho humano a la salud, la importancia de contar con sistemas de salud pública con una financiación y una dotación de personal adecuadas y condiciones de trabajo dignas para el personal sanitario. El informe de la Comisión, su seguimiento y el programa de acción de cinco años brindan a la ISP la oportunidad de continuar influyendo en las políticas mundiales en materia de salud y colaborar estrechamente con las organizaciones internacionales pertinentes, así como con afiliadas de todo el mundo que se sumen a la campaña mundial a favor del derecho humano a la salud.
“Habida cuenta de las exigencias para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible relativo a la cobertura sanitaria universal, el trabajo en el sector de la salud implicará transformaciones importantes, como el aumento significativo del número de profesionales sanitarios. Los gobiernos tienen la responsabilidad primordial de velar por la educación y el empleo en el sector de la salud y son responsables, en última instancia, de garantizar el derecho humano a la salud a través del acceso universal a la atención sanitaria, basándose en la disponibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y cualidad. Cada vez hay un mayor reconocimiento de la necesidad de restructurar el sistema tributario internacional para recaudar cantidades enormes de ingresos públicos que se eluden y evaden de forma sistemática. La aplicación de las reformas fiscales mundiales podría aportar ganancias significativas para los presupuestos gubernamentales. La salud debería ser una de las máximas prioridades en el gasto de estos ingresos públicos, dado el beneficio que conlleva invertir en la salud y los rendimientos conexos para la economía, la productividad y el empleo”.
“Por desgracia, las epidemias recientes por los virus del Ébola y de Zika son ejemplos de las lecciones que no estamos aprendiendo en el plano mundial. Se trata de la necesidad de contar con un número adecuado de trabajadores sanitarios bien formados con los recursos apropiados. Se trata de la necesidad de reglamentación y, lo que es más importante, de la rendición de cuentas en cuanto a estas reglas y su cumplimiento dentro de los sistemas de salud, de la necesidad de un enfoque gubernamental/social integral tanto en las situaciones de prevención como en las de intervención y de la necesidad de servicios resistentes y coordinados en los niveles de servicio primario, intensivo y posterior a cuidados intensivos”.
Todos los retos descritos anteriormente se dieron al mismo tiempo en el brote de la enfermedad por el virus del Ébola (EVE), que se propagó descontroladamente en Guinea, Liberia y Sierra Leona, revelando las debilidades estructurales y sistémicas de los sistemas de salud de estos países, provocadas por décadas de falta de inversión en los sistemas de salud pública. Las condiciones de trabajo deplorables, la falta de salud y seguridad en el trabajo para el personal sanitario y la negativa de los gobiernos a reconocer los sindicatos del personal sanitario y a escuchar las solicitudes de ayuda desde el terreno dieron lugar a los famosos resultados catastróficos y a una posible calamidad mundial.
En respuesta a ello, la ISP y sus afiliadas lanzaron la Respuesta sindical de la ISP a la enfermedad por el virus del Ébola. La ISP ejerce presión activamente sobre los gobiernos nacionales, la OIT y la OMS y colabora con los trabajadores y trabajadoras de la salud y servicios afines de nuestros sindicatos para reconstruir los sistemas de salud y que estos puedan hacer frente a brotes futuros en el contexto del acceso universal a la asistencia médica esencial. En este informe compartimos algunas de las conclusiones y resultados de nuestro trabajo.
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