Organizaciones brasileñas luchan contra la privatización de los presidios

Puede ser votado aún este año por el Senado brasileño el Proyecto de Ley del Senado 513 (PLS 513/2011), que establece reglas generales para la institución de asociaciones público-privadas para la construcción y gestión de establecimientos penitenciarios. Según organizaciones de Brasil, la ley, si aprobada, puede abrir paso a la privatización del sistema.

El proyecto de ley tramitaba en la Comisión Especial de Desarrollo Nacional del Senado (CEDN) en carácter “terminativo”, es decir, en decisión final, sin la necesidad de ir para votación en el pleno. Pero un pedido del senador Paulo Paim para que el PSL fuera debatido también en otras comisiones y no tramitara en régimen de urgencia fue aprobado, alargando el período de tramitación y dando más tiempo para las acciones de los opositores del proyecto.

El 8 de marzo, organizaciones como la ISP, Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, Pastoral Carcerária Nacional, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Associação Juízes para a Democracia y Sindicato dos Agentes Penitenciários Federais, entre otras, lanzaron una nota de apoyo al pedido del senador Paim, contribuyendo para su aprobación en la CEDN, el 9 de marzo.

Ahora, el PSL será evaluado también por las Comisiones de Derechos Humanos y Legislación Participativa (CDH), de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ), y de Asuntos Sociales (CAS). Solamente entonces volverá a la CEDN.

De acuerdo con el Ministerio de la Justicia brasileño, el Brasil tiene hoy más de 600 mil encarcelados, detrás solamente de Estados Unidos, China y Rusia. En 20 años, ese número creció un 380%. Según la nota de las organizaciones, la propuesta es “notoriamente inconstitucional y viola el principio del monopolio estatal del uso de la fuerza” y “fortalece las condiciones para el encarcelamiento en masa, ya que grupos económicos pasan a beneficiarse de más y mayores penas, e influencian directamente la formulación de la política criminal y penitenciaria”. Además, las entidades alertan que la privatización del sistema carcelario precariza aún más las relaciones laborales, “con la substitución de funcionarios públicos por profesionales mal pagados, con poco entrenamiento y alta rotación laboral”.

El PSL 513/2011 integra la llamada “Agenda Brasil”, grupo de propuestas hechas por el presidente del Senado Renan Calheiros como salida para las crisis política y económica en Brasil. Sin embargo, la izquierda brasileña la rechaza por amenazar varios derechos laborales y sociales.

En audiencia realizada el 7 de marzo en la Comisión de Derechos Humanos y Legislación Participativa del Senado, representantes de movimientos sociales, agentes penitenciarios y de la sociedad civil dijeron “no” al proyecto y pidieron que sea archivada o que deje de integrar la Agenda Brasil y sea debatida más ampliamente.