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Los refugiados no son mercancías comerciales: Trabajemos juntos por la paz y las sociedades inclusivas

21 Julio 2016
Sandra Vermuyten, Responsable de Campañas de la ISP, intervino en nombre de la ISP y del Grupo de los Trabajadores y Sindicalistas en la Audiencia Interactiva Oficiosa Multilateral de apoyo al proceso preparatorio de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los refugiados y los migrantes, el 19 de septiembre de 2016.

Pueden ver el video con la intervención de la ISP (en el 1:00:00), descargarla en PDF o leerla online.

 

Para más información:

 

Diálogo interactivo, 18 de julio — Panel 1 — Sandra Vermuyten, Internacional de Servicios Públicos

¿Cómo podemos combatir la xenofobia y la discriminación y construir un relato sólido que reconozca la positiva contribución de los migrantes al crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible?

Los migrantes y refugiados contribuyen positivamente a la sociedad, tanto en sus regiones de origen como de destino. Sin embargo, advertimos contra el uso de la migración como herramienta de desarrollo, ya que puede perjudicar la necesidad fundamental de ofrecer trabajos dignos en los países de origen. La contribución positiva de los trabajadores migrantes y refugiados se materializa cuando son capaces de ejercer sus derechos humanos y laborales y no quedan atrapados en condiciones de empleo precarias y de explotación.

Los sindicatos organizan y representan a los trabajadores migrantes. Promovemos la inclusión y la no discriminación y colaboramos con las comunidades en la recepción de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, promoviendo su inclusión y luchando contra el racismo, la xenofobia y todas las formas de intolerancia.

Para redefinir el relato sobre la migración y los refugiados en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030, las palabras claves son: causas originarias. Abordar las causas que originan los grandes movimientos de migrantes y refugiados implica convertir la movilidad en una opción, no en una necesidad. Esta es la clave para la colaboración entre todos a fin de alcanzar la agenda 2030.

Paralelamente a nuestro compromiso con la protección de los derechos humanos de los migrantes y refugiados, debemos esforzarnos por crear las condiciones que permitan ejercer el derecho a no migrar. Luchar contra la pobreza, reducir las desigualdades, acabar con el hambre, garantizar el derecho a la salud, la educación, la igualdad de género, promover el desarrollo y el crecimiento económico inclusivo sostenible, proteger el medio ambiente, promover la democracia y el derecho humano a la paz: todos son elementos esenciales en la tarea de abordar las causas que originan la migración y los desplazamientos y combatir la discriminación y la xenofobia.

¿Cómo podemos animar a los líderes nacionales e internacionales (políticos, sociales, económicos y religiosos) y a los medios de comunicación para que promuevan un relato más positivo sobre la migración y los refugiados?

La crisis de la migración y los refugiados está llevando a situaciones críticas debido a la falta de inversiones en servicios públicos, que ya llevan décadas de privatización y falta de financiación.

Esta falta de financiación es también clave a la hora de acoger a los refugiados. Mujeres y niños son las primeras víctimas de la violencia en zonas de conflicto y, con frecuencia, continúan en peligro cuando acaban en campamentos sin protección, sin ley y donde la explotación es moneda común. Las mujeres migrantes están expuestas al tráfico de personas, con frecuencia carecen de acceso a un empleo decente y a protección social y sufren una profunda discriminación, que les deja cicatrices físicas y psicológicas que pueden tener repercusiones durante generaciones.

En todo el mundo, las políticas populistas están enarbolando la bandera del racismo y la xenofobia para esconder el hecho de que representan los intereses de unos pocos, no de la mayoría. Las políticas de austeridad, los acuerdos fiscales secretos, la corrupción y la desregulación del mercado laboral apoyan un modelo económico que persigue cada vez más beneficios para una minoría minúscula.

Combatir el racismo implica poner en tela de juicio a gobiernos y apoyar organizaciones que son la voz de los marginados. Invertir en educación y políticas inclusivas constituyen elementos clave para luchar contra los prejuicios y el racismo. El movimiento sindical aboga por leyes proactivas en materia salarial y de empleo, especialmente a través de la negociación colectiva, que eliminen la discriminación laboral sistemática que padecen los pueblos indígenas, las mujeres, las personas con discapacidades, LGBTI, jóvenes, migrantes y refugiados.

En cuanto al seguimiento del Panel de Alto Nivel, reclamamos la participación de la OIT, que ofrece su competencia y su estructura tripartita, formada por gobiernos, empleadores y trabajadores, para abordar de manera global la cuestión de la migración laboral y ofrecer directrices para promover el acceso de los refugiados y personas desplazadas forzosamente a un empleo digno y la protección social.

En nuestros sindicatos, luchar contra el racismo implica adoptar un plan de acción antirracista que incluya cambios en la representación, y apueste por la inclusividad e integración de cuestiones e ideas. De esta manera, los sindicatos crean y contribuyen a una sociedad en la que se elimine auténticamente el racismo.

¿Cómo pueden las ONG y la sociedad civil, incluidos el sector privado y académico, contribuir a una campaña mundial para contrarrestar la xenofobia, de conformidad con la propuesta del Secretario General en su informe para la cumbre del 19 de septiembre?

En primer lugar, deben continuar insistiendo en políticas de migración basadas en los derechos humanos y oponiéndose a acuerdos como el suscrito entre la UE y Turquía. Pensamos que los dirigentes y gobiernos de la UE están alimentando un proceso político que resulta inaceptable, vergonzoso y contribuye a la división, al aumento del racismo y la discriminación entre grandes grupos de población.

En segundo lugar, garantizando que se erige en prioridad el empleo decente, la protección social, el derecho humano a la educación, la formación y el reconocimiento de las competencias de los trabajadores migrantes y refugiados.

Paralelamente al derecho a la educación, el derecho a la sanidad es un derecho humano fundamental que todos grandes movimientos de migrantes y refugiados deben tener garantizado. Para conseguirlo es necesario un esfuerzo e inversión colectivos, para fortalecer la prestación de servicios de sanidad pública en las comunidades de primera línea, como las ciudades y municipios que reciben grandes flujos de migrantes y refugiados.

En el marco de la Comisión de Alto Nivel sobre Empleo en el Ámbito de la Salud y Crecimiento Económico, la ISP apoya el desarrollo de estrategias internacionales para el despliegue, protección y condiciones de trabajo dignas del personal sanitario encargado de situaciones humanitarias y emergencias públicas, tanto situaciones agudas como prolongadas.

Finalmente, continuamos abogando por la presencia de representantes sindicales allí donde las empresas estén representadas. Una representación paritaria de los sindicatos y las empresas, tanto dentro como fuera de la ONU, garantiza que las políticas son inclusivas y no canalizadas por los intereses corporativos. Los refugiados no son mercancías comerciales.

Trabajemos unidos por la paz y las sociedades inclusiva

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