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Nuevos ataques contra el derecho a la salud en Brasil

30 Marzo 2017
Ambulancias del SAMU en Brasil
En una reunión del Comité de Salud de la Cámara Municipal de São Paulo celebrada a finales de febrero, los trabajadores del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) criticaron al alcalde, João Doria (PSDB), por su plan para transferir la atención médica a “organizaciones sociales” privadas.

Las estaciones del SAMU que están diseminadas por toda la ciudad serán cerradas y el personal será trasladado a las Unidades Básicas de Salud (UBS), a las Unidades de Pronta Atención (UPA) y a otras instalaciones municipales.

Éste es, en efecto, un paso adelante en el objetivo del estado de privatizar este servicio público que ha servido de línea de ayuda para atender la salud de millones de personas de la mega-ciudad. Alentado por la escandalosa legislación nacional aprobada en diciembre para poner un tope a la financiación pública de los servicios de educación y salud, el alcalde de São Paulo, João Doria, ha defendido con tenacidad la consecución de su objetivo de privatizar el SAMU, así como de cerrar las farmacias del Sistema Único de Salud (SUS).

La reunión del Comité de Salud brindó a los trabajadores y a los miembros de las comunidades la oportunidad de expresar su descontento por estos nuevos ataques contra el derecho a la salud. Sin embargo, el secretario de salud, Wilson Pollara, que iba a representar al gobierno de São Paulo en la reunión, optó por no asistir, al verse incapaz de justificar las indefendibles razones de las medidas adoptadas.

Una trabajadora del servicio de la salud, Gláucia Fernandes dos Santos, dijo que Doria afirma que la “reforma” duplicará el número de vehículos disponibles. “Dice que el servicio mejorará, lo cual no es cierto. Solo mejorará cuando disminuya la carga de trabajo en los hospitales y los servicios de emergencia. Si esto no sucede, ¿quién va a recibir y a cuidar a las personas transportadas por el SAMU?”, preguntó.

Gláucia dijo que la propuesta desmoraliza a los equipos que ya están sometidos a un gran estrés en su trabajo debido a que los recursos e infraestructuras son deficientes. “El gobierno federal dijo que proporcionaría recursos, pero nunca llegaron. ¿Qué está sucediendo?”, preguntó.

Eduardo Suplicy (Partido de los Trabajadores – PT) está en contra de que se transfiera la gestión del SAMU a las organizaciones sociales y está instando a la gente a firmar la petición: “Di No a la Privatización y a los Cambios en el SAMU en São Paulo”.

Además de los trabajadores del SAMU, la reunión también contó con la presencia de miembros de los movimientos sociales, miembros del Consejo Municipal de Salud, otros empleados del sector de la salud y dirigentes sindicales que querían pedir cuentas a Wilson Pollara y estuvieron decepcionados por su ausencia.

La secretaria adjunta, Maria da Glória Zenha Wieliczka, que vino en su lugar, no respondió a ninguna de las preguntas que se le hicieron. Utilizó la estratagema de presentar un extenso informe financiero de los últimos cuatro meses e ignorar la larga lista de críticas y preguntas presentadas por las personas que habían expresado su voluntad de intervenir. Al final, dedicó tan solo diez minutos a abordar algunas de las preguntas candentes planteadas. Después de que muchos de los presentes insistieran en que se celebrara una nueva reunión, ésta fue programada para el 10 de marzo.

La secretaria adjunta respondió a las preguntas relativas a los polémicos programas llevados a cabo bajo la administración de João Doria (PSDB), entre ellos el cierre de las farmacias en las UBS; la “colaboración” con los laboratorios farmacéuticos para la “donación” de los medicamentos que están a punto de alcanzar su fecha de caducidad a cambio de beneficios fiscales; los problemas para obtener una cita médica en el marco del programa Corujão; y la externalización del SAMU.

Con el apoyo de los presentes en la reunión, las concejalas Juliana Cardoso (PT) y Samia Bonfim (PSOL) reiteraron la necesidad de que se convoquen audiencias públicas para discutir la propuesta de que las farmacias comerciales distribuyan medicamentos y la colaboración para la denominada donación de medicinas. El Comité de Salud rechazó una solicitud oficial presentada por Juliana anteriormente en el mes de febrero.

La situación en Brasil, con respecto a los derechos fundamentales, y en particular con respecto al derecho a la salud, es actualmente bastante grave. Pero las afiladas brasileñas de la ISP no se sienten acobardadas. Respaldaremos a las masas populares y haremos todo lo posible para ejercer nuestro liderazgo con el fin de reivindicar el acceso a la salud pública de calidad.

Este artículo es un extracto del boletín “Derecho a la Salud – número 01/2017”. Suscríbase al boletín informativo el “Derecho a la Salud”.

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