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Las desigualdades en el sistema de salud de Africa del Sur se están agravando hasta adquirir proporciones de crisis. Acaba de aparecer la 20ª edición de la publicación South African Health Review, que periódicamente analiza la situación sanitaria sudafricana, y presenta una alarmante imagen del futuro, si no se abordan de inmediato los problemas de falta de financiación, la carencia grave de personal y las lagunas políticas/legislativas, con la seriedad que se merecen.
El sistema de salud pública que sirve a la inmensa mayoría de la población sudafricana lleva años con una crónica falta de financiación y de personal. Los sindicatos representantes de enfermeras, Democratic Nurses Organisation of South Africa (DENOSA), del personal de hospital, Hospital Personnel Association of South Africa (HOSPERSA), y sanitario, National Education Health and Allied Workers’ Union (NEHAWU), no dejan de reclamar un aumento en los fondos y la dotación de personal. Lamentablemente, la respuesta del Gobierno sigue sin estar a la altura.
A principios de año, el Ministro de Sanidad, Aaron Motsoaledi, negó que el Gobierno haya congelado la contratación y promoción profesionales de la salud, pero en el capítulo de la Health Review dedicado al “Gasto sanitario en momentos de bajo crecimiento económico y restricción fiscal”, los expertos, --entre ellos responsables de la Tesorería de África del Sur-- confirman que, desde 2012/2013, la estrategia de reducción de costos del Gobierno en el sector de la sanidad incluye “restricciones en la ocupación de vacantes”, “reducción de la inversión en infraestructuras” y retraso en el mantenimiento.
Quienes pagan esta lamentable estrategia de austeridad es la clase trabajadora más pobre, sobre todo la población negra (y, entre ella, sobre todo las mujeres), exacerbando aún más las desigualdades de clase, raciales y de género. El 16 % más adinerado de la población recurre al sistema sanitario privado, donde le aseguran una atención de primera clase. Allí trabaja la mitad de las 270.437 enfermeras que hay en el país, porque les ofrecen mejores condiciones laborales que en el sector público.
La práctica totalidad de la población blanca utiliza el sistema de salud privado, mientras el 95 % de los no blancos depende de la atención pública, que adolece de fondos suficientes. Esta es una razón de peso para que el Gobierno ponga al pueblo por encima del lucro y promueva el sistema de salud pública que está entrando en crisis.
Simphiwe Gada, Presidenta de DENOSA en la provincia de Gauteng, pone en perspectiva esta carencia de personal y de financiación, cuando afirma: “La falta de personal en Baragwanath compromete gravemente la calidad de la atención que reciben los pacientes en sus instalaciones”. 1,300 recién nacidos fallecieron en los últimos tres años en el hospital Chris Baragwanath, el tercero mayor del mundo.
Las enfermeras y otros profesionales de la salud tienen que apañárselas con la inseguridad e ineficiencia que supone la carencia de personal y, por otro lado, con la creciente insuficiencia de personal de apoyo, que les obliga a prolongar sus jornadas laborales haciendo también tareas de oficina, limpieza y conserjería!
El Gobierno ha ordenado reducir o congelar el gasto en salud per cápita a lo largo de los últimos cinco años. Según todas las estadísticas disponibles, de aquí a 2019 habrá una reducción adicional de entre el 1.3 % al 2.2 %, comparado con el gasto en 2015. El Gobierno justifica la reducción de los recursos en sanidad por insostenibilidad de la crisis económica mundial.
A principios de año, Oxfam Sudáfrica revelaba que “la riqueza de tres milmillonarios sudafricanos es igual a la de la mitad de la población más pobre del país". Esto aparecía apenas un mes después de que la Asamblea General de las Naciones Unidas recibiera el informe y las recomendaciones del Comisión de la ONU sobre el Empleo en el Ámbito de la Salud y el Crecimiento Económico (UN ComHEEG). El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, era copresidente de dicha Comisión, (junto con Francois Hollande, a la sazón Presidente de Francia).
Las recomendaciones de la ComHEEG sirvieron de base para el plan de acción quinquenal Working for Health: Five-year Action Plan for Health Employment and Inclusive Economic Growth, que fue adoptado en la 70ª Asamblea Mundial de la Salud, en mayo. Para acelerar el avance hacia la cobertura sanitaria universal y alcanzar los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible, este plan quinquenal reclama un acceso equitativo a trabajadores de la salud, en el marco de los sistemas de salud reforzados, mediante la inversión pública en la expansión y transformación del personal de salud y trabajo social.
El Gobierno sudafricano tiene la obligación de encabezar la aplicación de las recomendaciones de la ComHEEG, dado el papel central que ha desempeñado en su formulación. La reducción de las inversiones, de los niveles de dotación y otras medidas de austeridad son contrarias al espíritu del plan quinquenal y sólo llevarán a una crisis sanitaria que sufrirá la población más pobre de Sudáfrica, y agravará las desigualdades sociales en el país.
Por todo ello, la Internacional de Servicios Públicos se une a sus afiliadas del sector de la salud en Sudáfrica para reclamar al Gobierno que adopte de manera urgente las medidas fundamentales para impulsar el sistema de salud pública, en especial: aumentar la financiación, ocupar todas las vacantes existentes y ampliar la fuerza laboral del sistema de salud.