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Las ETN toman préstamos de instituciones financieras internacionales, supuestamente con fines de desarrollo. No obstante, la realidad es diferente. Adquieren organizaciones filantrópicas y de servicios públicos y proclaman su compromiso con la innovación tecnológica, la creación de empleo y la mejora del acceso y de la calidad de los servicios. Sin embargo, no logran cumplir estas promesas y evitan dialogar con los sindicatos.
Para optar a préstamos clasificados como “inversiones para el desarrollo”, estas empresas deben cumplir con la legislación laboral y participar en negociaciones colectivas con los sindicatos. No obstante, existe una falta de responsabilidad debido a que las autoridades nacionales y las instituciones financieras internacionales no supervisan el cumplimiento de estas obligaciones.
La situación se ha vuelto más problemática debido al golpe parlamentario, legal y mediático que recientemente marcó el inicio de una nueva era de promoción neoliberal de la inversión extranjera privada y de las reformas laborales que recortan los derechos de los trabajadores y crean dudas e incertidumbres. El resultado ha sido una corriente de disputas legales en torno a la legislación laboral, sobre todo en el sector de la salud, respecto a temas como la duración de la jornada laboral –que se incrementó a un máximo de 12 horas con 36 de descanso– (para la que no queda claro si los convenios colectivos se aplican o no), reducciones masivas en los niveles de personal, despidos injustos por razones insignificantes, incumplimiento de pago de primas por trabajos peligrosos (como lo exige la legislación brasileña sobre el sector de la salud), etc.
En este contexto, la formación, las campañas sindicales y la acción de los trabajadores resultan esenciales para ejercer presión sobre las empresas y aumentar la conciencia pública con respecto a la amenaza que representan los proyectos financiados con estos préstamos y su repercusión en el trabajo, la sociedad y el medio ambiente.
Con el fin de progresar en esta lucha, supervisamos la información y recurrimos a nuevos socios especializados, como el Centro de Monitoramento de Empresas e Direitos Humanos y el Proyecto Internacional de Responsabilidad (IAP, por sus siglas en inglés) para que nos ayuden a analizar estos préstamos y utilizar la negociación colectiva o las quejas a organizaciones internacionales (OIT, Corte Interamericana, OCDE, BID, IFT) para fomentar préstamos más apropiados.
La salud no puede ser considerada como una mera mercancía para ser explotada. La salud es un bien público y no un producto. ¡Sigamos con la lucha!